Más dudas que certezas en relación a la cacareada gobernanza digital mediante inteligencia artificial

Este 2023 será recordado, entre otros aspectos, por ser el año en el que la Unión Europea quiso poner puertas al campo de la inteligencia artificial con el primer acuerdo de legislación mundial en relación con los usos y abusos de esta tecnología. Durante el proceso, muchos han sido los que han exaltado el potencial de la IA; otros, en cambio, se muestran cautos porque, como toda innovación en fase de expansión, aún se desconoce su verdadero potencial.

La batalla entre creadores y reguladores está servida. Las sociedades occidentales destacan por su hiperregulación. Cada vez quedan menos ámbitos de la vida ordinaria sin estar regulados y algo tan jugoso como la inteligencia artificial no podía ser menos. Esta división ya existe, tal y como se pudo apreciar durante el proceso de negociaciones entre la Comisión, Consejo y Parlamento Europeo. Mientras que Bruselas abogaba por una legislación más laxa a la hora de poder usar la IA y los datos recolectados de la ciudadanía, el Parlamento defendió una mayor limitación estatal.

Fuera de este trío, es un hecho que el tema digital tiene grandes implicaciones nacionales e internacionales. La IA supone un salto inimaginable por el momento en campos como la salud o la automatización de determinados procesos. En cambio, también lo será en la capacidad de control de la ciudadanía. El Gran Hermano soñado por George Orwell se hace realidad gracias a esta tecnología. Hasta ahora hemos sido testigos de su gestación. Los años por venir serán los tiempos de su consolidación: cámaras de reconocimiento facial, pasaportes digitales, rutinas de trabajo marcadas por algoritmo de trabajo… No habrá campo que escape a su influencia, tampoco el de la política.

La administración Biden ha aprobado una Orden Ejecutiva sobre inteligencia artificial. La Unión Europea, también. Incluso las Naciones Unidas han creado un órgano consultivo al respecto. Esto muestra que existe una gran preocupación al respecto, a la par que una manifiesta fascinación.

Hasta el pasado octubre los inversores habían canalizado más de 20.000 millones de dólares únicamente en tecnologías de IA generativa (ChatGPT, por ejemplo), superando los 5.000 millones invertidos durante todo el año 2022. Si analizamos otros campos, la inversión alcanza más de 100.000 millones de dólares, equivalente al producto interno bruto anual de Bulgaria.

Esta tecnología tiene el potencial de transformar el funcionamiento de diversas industrias, ya sea de forma positiva o negativa. Es probable que estos cambios ocurran a un ritmo mucho más acelerado de lo que se esperaba hace tan solo un año. Y la fase actual de desarrollo es exponencial.

Una legislación inabarcable

El primer paso dado por la Unión Europea es uno de los muchos que se deberán de dar a nivel legislativo. La respuesta política suele dilatarse en el tiempo, pero en este caso Bruselas ha querido atajar el problema lo antes posible y proponer una solución de mínimos sobre los que trabajar en el futuro.

Lo que se aprobó este mes no es, ni mucho menos, un paquete final. El ánimo no fue el de ser exhaustivo, sino todo lo contrario. El acuerdo pactado tras 38 horas de negociaciones es un marco legal genérico que incluye deberes y obligaciones para las entidades públicas y privadas. Transparencia, recolección de datos, uso de estos en momentos determinados el sistema judicial, etc.

Más allá de la gobernanza de la inteligencia artificial que permite esta tecnología emergente, se encuentra el resto de las realidades de nuestras complejas sociedades. Va a llevar tiempo adoptar una agenda política y legislativa que abarque absolutamente todos los campos de aplicación: los sistemas sanitarios, el comercio y los sistemas financieros, la guerra… Por el momento solo podemos pensar en legislación que sirva para acotar un problema determinado en el tiempo, nada más. Será lo más parecido a las vacunas de la gripe anuales. Se nos inyectan las cepas del año anterior, por lo que el efecto es claramente limitado.

En el mundo de la salud, ¿quién se hará responsable de los errores de un posible tratamiento inadecuado y de los efectos que tengan en los pacientes? ¿Serás las empresas que han puesto en marcha esos servicios o los Estados que los ponen en marcha? ¿Y si es sanidad privada? ¿Dónde quedará la voluntad del paciente si se niega a recibir determinados tratamientos que un logaritmo haya concluido que es lo que debemos recibir? En cirugías, ¿los robots están plenamente capacitados para tomar decisiones? ¿Y si ocurre algo grave en la mesa del quirófano?

En los mercados financieros ya se opera desde hace tiempo con sistemas automatizados. Grandes multimillonarios que operan intradía se enriquecen por la capacidad de operar con milésimas de segundo de ventaja frente a sus competidores. ¿Se podrá regular la inteligencia artificial para evitar que esa práctica colapse las economías nacionales, por ejemplo?

En cuanto a los sistemas de defensa, parte de ellos serán dominados por IA en un futuro, lo que permitirá la interconexión en tiempo real de todos los elementos de un ejército como si fueran parte de un mismo ser. ¿Podrá limitarse el riesgo que eso supone para la población civil? ¿Y si alguna de estas inteligencias artificiales es hackeada por el enemigo? ¿Se aprobará una nueva Convención de Ginebra en este caso dado el gran potencial de aniquilamiento total que supone?

La coordinación entre los principales países del mundo parece una obligación. Grupos como el G7, el G20, la ONU, la UE y otros organismos internacionales deberán ponerse de acuerdo por el bien de una comunidad internacional cada vez más tensionada. La IA puede ser la solución para muchos de los problemas, pero también el causante de otros muchos.