La supresión de los precintos físicos en Castilla y León

Recientemente, la Junta de Castilla y León ha anunciado la eliminación de los precintos físicos para la próxima temporada de caza, sustituyéndolos por un sistema de control telemático a través de una aplicación móvil. Esta noticia ha causado un gran revuelo entre los cazadores, ya que esta medida sin previo aviso transformará drásticamente la forma en que se certifican las piezas abatidas, sin haber contado con la opinión del colectivo afectado.

Con esta nueva normativa desaparecerán los tradicionales precintos de plástico utilizados hasta ahora, y el control de las capturas de caza mayor —como corzo, jabalí, ciervo, gamo, muflón, rebeco y cabra montés— se realizará exclusivamente mediante el teléfono móvil. La Junta proporcionará a los titulares cinegéticos una aplicación informática para ordenadores con acceso a internet, donde aparecerán los cupos anuales del plan cinegético de cada coto, asignados en forma de códigos utilizables por los cazadores. Desde esta plataforma, cada titular deberá dar de alta a los cazadores autorizados y asignarles la posibilidad de cazar en su coto.

Aunque la Junta ha prometido enviar vídeos explicativos sobre el uso de la aplicación poco antes del inicio de la temporada del corzo, esto no ha calmado las críticas. La Asociación del Corzo Español (ACE) ha solicitado la inmediata retirada del proyecto, señalando la falta de consenso, la cantidad de dudas generadas y la imposición del uso obligatorio de dispositivos electrónicos.

Uno de los principales problemas es la realidad de que el campo español no cuenta con cobertura de internet en su totalidad, lo que convierte la geolocalización del abate en una fuente de incertidumbre. La posibilidad de recibir multas por no haber completado correctamente el procedimiento debido a la falta de señal es una preocupación legítima.

Además, la necesidad de llevar un dispositivo electrónico con acceso a internet vulnera los derechos de los cazadores. Olvidar el móvil o quedarse sin batería equivaldría, a ojos de la ley, a no disponer de precinto, equiparando al cazador con un furtivo. Esta situación es especialmente grave dadas las condiciones del entorno rural y la duración de las jornadas de caza.

Por otra parte, la adaptación a esta tecnología supone una barrera para muchos cazadores mayores. Con solo 20 días de margen para familiarizarse con el nuevo sistema, es previsible que una parte significativa de este colectivo se vea incapacitada para ejecutar correctamente el procedimiento de precintado, limitando su participación en la actividad cinegética.

Lejos de ser una solución, esta normativa parece abrir la puerta a nuevas trampas legales que podrían ser aprovechadas por el furtivismo

Las dudas también se extienden a la operatividad del sistema de transferencia de precintos electrónicos entre cazadores. ¿Podrá un usuario transferir un precinto a otro a mitad de temporada de forma rápida y sencilla? ¿Se mantendrá durante toda la temporada la autorización para cazar con ese precinto una vez transferido? ¿Podrán dos personas tener a su nombre un mismo precinto en diferentes momentos del año? ¿Será posible cambiar el titular del precinto entre cazadores de manera recurrente? Estas cuestiones evidencian la falta de claridad del nuevo sistema y la necesidad de resolver estos interrogantes.

En este contexto, resulta difícil identificar beneficios reales para la caza con esta medida. De hecho, podría poner en riesgo los esfuerzos de conservación, ya que permitir el transporte de piezas como el corzo sin un precinto físico, aunque estén geolocalizadas, puede facilitar prácticas irregulares. Lejos de ser una solución, esta normativa parece abrir la puerta a nuevas trampas legales que podrían ser aprovechadas por el furtivismo, porque hecha la ley, hecha la trampa.

En conclusión, los únicos beneficiados por esta medida parecen ser los furtivos y la administración. Mientras que los primeros podrían encontrar nuevas formas de eludir la normativa, la administración reduciría su carga de trabajo y burocracia a costa de aumentar la complejidad y el riesgo para los cazadores legales. Por ello, es imprescindible que las autoridades competentes reconsideren esta decisión y proporcionen información precisa y detallada sobre la operatividad del nuevo sistema, y se pongan de acuerdo con los afectados, garantizando que la caza continúe realizándose de forma responsable y conforme a la ley.

• Jacobo Salvador Pérez-Maura Rodríguez-Miñón es presidente de la Asociación Venatio