La historia oculta del 'decretazo' de Sánchez para convertir RTVE en su maquinaria de propaganda

1.200 millones de presupuesto anual y subiendo. El doble de plantilla y de gasto en personal que Atresmedia y Mediaset juntas, con sus 6.500 empleados.

Y una bicoca para las productoras externas que, como la del Grupo Prisa o Andreu Buenafuente, facturan decenas de millones al ente público. Y ahora un «decretazo» de Pedro Sánchez para hacerse con el control total de la Corporación con una jugada idéntica a la que intentó con el Poder Judicial: cambiar las mayorías para la elección de vocales y lograr que once de los quince miembros del Consejo de Administración de RTVE dependan de él, de su Gobierno y de sus aliados.

Esta es la historia oculta de un Juego de tronos donde se mezclan la manipulación, el poder, el dinero y la vanidad, todo ello en un cóctel explosivo con un único fin: lograr que la «televisión de todos» se convierta definitivamente en una formidable maquinaria de propaganda y protección de quien mueve allí todos los hilos. Se llama Pedro Sánchez y es el presidente del Gobierno.

El asalto

El Gobierno ha terminado por ‘asaltar’ RTVE gracias a un real decreto ley por el cual se garantiza la mayoría en el Consejo del ente público, una decisión que se ha ido cocinando tras el caos y las guerras de poder en el seno de la corporación.

PSOE y Sumar han pactado un texto que establece que dicho Consejo estará formado por 15 consejeros en lugar de los 10 actuales y así poder dar su cuota de poder a sus socios independentistas. Además, 11 serán nombrados por el Congreso, que son los que se repartirán los socialistas y sus socios, ya que se podrían nombrar con una simple mayoría absoluta, arrinconando así al PP, que solo podrá designar los cuatro consejeros restantes, que se votarán en el Senado, donde tiene mayoría absoluta.

Esta renovación deberá tener lugar antes del 23 de noviembre y, además, permitirá que el presidente del Consejo tenga aún más poder, pues podrá nombrar y cesar al equipo directivo de la Corporación, una potestad que antes debía contar con el respaldo de la mayoría de los consejeros, además de darle vía libre para suscribir contratos sin necesidad del resto.

Es decir, fija por decreto la posibilidad de crear una presidencia ejecutiva, por lo que ya cuenta con la oposición del Consejo de Informativos de RTVE, que ha pedido a las fuerzas políticas «alcanzar acuerdos amplios y mantener el concurso de méritos como mecanismo para garantizar la idoneidad y capacitación de los consejeros».

Pero este decreto no ha llegado por arte de magia, ni ha sido una nueva ocurrencia de Moncloa, sino que se ha ido fraguando poco a poco, espoleado por las luchas internas que se han vivido en el seno del Consejo de Administración de RTVE donde el PSOE veía cómo perdía el control ante la debilidad de presidenta interina, Concepción Cascajosa.

La obsesión de Sánchez por dominar RTVE arrancó en 2018, está llena de premios a los amigos y culmina con un decretazo de asalto definitivo

El último capítulo se produjo en la reunión extraordinaria convocada para el cese o renovación de Cascajosa, que llegó al Consejo a propuesta del PSOE, una vez que ya se habían cumplido sus seis meses de mandato provisional.

Tal y como informara El Debate, al ver Cascajosa que previsiblemente perdería la votación, la suspendió, avanzando una reunión para mediados de octubre, y así recabar apoyos, pues en el trasfondo de esta crisis del ente subyace una guerra entre los diferentes miembros del Consejo propuestos por la izquierda para el control del ente.

Por una parte, contaba con cuatro síes, que llegaban por parte de Roberto Lakidain (propuesto por Podemos), Juan José Baños (PNV), Ramón Colom (PSOE), que apoya a la presidenta interina a cambio de tener un mayor poder, y la propia Cascajosa.

Por su parte, los dos miembros de la izquierda restantes, la expresidenta de RTVE Elena Sánchez (propuesta por el PSOE) y el consejero afín al PCE José Manuel Martín Médem (propuesto por Podemos), querían su salida para imponer un sistema de presidencia rotatorio en función de la edad, con el que Colom se pondría al frente.

Para forzar a continuación su salida, con el fin de que Elena Sánchez recuperase el cargo que perdió tras su negativa al fichaje de David Broncano en las condiciones pactadas por el director de contenidos, José Pablo López, y cuya destitución fue propuesta por Elena Sánchez al Consejo. Tras el voto favorable, el Consejo decidió cesar a la presidenta por pérdida de confianza en esta.

A estos, se sumaron las negativas de los consejeros propuestos por el PP, Jenaro Castro, Carmen Sastre y Consuelo Aparicio. Ante esta situación, la presidenta pidió que los votos fueran secretos y al ser inviable, ya que había un voto delegado y otro telemático, suspendió la sesión.

Una triquiñuela con la que ganar tiempo, tanto para ella como para que Moncloa pudiera modificar la normativa. Por ello, conocer cómo se ha gestado toda esta historia y los entresijos de la misma ha sido uno de los puntos tratados a lo largo de la investigación llevada a cabo por El Debate, a pesar de que desde RTVE se ha intentado dar carpetazo al asunto poniendo todas las trabas posibles.

De hecho, en un documento del pasado 30 de abril y al que ha accedido en exclusiva este periódico, la Secretaría General de la Corporación pública admitía en relación a los informes de los que se habría servido el Consejo de Administración del ente para analizar el despido de José pablo López, Director de Contenidos responsable de negociar la contratación de David Broncano, y el cese posterior de la presidenta Elena Sánchez, que «no existen los informes requeridos», evidenciando las tensiones políticas en el seno de la televisión de todos los españoles, mostrando una gestión muy distanciada respecto de los principios de buen gobierno que debe presidir la gestión del sector público.

Ya nombrada Concepción Cascajosa como Presidenta interina, esta se ha negado a facilitar a este periódico los informes de la Abogacía del Estado y de la SEPI de los que presuntamente se habría servido para hacer uso de su voto de calidad como presidenta del Consejo y que este aprobara, como así hizo, la contratación de David Broncano para la 1, a pesar de concurrir serias sospechas acerca de la ilegalidad, incluso penal, sobre la contratación del programa.

En un documento de RTVE del pasado 17 de mayo al que ha accedido en exclusiva El Debate, firmado por Ernesto Real Millán, director de Asesoría Jurídica, este acudía al rescate de Cascajosa tras reconocer que la presidenta interina y su consejo aprobó por mayoría la contratación del polémico Broncano sin contar con informe alguno de la SEPI o de la Abogacía del Estado.

Tampoco con cualquier otro dictamen encargado por ella a tal efecto, para al mismo tiempo reconocer que los informes de la SEPI y de la Abogacía del Estado sí han existido, pero que al no ser RTVE autor de los mismos, no los pondría a disposición de este periódico.

Según las fuentes jurídicas personadas en el proceso entablado para lograr el acceso a la documentación que obra en poder de RTVE y que esta se niega a hacer pública «RTVE está limitando el derecho de acceso a una información que es pública y RTVE se comporta discrecionalmente, es decir, haciendo lo que le da la gana. Hay una amplia jurisprudencia del TS que sostiene justo lo contrario», concluyen.

La «Boda Roja»: El Debate accede al acta del Consejo de Administración

El Debate ha accedido al acta del polémico consejo, pese a los esfuerzos de Cascajosa por mantener la opacidad RTVE, del pasado 26 de marzo, donde se trató de nuevo la contratación de Broncano, el despido de José Pablo López como director de Contenidos y que ha sonado como nuevo presidente del gusto de Moncloa; el cese de Elena Sánchez como presidenta por la pérdida de confianza del consejo en ella y, finalmente, el nombramiento de Cascajosa como presidenta interina. No obstante, RTVE ha hecho entrega de este documento con truco incluido: totalmente tachado, fade in black.

También ha dejado claro que quiere proteger a los miembros del Consejo. A su juicio «las opiniones, intervenciones y manifestaciones de cada uno de los integrantes del órgano colegiado durante la deliberación debe preservarse del conocimiento público» pues «los integrantes serían conocedores de que lo manifestado en estas reuniones podría hacerse público en un futuro inmediato, coartando así su libertad en futuras discusiones o deliberaciones», olvidándose del hecho de que RTVE es un ente público que siempre debe rendir cuentas ante los ciudadanos.

Es más, una vez que se puso en conocimiento del CTBG la remisión de unas actas totalmente tachadas, RTVE ha insistido en su argumento al remitir sus alegaciones, reiterando que deben preservarse del conocimiento público, «manteniendo una cierta reserva y confidencialidad como garantía del correcto funcionamiento del órgano y de la libertad de sus miembros en su actuación interna».

Asimismo, se solicitó a RTVE el montante total de la indemnización liquidada a José Pablo López, una petición que, pese a haberse cumplido el plazo previsto, no ha contestado, por lo que los servicios jurídicos tramitaron la correspondiente reclamación ante el CTBG para forzar al ente a desvelar el coste que ha supuesto para las arcas públicas.

Sin embargo, RTVE ha remitido al CTBG un escrito de alegaciones en el que se niega a desvelar el montante recibido por López, con la excusa de que «no ha dado su consentimiento expreso para que se pueda acceder en estos momentos a sus datos», por lo que «debe prevalecer el interés individual en la protección de sus derechos fundamentales y en la protección de sus datos personales». En concreto, alude a que «afecta a su derecho a la intimidad personal y familiar».

Una situación similar a la que ya el antiguo director general de la televisión madrileña ya vivió en Telemadrid, cuando no publicó su declaración de bienes, pese a su condición de alto cargo.

Entonces, la Abogacía de la Comunidad de Madrid emitió un informe al respecto en el que certificaba tal condición y, por tanto, la obligación de hacer pública su situación patrimonial, que desveló unos ahorros de 800.000 euros, pese a lo cual la declaración de la renta le salió a devolver.

Con el nuevo decreto ley preparado por el Gobierno de Sánchez, Moncloa se garantiza un control absoluto del Consejo de Administración, lo que le permitirá repartir nuevos sillones con sus socios de gobierno, crear una presidencia con nuevos poderes ejecutivos, repartir millones a empresas cercanas y contratar libremente sin oposición alguna.

Y todo ello en un panorama no muy distinto al del propio Gobierno, rodeado por investigaciones judiciales y de los Cuerpos de Seguridad que también han llegado a RTVE, tal y como desveló este periódico: la Policía Nacional se ha interesado por la labor de la presidenta del ente y del Consejo de Administración, en plena polémica por el intento de amaño de unas oposiciones internas que, de momento, ya han provocado la detención de un sindicalista de UGT.