RTVE esconde cuánto pagó por despedir al nuevo presidente elegido por Moncloa

José Pablo López ha sido elegido como nuevo presidente de RTVE, tras lograr la mayoría necesaria en la segunda votación en el Congreso. Era el elegido del PSOE, el ideólogo del fichaje de David Broncano, y finalmente Moncloa ha conseguido ponerle al frente del ente público, tras unos meses convulsos en el seno del Consejo de Administración que saltó por los aires, precisamente, por la contratación del cómico. La pugna interna le costó el puesto a la entonces presidenta interina, Elena Sánchez, después de haber despedido al propio José Pablo López como director de Contenidos Generales de RTVE. La corporación pública aún no ha explicado cuánto costó su despido.

De hecho, de acuerdo con la documentación que obra en poder de El Debate, ha sido el propio José Pablo López el que se ha negado a que se haga público el montante total que recibió tras su salida del ente público, al que ahora regresa gracias a los apoyos del Gobierno, después de que este periódico lo solicitase de forma oficial.

En concreto, RTVE ha remitido al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno un escrito de alegaciones, firmado por el director de Asesoría Jurídica de la corporación, Ernesto Real Millán, fechado el 26 de septiembre, en el que se niega a desvelar el dinero recibido por López, con la excusa de que «no ha dado su consentimiento expreso para que se pueda acceder en estos momentos a sus datos».

Así, argumenta que «debe prevalecer el interés individual en la protección de sus derechos fundamentales y en la protección de sus datos personales», pues, a su juicio, «afecta a su derecho a la intimidad personal y familiar».

Sin embargo, obvia por completo que RTVE es una empresa de carácter público, financiada con dinero de todos los españoles, y, por tanto, debe dar explicaciones acerca de cómo maneja sus fondos, además de hacer público el salario de sus directivos.

La postura de José Pablo López no es nueva, sino que repite un patrón similar a lo que ya ocurrió en su etapa al frente de Telemadrid, cuando no publicó su declaración de bienes, pese a su condición de alto cargo. Entonces, la Abogacía de la Comunidad de Madrid emitió un informe al respecto en el que certificaba tal condición y, por tanto, la obligación de hacer pública su situación patrimonial.

José Pablo, Presidente plenipotenciario de una RTVE que sigue ocultando las causas de su despido

Así, José Pablo López será el nuevo ‘jefe’ de RTVE, tal como ya se apuntaba, cuando el Gobierno, vía decretazo, iniciaba los trámites para remodelar el Consejo de Administración del ente público y así colocar a una mayoría de consejeros afines, después de que se vivieran momentos de enorme tensión en las reuniones tal y como desveló El Debate.

Además, la nueva directriz del Gobierno permite que el presidente del Consejo tenga aún más poder, pues podrá nombrar y cesar al equipo directivo de la Corporación, una potestad que antes debía contar con el respaldo de la mayoría de los consejeros, además de darle vía libre para suscribir contratos sin necesidad del resto.

Y, precisamente, uno de esos contratos, el fichaje de David Broncano, fue el detonante de la convulsa situación que ha vivido el ente público en los últimos meses, y este periódico ha intentado por todos los medios conocer los entresijos de la disputa, pese a las múltiples trabas de la corporación.

De hecho, ya con Concepción Cascajosa como presidenta interina, se negó a facilitar a El Debate los informes de la Abogacía del Estado y de la SEPI de los que se habría servido para hacer uso de su voto de calidad como presidenta del Consejo, y ha tenido que ser el Consejo de Transparencia el que le obligue a hacerlo, tal y como consta en su resolución 2024-1199 de este 24 de octubre, respaldando plenamente la investigación llevada a cabo por este periódico.

El Debate ha obtenido finalmente tales informes, en ejecución de esa Resolución del Consejo de Transparencia, mediante escrito del pasado 25 de noviembre y firmado por la asesoría jurídica de RTVE. La corporación pública ha hecho entrega del informe jurídico de la Abogacía del Estado que había ocultado. Este informe pone de manifiesto, según los expertos jurídicos consultados, que esta petición no fue más que una «táctica dilatoria» por parte de Cascajosa para poder ganar tiempo y atar los apoyos suficientes para fichar a Broncano, pues «cualquier asesor jurídico, con un mínimo conocimiento de Derecho Mercantil lo podría haber resuelto en cinco minutos».

Junto a ello, RTVE también ha aportado el informe elaborado por la Asesoría Jurídica para analizar el propio contrato firmado con Broncano, por 14 millones de euros por temporada y que permite prolongar su presencia en el ente público hasta julio de 2026, algo pocas veces visto en la corporación, y que serviría a la propia RTVE para cubrirse las espaldas en caso de un posible litigio. La asesoría de RTVE concluyó que «una vez examinado el borrador, entendemos que cabe emitir un informe positivo sobre su contenido jurídico».

Se trata de un contrato que supera los 28 millones de euros y que permite al presentador mantenerse en la parrilla de TVE durante, al menos, una temporada, en la franja horaria del access prime-time, para pasar al late night en el caso de no cosechar los datos esperados, de cara a la segunda. Respecto a la libertad creativa del programa, RTVE la sujeta en todo caso a que el mismo siga el Manual de Estilo de RTVE, obligando a Broncano a «no perjudicar la línea editorial del Programa y de RTVE».

Por otra parte, también tras el mandato del CTBG en su resolución 2024-1203 de 25 de octubre, y en ejecución de su fallo RTVE ha tenido que reenviar las actas de aquella reunión del Consejo de Administración del 26 de marzo, donde se trató de nuevo la contratación de Broncano, y que derivó en una batalla total que terminó con el despido de José Pablo López como director de Contenidos; el cese de Elena Sánchez como presidenta, por la pérdida de confianza del consejo y, finalmente, el nombramiento de Cascajosa como presidenta interina, después de que la corporación las enviase totalmente tachadas.

Sin embargo, una vez más el negro es el protagonista de estas actas, aunque RTVE ha argumentado que se «han suprimido aquellos contenidos de carácter meramente informativo que no constituyen ni guardan relación directa con la adopción de acuerdos por parte del Consejo»; las referencias a «personas físicas que no forman parte del Consejo de Administración»; y «las opiniones y las manifestaciones literales realizadas por los miembros del Consejo en las deliberaciones», lo que impide, una vez más, conocer cómo de bronca fue aquella reunión, que fue la puntilla para el anterior consejo de administración sobre el que Moncloa no pudo ejercer el control que, tras la última reforma legal y con la elección del despedido José Pablo López como nuevo presidente ejecutivo del ente, ahora se ha garantizado.

De hecho, una vez más, todo el contenido de las actas que tienen que ver con los asuntos más polémicos tratados vuelve a aparecer censurados, por lo que RTVE sigue escondiendo qué se dijo en aquella reunión que terminó por acelerar el asalto del Gobierno al ente público, pues con Broncano, su cúpula saltó por los aires y Moncloa se ha encargado de recomponerla ad hoc.