La paradoja del Ministerio de Agricultura: el malestar animal

Una paradoja es algo que contradice la lógica. Proviene del latín paradoxa, que quiere decir contrario a la opinión común. Aparece cuando se produce la oposición de dos principios y ambos poseen justificación. Es la querencia más habitual de este Gobierno. Uno de los últimos cambalaches lo ha protagonizado el ministro Planas con el palo que le ha metido a la Ley de Bienestar Animal de su Ejecutivo, elaborando el Real Decreto 666/2023 en el que censura a los veterinarios y veda el uso de antibióticos.

Antes de entrar en el contenido de la orden, conviene señalar que no es nuevo. Viene del 2023 con la trasposición de un Reglamento Comunitario, que, por cierto, algunos países europeos no aplican. Jurídicamente, las ordenanzas de la Unión Europea son de aplicación directa en los estados miembros, pero también cabe introducir excepciones. El Ministerio no solo no lo hizo, sino que, basándose en el Reglamento UE 2019/6, traza una norma que va más allá de la europea, siendo de las más restrictivas de la zona.

Se autojustifican con letanías inventadas. Dicen que «quien receta los antibióticos no debe poder venderlos y que qué pasaría si los médicos hicieran lo mismo». También que «se ha abusado de los medicamentos y, sobre todo, de los antibióticos». Pero desde hace años, el acceso a antibióticos y a determinados medicamentos es tan complicado que previene su abuso.

No deja de ser llamativo que en un mismo Gobierno una parte defienda el animalismo con furia furibunda y otra lo ataque abrasivamente

Estamos ante el nacimiento de una nueva doctrina creada por la cartera de Agricultura: el malestar animal, que, por cierto, pone en jaque a la tan famosa ley de Bienestar Animal. No deja de ser llamativo que en un mismo Gobierno una parte defienda el animalismo con furia furibunda y otra lo ataque abrasivamente. Mientras que una dice que los animales tienen derecho a recibir cuidados médicos rápidos, efectivos y adecuados en tiempo y forma, otra legisla dificultándolos o retrasándolos. ¿En qué quedamos?

Entrando ya en la regla, a grandes rasgos, restringe a los profesionales para recetar y administrar antibióticos, lo que puede ser cuestión de vida o muerte. Si no que se lo digan a Selva, una Jack Russell terrier gallega que fue llevada al veterinario por la mordedura de otro perro. Se le aplicó el protocolo que dicta la Ley, pero empeoró y terminó en urgencias. El cultivo bacteriano tardó y no pudieron decidir qué antibiótico administrar. Así, la pobre murió de sepsis tras días de infección y sufrimiento. En el caso de los perros de rehala, la urgencia puede ser vital y, en ocasiones, se requiere de una atención de campaña. Perder unas horas puede suponer un desenlace fatal ante algo que podría haberse solucionado con una dosis de antibiótico a tiempo.

Los perros son quienes sufren las consecuencias inmediatas, pudiendo incluso ser nefastas, pero también las personas que están en primera línea: los veterinarios. Están atados de pies y manos, y son perseguidos, lo que no es justo frente a otros colectivos sanitarios que no soportan estas restricciones. Si los veterinarios no cumplen, la cosa se pone muy fea. Las multas leves van desde los 3.000 a los 60.000 euros y las graves pueden alcanzar los 600.000. Las sanciones no acaban ahí. También se contemplan la inhabilitación, hasta por cinco años, o el cierre de la clínica. Es decir, si uno de estos profesionales opta por salvar la vida de un perro en lugar de seguir la norma, pagará la multa de su vida, se quedará sin negocio y no podrá ejercer su profesión. Además, será señalado y, seguramente, sufrirá un escrache por parte de algún desarrapado que nuestros gobernadores tenga a mano y que, ni qué decir tiene, no sabrá ni dónde tiene el rabo un perro… El castigo es tan severo que los veterinarios han decidido no administrar un solo antibiótico más.

Llevamos años escuchando hablar de los derechos de los animales. Somos nosotros, sus dueños, quienes debemos hacer valer sus derechos y cumplir con sus obligaciones. Los queremos y cuidamos como a miembros de nuestras familias y nos apoyamos en los veterinarios, sus médicos, para que nos ayuden a decidir qué es lo mejor. No debemos permitir que se priorice el control de los medicamentos sobre la salud de nuestros canes. Mucho menos que esta decisión la tome la Administración. Es este otro ejemplo de recorte de derechos y limitación de capacidades.

Siempre he sostenido que no tienen valor para prohibir nada, sino que nos llenan de trabas buscando aburrir al personal. Según he sabido, esto se está negociando y los más optimistas esperan que haya una solución intermedia. Confío en ello y ojalá sea así, pero me cuesta. Cuando se legisla de manera sectaria, con nulo conocimiento de la materia, llegamos a esto. Esperemos que se vuelva a la senda del raciocinio antes de soportar la muerte de miles de animales por una ley omisiva. Desde luego, ellos no tienen la culpa.

La unión hace la fuerza. El Colegio de Veterinarios cuenta con nuestro apoyo en esta cruzada, aunque tienen que querer dejarse apuntalar. Son esenciales para nosotros, pero nosotros también para ellos. Ahora que sufren el azote del Gobierno, deben de empatizar con las limitaciones que el mundo de la rehala lleva años padeciendo. Ojalá, cuando toque, nos devuelvan la sonrisa con aspectos clave para la salud de nuestros perros y que llevamos tiempo demandándoles.

• Diego Gómez-Arroyo Oriol es perrero