Agenda Rivara, cuando Franco destapó las cuentas en Suiza de 369 españoles

El 9 de marzo de 1959 el Boletín Oficial del Estado publicó que «haciendo público el resumen general, referido al día de hoy, de las actuaciones del Juzgado Especial de Delitos Monetarios con motivo de la documentación intervenida al súbdito suizo D. George Laurenz Rivara, como representante de la Société de la Banque Suisse». El tema no era baladí. Se habían depositado en el extranjero una suma de 70.000 millones de pesetas, según los expertos de la época, en cuentas cifradas de la banca suiza, de forma masiva y sin precedentes. La noticia traspasó fronteras. Así, el 10 de marzo de 1959 el periódico New York Times publicaba la siguiente información:

El Gobierno español ha tomado medidas enérgicas contra 369 ciudadanos españoles declarados culpables de haber mantenido depósitos no autorizados en bancos suizos.

Hoy se anunciaron aquí multas de casi 117 millones de pesetas (unos 2.786.000$), más la incautación de moneda extranjera y otros activos por un total de 1.198.715$ en moneda estadounidense, 8.000 en liras esterlinas (22.400 $) y 5.506.213 en francos suizos. 

Los ingresos totales que se acumularán en el Tesoro español tras 10 semanas de investigaciones se estiman en más de 5 millones de dólares. Quienes hayan sido multados pueden apelar, pero solo después de haber depositado la totalidad de las multas y confiscaciones ante el Gobierno.

Ninguna de las 369 personas citadas forma parte de círculos gubernamentales, militares o clericales. Muchos, sin embargo, son bien conocidos socialmente o destacan en la vida empresarial y profesional aquí o en Barcelona, Bilbao San Sebastián y otras ciudades.

La acción del Gobierno se deriva de la detención en diciembre de George Laurenz Rivara, agente de la Société de la Banque Suisse, a quien las autoridades fiscales españolas habían estado vigilando.

La detención de Rivara provocó la incautación de una lista de personas, tanto españolas como extranjeras, con depósitos bancarios en Suiza, ninguna con nombres específicos, pero con números.

No constituye delito en la legislación española tener divisas u objetos de valor depositados en el extranjero. Sin embargo, es un delito que los ciudadanos españoles no registren dichas participaciones ante las autoridades fiscales aquí.

El arresto de Rivara se convirtió en una sensación de la noche a la mañana y en un tema principal de conversación en toda España. Sin embargo, debido a la leve censura impuesta por Gabriel Arias Salgado, ministro de Información, se difundieron en el exterior rumores de que se trataba de importes entre $ 280 millones y $ mil millones.

El Gobierno español, por razones aún no explicadas, nunca ha emitido un comunicado completo detallando los importes involucrados en el caso, aunque los ministros del gabinete se quejaron en privado contra la campaña de difamación que insisten en que la prensa mundial está llevando a cabo contra su país.

Hoy, una fuente gubernamental del más alto rango dijo que el total rondaba los 300 millones de pesetas, es decir, unos 6 millones de dólares.

La multa más grande ha sido la peseta equivalente a $520.000 impuesta contra Carlos Sobrino Álvarez, un comerciante de carbón de Madrid, a quien también se le ordenó remitir $516.057 en dólares de bancos extranjeros.

Otros que recibieron fuertes multas fueron Anselmo Bangel López Martín de Madrid, 00.000; Antonio Sabates Vila de Madrid, $70.000, y Constantino Villar Soria de Madrid, $60.000. La mayoría de las multas oscilaron entre .000 y 0.000.

Los 369 españoles que fueron declarados culpables fueron incluidos en una lista de 872 nombres que se publica hoy en el boletín oficial del gobierno. La publicación de la lista a mano ha sido solicitada durante semanas por grupos y periódicos falangistas como un golpe político a los enemigos capitalistas del régimen.

Aparte de las 369 personas multadas, los nombres se dividieron en cinco categorías. En la primera categoría se encontraban 149 extranjeros residentes en España, incluidos 3 ciudadanos estadounidenses que tienen depósitos bancarios en Suiza pero no han violado ninguna ley y contra los cuales el Gobierno español no ha presentado cargos.

Los tres ciudadanos estadounidenses son George F. Train, un hombre de negocios muy respetado aquí y ex jefe de la misión de ayuda económica de Estados Unidos a España: la señorita Edith Breedon Bulson, durante muchos años empleada de la embajada de Estados Unidos, y la señora Emily Nunn Weldon. Sorprende que los gobiernos españoles hayan incluido en la lista a los extranjeros, cuyo derecho a depositar su dinero en el exterior no está cuestionado por la legislación española.

Las otras cuatro categorías de nombres incluían a ciudadanos españoles que se encuentran ausentes o cuyos casos aún están siendo investigados o que se constató que cumplieron con las formalidades legales y por lo tanto fueron exonerados.

De las 369 «ciudadanos españoles declarados culpables de haber mantenido depósitos no autorizados en bancos suizos», el reparto por ciudades se estructura así: Barcelona, Madrid, Bilbao, San Sebastián, Valencia, Castellón, Valladolid y Pamplona. De ellos 231 pertenecen a ciudadanos de Barcelona. Esto supone que el 62% del listado pertenece a catalanes. De Madrid, Bilbao y San Sebastián hay 91 nombres, lo que equivale al 36%. Y un 2% a Valencia –con 3 nombres–, Castellón –con 1–, Valladolid –con 1– y Pamplona –con 1–.

¿Por qué salió a la luz este documento que fue conocido a nivel mundial?

En aquellos días España estaba sufriendo una crisis económica. Paralelamente, el 17 de mayo de 1958 se promulgó La ley Fundamental de Principios del Movimiento Nacional. Con ella Franco dio un paso adelante en la estructura política del país, dejando atrás la doctrina falangista. Durante los ocho primeros meses del 1958 ascendió a más de 200 millones de dólares el déficit del comercio exterior. Los precios siguieron subiendo y se redujeron las ventas y las transacciones.

Se puso de manifiesto el malestar de los industriales de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, afectados por la crisis que sufrieron las industrias ligeras, sobre todo el textil. Los círculos bancarios estaban preocupados por ciertos proyectos gubernamentales que afectarían sus privilegios. En particular un tema relacionado con la expansión agrícola vinculada a la orientación de créditos.

La publicación y multas impuestas estaban destinadas a intimidar a aquellos que estaban alrededor del poder. Una manera de controlarlos y reducir su poder. También podría verse en ese plan la mano de Juan Antonio Suanzes Fernández –fundador y director del Instituto Nacional de Industria desde 1941 a 1961– al considerar que la política ortodoxa y austera seguida por los ministros del Opus Dei Francisco Ullastres Calvo y Mariano Navarro Rubio habían fallado. Eran evidentes las relaciones vinculares entre el Banco Pastor y el Opus Dei, en el que los empresarios tenían la mayoría de las acciones. También debemos referirnos a las actividades del Banco de Crédito de Andorra. Formaba parte de esta institución, como consejero de administración en materia de operaciones exteriores, el ministro Francisco Ullastre. El Plan de Estabilización Económica llevado a cabo por los ministros del Opus Dei, cuyo objetivo era la estabilización y liberalización de la economía española, se alejaba del pensamiento de Juan Antonio Suanzes y los planes marcados por el INI. Por eso se actuó haciendo pública la Agenda Rivara. Fue un golpe de efecto. Sin embargo, no sirvieron de nada a nivel general. ¿Por qué? El Plan de Estabilización Económica rompió con la política autárquica y posibilitó el inicio de una época de crecimiento económico durante la década de los sesenta del siglo pasado.

De los 231 nombres que forman el listado de personalidades catalanas, sólo hemos encontrado referencias de 114. Del resto desconocemos cualquier dato. Sólo hay un nombre repetido. Este es Moisés David Tannembau, colaborador de Florencio Pujol –padre del ex presidente de la Generalitat de Cataluña–. Y lo está no por un error de imprenta, sino porque fue multado dos veces. Multas de 6.500 y 1.000 pesetas respectivamente. El 80% de los nombres encontrados forman parte de la burguesía catalana vinculada al sector textil, siderúrgico e industrial. La banca está representada por las familias Garriga-Nogués y Mas-Sardá. De todos ellos 5 forman parte de la nobleza. Son las familias Oriola-Cortada, Sentmenat, Rocamora, Desvalls y Garriga-Nogués. Políticamente hablando hay un representante del Ayuntamiento de Barcelona y otro de la Diputación de Barcelona.

Leemos en la nota del New York Times que «la multa más grande ha sido la peseta equivalente a $520.000 impuesta contra Carlos Sobrino Álvarez, un comerciante de carbón de Madrid, a quien también se le ordenó remitir $516.057 en dólares de bancos extranjeros». Tuvo que pagar una multa de 26.000.000 de pesetas. Carlos Sobrino Álvarez no sólo era un comerciante de carbón. Dirigió el Servicio de Información y Policía Militar (SIPM), el servicio de espionaje franquista en Francia. Los industriales catalanes no se quedaron atrás. La multa más alta fue para Joaquín Gorina con una multa de 8.500.000 de pesetas y un comiso de 8.000.000 de pesetas. Le siguieron Jaime de Semir con una multa de 3.000.000 de pesetas y un comiso de 325.000 francos suizos; Félix Gasull con una multa de 2.000.000 de pesetas y un comiso de 363.811,10 francos suizos; José Vidal con una multa de 1.500.000 de pesetas y un comiso de 40.000 francos suizos; y Javier Unceta con multa de 1.000.000 de pesetas

Como curiosidades encontramos a Juan Trías Beltrán, padre del ex alcalde de Barcelona Xavier Trías Vidal de Llobatera. Y a Guillermo Bueno Hencke y Juan Gaspart Bonet, suegro y padre respectivamente de Joan Gaspart Solves, ex presidente del FC Barcelona y director del grupo hotelero HUSA.

Finalmente encontramos a Aquilino Rieusset Planchón. Este impresor desconocido para la mayoría de las personas, ganó un premio. Por Decreto de 2 de marzo de 1944 se estableció la creación de un documento que supusiera el control de los españoles. Después el BOE publicó un concurso para elaborar el diseño del nuevo DNI. El BOE del 29 de noviembre de 1946 se publicó que el ganador del premio era Aquilino Rieusset Planchón, por la atención prestada a los materiales que blindan la inalterabilidad del carnet de fotografía e imprenta dactilar. El ganador se llevó un premio de 30.000 pesetas. El número 1 del nuevo DNI se reservó para Franco y el 2 para Carmen Polo, guardando la primera decena para la familia real, así Juan Carlos de Borbón tiene el número 10. Los primeros DNI se dieron a presos y personas que se encontraban en libertad vigilada. En la primera ciudad donde se implantó fue Zaragoza.