Corzo captado por una cámara de vigilancia en la provincia de Tarragona

Corzo captado por una cámara de vigilancia en la provincia de TarragonaEuropa Press

La Asociación del Corzo pide retirar la implantación del precinto electrónico en Castilla y León

La entidad destaca su preocupación por los efectos negativos de esta medida en la conservación del animal

La Asociación del Corzo Español (ACE) ha solicitado a la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León la retirada inmediata del proyecto que está tramitando para regular el sistema del control telemático de piezas de caza en Castilla y León está próxima temporada 2025-2026.

La organización sostiene en un requerimiento formal que la medida del precinto electrónico no cuenta con suficiente consenso ni pruebas previas y que «supone una intromisión en la privacidad de los cazadores y una decisión apresurada que no resuelve los problemas reales de gestión del corzo en Castilla y León».

Las primeras alegaciones de ACE tuvieron lugar en agosto de 2024; sin embargo, la Administración ha guardado silencio absoluto, a pesar de que en septiembre seles informó de que serían convocados a una reunión para discutir sus propuestas. «Lo cual no ha ocurrido», lamentan en ACE.

La falta de planificación y transparencia en la implantación del sistema de control telemático, las posibles vulneraciones de derechos fundamentales al obligar a los cazadores a usar dispositivos electrónicos para registrar su actividad cinegética, la ausencia de medidas previas para mejorar la gestión de la especie y el riesgo de impacto negativo en la conservación del corzo destacan como principales preocupaciones de ACE.

La Asociación ha solicitado que la Junta de Castilla y León retire la propuesta de Orden, mantenga el sistema actual de control de capturas y abra un proceso de diálogo con todos los actores del sector para implementar medidas eficaces y consensuadas en la gestión del corzo. «Desde la ACE se advierte de que aprobar esta normativa sin modificaciones y sin consenso creará graves perjuicios para los cazadores y la conservación de la especie, por lo que apelan a la responsabilidad de la Administración para detener su aplicación».