Incertidumbre por el decretazo de bienestar animal que arrincona al porcino

El nuevo Real Decreto 159/2023 sobre bienestar animal, cuya entrada en vigor está prevista para el domingo 9 de marzo, genera gran discrepancia entre los ganaderos.

La normativa fue aprobada tras una negociación vacía para los productores, que denuncian que sus reclamaciones «no han sido tenidas en cuenta en ningún momento».

El resultado del decreto de bienestar animal es «casi una sentencia» para los ganaderos de porcino: se modifican las condiciones de las granjas y el manejo de los animales y se aumentan los valores en relación con las superficies de suelo libre mínimas disponibles. Es decir, entre otras cosas, se necesitará más superficie por animal, por lo que se perderá rentabilidad.

«La aplicación del decreto en estos términos es un desastre para el porcino. Pedimos una moratoria porque ya no hay tiempo para modificar la normativa. De momento no hay nada. El Ministerio ni nos ha confirmado ni nos ha desmentido. Entre Huesca y Lérida somos prácticamente el 50 % del porcino de raza blanca de España y estamos hablando de una pérdida de en torno a unos 1,6 millones de animales», explica en conversación con El Debate Ramón Solanilla, secretario general de Asaja Huesca.

El sentir para los ganaderos de porcino a pocos días de consumarse el decreto es de pesimismo. «Estamos muy preocupados. Es una incertidumbre grande. No tenemos que olvidar que la mortandad en el ganado porcino se ha incrementado recientemente», explica Solanilla, que vaticina una reducción «del 10 al 15 % solo por la normativa» que se sumaría a la merma del 10,0 % entre 2020 y 2023 señaladas recientemente por el INE (Instituto Nacional de Estadística) en su Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas.

Según los cálculos de Asaja, esta ordenanza supondría perder 1,6 millones de cerdos y 160.000 toneladas de carne solo en las provincias mencionadas.

«Se trata de una afección de unos 150 millones de euros, pero el problema no es solo para la rentabilidad de las explotaciones, sino para toda la cadena. España es un importante exportador de porcino que tiene compromisos con otros países. Los mataderos nos han trasladado su preocupación porque ven difícil cumplir con los que está firmado. No podemos perder los clientes y la fuente de riqueza, pero es que además damos la impresión de ser un país sin seguridad jurídica y eso a futuro es gravísimo», asevera el secretario general de Asaja Huesca.

La normativa incluye destinar un 2,5 % de la superficie a zonas de observación y aislamiento, instalar aparatos de medida, el registro de concentración de determinados gases o el establecimiento de nuevas condiciones respecto a su alimentación, agua, comederos y condiciones ambientales.

Los ganaderos depositan toda su confianza en que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación imponga la moratoria de un año exigida: «Este decreto se realizó con Teresa Ribera como ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y nos consta que estaba detrás de ello. Esperamos que con el cambio el Miteco deje al Ministerio de Agricultura actuar por el interés del sector».

Solanilla lamenta que la normativa española es más restrictiva para el ganadero que la europea: «Esto no defiende a la explotación familiar agraria de la que tanto hablan los políticos. Dicen que somos las explotaciones que vertebramos el territorio, que asentamos población y todo este argumentario, pero luego somos los más afectados con estas cosas porque nuestros márgenes son menores que los grandes productores y un 15 % de la rentabilidad puede significar el cierre. Son leyes que van en contra del discurso que se utiliza para defender al campo», concluye.