Así será el Estatuto del Artista: regulación de falsos autónomos, el arte en redes sociales y la temporalidad

Los ministros de Trabajo y Cultura, Yolanda Díaz y Miquel Iceta, se han comprometido este miércoles con la primera de las medidas que el Gobierno espera abordar a lo largo del próximo año para hacer posible el Estatuto del Artista: la reforma del real decreto de 1985 que regula la especificidad del trabajo cultural y busca la protección social y laboral de artistas en espectáculos públicos. «Un reglamento –en palabras de la ministra– obsoleto y que exige modificaciones normativas que contemplen las nuevas necesidades y realidades culturales».

Según Yolanda Díaz, lo que busca el Estatuto del Artista es establecer unas «condiciones laborables y dignas y estables para el sector» para detener la «proliferación» de falsos autónomos en el sector, así como la «reformulación» del actual régimen de contratación para «hacer compatible» la flexibilidad con la «eliminación del abuso de temporalidad». Una temporalidad, según Iceta, que tiene una doble vertiente: "El trabajo cultural tiene algunas especificidades, como su intermitencia y, en parte, también su permanencia, y nuestras leyes, en cambio, están pensadas con carácter generalista y universal”.

¿Qué se va a regular?

La vicepresidenta y próxima candidata electoral de Podemos ha avanzado algunos de los puntos que se modificarán del Real Decreto 1435/1985, que si bien habían sido adelantados en los círculos culturales, permanecían como la gran incógnita. Según el primer borrador de trabajo, la reflexión gira en torno a la adaptación del concepto de espectáculo público, la regulación de las expresiones artísticas en medios como las redes sociales o plataformas online, el amparo de la temporalidad de los técnicos –u otros trabajadores con funciones similares– al mismo nivel que los artistas y la delimitación de la proliferación de falsos autónomos. «Necesitamos adaptar los conceptos de espectáculos públicos e incorporar las nuevas formas de realización, producción y presentación de las tareas de las personas artistas, que se expresan en redes sociales, formatos de streaming, plataformas de vídeo o contenidos online».

Fundamentalmente, el estatuto busca proteger a los trabajadores, y para ello introduce medidas para «frenar las formas de abuso de la temporalidad, reformulando el actual régimen de contratación, e insertar mecanismos de flexibilidad en el marco de la negociación colectiva». La ministra de Trabajo también se ha referido a nuevas medidas que buscarán reforzar el actual régimen de contratación, la modificación de la ley 20/2007 del Estatuto del Trabajo Autónomo para adaptarla al sector de la cultura, dar unas respuestas más efectivas a las prestaciones por desempleo e impulsar la estabilidad y transiciones profesionales de los artistas.

«Nos comprometemos a tener esta norma en el mes de enero de 2022. Trabajaremos contrarreloj y cumpliremos nuestras promesas», ha confirmado Díaz. «Esta comisión quiere garantizar condiciones laborales dignas y propiciar un mandato constitucional, porque la cultura es el mejor antídoto contra la desigualdad y por eso debe ocupar el centro exacto de nuestras vidas». Sin embargo, a pesar de la presentación de medidas, apenas se han empezado a implementar cinco de ellas, lo que ha provocado el enfado del sector cultural.

Promesas y medidas que no llegan

Una de las mayores dificultades se encuentra en completar la regulación laboral a través de negociación colectiva, lo que pone de manifiesto las carencias para el sector del principal convenio aplicable. La gravedad aumenta porque la actualización de esta norma ya estaba prevista en el Real Decreto-ley 26/2018, de 28 de diciembre –es decir, hace tres años– por el que se aprueban medidas de urgencia sobre la creación artística y la cinematografía, en la que el Gobierno se daba un plazo de 6 meses para aprobarla.

La comisión interministerial del Estatuto del Artista es un grupo de trabajo que afecta a siete ministerios y que tiene el objetivo de ir aprobando, a lo largo del año que viene, las 75 propuestas incluidas en el texto que aprobaron, por unanimidad, los grupos parlamentarios en el año 2018. «Esta vez, esta labor va a culminar», ha prometido Iceta este miércoles. «Al Ministerio de Cultura y Deporte lo que le toca es coordinar e impulsar el resultado. El éxito será de todos los ministerios concernidos». Además de las reformas en materia laboral anunciadas por Díaz, el ministro ha mencionado «un informe muy relevante del proceso de reforma de las enseñanzas artísticas por parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional».

Cuatro grupos de trabajo

A tal efecto se han creado cuatro grupos de trabajo –fiscal, laboral, seguridad social y educación–, que han celebrado 14 reuniones de trabajo en estos últimos tres meses, cinco de ellas con participación de sectores culturales. Según Iceta, 25 asociaciones han sido convocadas para el caso: directores, guionistas, ilustradores, gente del mundo del cómic y de la magia, sindicatos de actores, empresarios de trabajo, circo, danza, publicitarios, cantantes líricos, toreros, picadores y banderilleros. Precisamente sobre la tauromaquia ha tenido que expresarse Iceta, que decidió dejar los toros fuera del bono cultural, al parecer a instancias de Díaz: «Son profesionales y, en la medida que se regula, si conviene modificar algún aspecto, no va a haber ningún tipo de exclusión».

A pesar de las insistentes preguntas, Iceta ha evitado referirse a cuáles serán las siguientes normas en ser aprobadas. «La revisión de un real decreto del año 1985 es lo más relevante», ha recalcado, aunque sí ha citado los aspectos laborales y de seguridad social como los temas «más urgentes». «Es normal que con promesas sea obligado que haya un escepticismo, pero quiero poner en valor nuestra palabra. A la cultura le debemos mucho y en algunos aspectos estamos llegando un poco tarde y eso supone tener que dar una protección a los agentes culturales».

El origen del Estatuto del Artista: una recomendación de la UNESCO de 1980

En 1980 la UNESCO publicó una Recomendación para que los Estados desarrollaran marcos normativos adecuados de cara a mejorar las condiciones profesionales, sociales y económicas de las personas artistas. Así, la 21ª Conferencia General reconocía el valor fundamental del trabajo creativo y marcaba una hoja de ruta para dar seguimiento a las medidas que los países debían implementar. Por ese motivo, cada cuatro años se prepara un informe que se eleva a la Conferencia General de cara a conocer las decisiones que se toman sobre esta materia.

La crisis de la Covid-19 ha puesto de nuevo de manifiesto que la situación de desprotección de los profesionales de la cultura sigue siendo tan evidente como hace 40 años. El desarrollo de modelos de contratos, las coberturas de la seguridad social y la asistencia sanitaria, entre otros temas, siguen en los mismos niveles de desprotección para las personas que se dedican a la creación de nuestra cultura. Por eso el anterior ministro de Cultura, José Manuel Uribes, decidió ponerlo en marcha, si bien fue retrasando una y otra vez el proyecto hasta que Iceta ha decidido desatascarlo... si bien sin cumplir con los plazos prometidos.

Desde la firma legal especializada en música Sympathy for the Lawyer destacan que el actual texto «es solo un informe para la elaboración de una serie de reformas regulatorias en la que actualmente trabajan la comisión interministerial con diferentes mesas de trabajo».  Para los abogados de este despacho, lo más importante es «definir cuándo hay una relación laboral o relación mercantil, teniendo en cuenta unos criterios de ajenidad y dependencia».  «Lo importante es que el artista esté protegido en todo el ciclo de su proceso artístico, no solo en sus actuaciones. Por ello, es fundamental diseñar un régimen que se adapte a la realidad del sector de una forma sostenible», ha destacado Manuel López, abogado de la firma.

Existen diferentes medidas que aún están pendientes de aprobación, como la ampliación del tipo reducido de IVA al 10 % para otros servicios culturales prestados, como el de productor fonográfico, o su aplicación no solo a servicios prestados por artistas como personas físicas, sino también a entidades en régimen de atribución de rentas, como por ejemplo orquestas que actúan en formas de comunidades de bienes o sociedades civiles sin personalidad jurídica propia.