Pedro Sánchez (PSOE) y Pablo Echenique (Unidas Podemos)
El cambio de bando de Podemos: se enfrenta al PSOE por la Ley Audiovisual
Unidas Podemos se pasa a la oposición de la Ley Audiovisual tras la protesta del cine independiente
La Ley Audiovisual que se vota el 26 de mayo en el Congreso de los Diputados está trayendo cola, especialmente el giro final por el que el PSOE decidió cambiar, en el último momento, la definición de «productora independiente».
Esa definición ha abierto un cisma entre el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (PSOE) y sus socios en Gobierno de Unidas Podemos: el partido morado se ha pasado a la oposición de la ley una semana después de dar su voto positivo en la Comisión de Economía del Congreso junto al PSOE, PNV y ERC.
El portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha pedido al PSOE que rectifique la Ley Audiovisual tras las críticas del sector del cine. En opinión de Echenique, la redacción que se votará el jueves es «un golpe de gran dureza para la producción independiente y al sector cultural vinculada a la misma cuya viabilidad pasa a estar gravemente amenazada. No concebimos que después de esta nota [por el comunicado de protesta de los productores que leyó ayer María Zamora en el Festival de Cannes], el PSOE no vaya a rectificar. Estamos hablando con ellos, intentando negociar».
Todo el sector del cine se ha mostrado molesto con las variaciones introducidas en el último momento. Por ello, el portavoz de Podemos ha alertado de que la ley redactada por Economía servirá a los intereses del «oligopolio de las cuatro grandes televisiones». Además, denunció la ausencia de cuotas de género en la actual redacción.
Por ello, Unidas Podemos, ERC y Bildu han presentado hoy una enmienda transaccional al proyecto de Ley Audiovisual en la que revierten la modificación del PSOE a la definición de productor independiente, que ahora supone una «sentencia de muerte» según el sector, y que ha despertado el enfado de la mayoría de los grupos. En esta enmienda, presentada hoy antes de acabar el plazo a las 12 horas para que sea votada mañana en el Pleno del Congreso, vuelve a cambiar la palabra «dicho» por «un» en el artículo 110.
Una definición que «facilita el fraude»
La definición insuficiente de lo que es una productora independiente es el gran meollo de la nueva legislación. Para evitar que la obligación de invertir en cine y televisión se convierta en una política de reinversión, las normas definieron la figura de productora independiente y fijaron la obligación de diversificar en ellas los proyectos. El conflicto apareció cuando en el sector se alertó de la aparición de compañías que estaban creadas a la medida de las televisiones y plataformas; es decir, de falsas productoras independientes.
Por ello, la nueva ley ha incluido una enmienda a la definición de compañía independiente que, según el sector, facilita el fraude: «Se considera productor independiente a efectos de este capítulo a la persona física o jurídica que no está vinculada de forma estable en una estrategia empresarial común con un prestador del servicio de comunicación audiovisual obligado a cumplir con lo establecido en los artículos 115 a 117 y que asume la iniciativa, la coordinación y el riesgo económico de la producción de programas o contenidos audiovisuales, por iniciativa propia o por encargo, y a cambio de una contraprestación los pone a disposición de dicho [antes un] prestador del servicio de comunicación audiovisual».
Este cambio, aparentemente mínimo, ha recibido críticas de casi todas las asociaciones del sector: AEcine, PROA, PIAF, PROFILM, MAPA, Diboos...
Las mujeres, también en contra
CIMA, la Asociación de mujeres cineastas y de medios audiovisuales, ha denunciado el primer olvido de la nueva ley: los artículos 113 y 114, que debían fijar una cuota del 40 % para la emisión y el catálogo de películas y series dirigidas por mujeres, han ignorado esa demanda por completo. Después, los artículos 116 y 117, en los que se debía recoger la reclamación de una cuota del 40 % de la inversión de las plataformas de contenido y las televisiones generalistas para las producciones hechas por mujeres, se ha quedado reducida a la mínima expresión. La ley sólo prevé que el 30 % de la inversión en producciones independientes esté obligatoriamente dirigida a las mujeres.