La inacción del Gobierno ante la entrada de cereal ucraniano, única en Europa, enerva a los agricultores

el descontento que llega desde el granero de España retumba cada vez más fuerte en las instituciones. Este eco, empapado de impotencia e incomprensión, carga contra la falta de apoyo para afrontar una crisis que se prolonga durante años y que amenaza la supervivencia de los cerealistas.

La situación es especialmente preocupante en Castilla y León –y así lleva siéndolo desde 2021–, cuando la invasión rusa de Ucrania multiplicó los costes de producción y propició un huracán de consecuencias que ha llevado al límite a los productores de la región cerealista por excelencia del país.

Una de las principales medidas de apoyo de la UE (Unión Europea) para Ucrania fue la eliminación de aranceles a los productos agrícolas con origen Kiev. Desde entonces, las importaciones europeas de trigo blando se han multiplicado por siete en los dos últimos años y Ucrania ha triplicado sus ventas de cereal a España. Según los agricultores nacionales, esta entrada ha condenado su actividad, que además se ha visto lastrada por varias sequías encadenadas.

«La avalancha de cereal importado –fundamentalmente procedente de Ucrania– está hundiendo los precios en origen y empujando a miles de explotaciones familiares a la ruina, mientras el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León mantienen una inaceptable pasividad en fronteras y mercados interiores», denuncia Asaja.

La organización profesional agraria describe un momento dramático a pie de cultivo: «Los agricultores se plantean no sembrar ya que las cuentas no salen (...) El campo de Castilla y León actualmente está parado, las máquinas no se mueven y la previsión es que no lo hagan próximamente, porque el sector no puede aguantar más esta situación tan injusta», advierten los agricultores, que cargan contra el abandono del Gobierno para frenar esta deriva.

Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumanía y Eslovaquia, países afectados por este desembarco descontrolado de cereal procedente de Ucrania, recurrieron en 2023 a las autoridades europeas para conseguir un apoyo extraordinario para aplacar la distorsión provocada por el aumento de las exportaciones ucranianas; mientras que España, que en 2024 importó más de 10 millones de toneladas de este grano, no ha recurrido a esta vía.

«Exigimos respuestas ahora, no parches tardíos ni discursos vacíos. O se protege y se compensa al cereal español con las mismas herramientas que ya se han aplicado en otros Estados miembros, o las consecuencias serán irreversibles», reclama Asaja.

El hartazgo de los agrarios se sostiene en los números: la estimación de los cerealistas de Castilla y León es que los primeros 3.000 kilos recolectados en cada hectárea sirven para cubrir gastos, ya que los precios del cereal no han crecido en los últimos 10 años como lo han hecho los costes, pasando de 600 euros por hectárea en secano y 1.700 en regadío, a 800 euros en secano y unos 2.200 en regadío.

«Sin una intervención decidida y rápida del Gobierno de España y de la Unión Europea, asistiremos a la desaparición de un sector estratégico para la soberanía alimentaria, la conservación del territorio y el tejido socioeconómico rural. La pasividad actual no solo es inaceptable desde el punto de vista económico, es una negligencia política que multiplica la dependencia exterior y acelera el abandono del campo», asevera la organización, que insta al Ministerio de Agricultura a ejercer controles estrictos en puertos y fronteras para impedir la entrada de partidas que vulneren requisitos y garanticen que no se permita la comercialización a precios de dumping.