«La legislación prohíbe la venta del San José; además, es la tumba de 600 tripulantes que debe ser respetada»

El 6 de junio, el presidente saliente de Colombia, Iván Duque, afirmó que junto a los restos arqueológicos (pecio) del galeón español San José, ya encontrado en 2015 a 600 metros de profundidad, se han hallado los de otras dos embarcaciones: una de época hispánica –mal llamada «colonial»– y otra posterior a la independencia –«republicana»–.

Hablamos con Santiago Mata, doctor en Historia y periodista, célebre por desvelar el 18 de mayo de 2007 en La Gaceta de Los Negocios, el robo de patrimonio histórico español por parte de los cazatesoros de Odyssey (600.000 monedas del pecio de la fragata Mercedes).

–¿Qué novedad supone el anuncio relativo al galeón San José hecho por el presidente Duque?

–Se diría que, al igual que su predecesor, el presidente Santos, antes de dejar su cargo el presidente colombiano tuviera que dar cuenta al país de que ha hecho algún progreso en esta materia. Semejante apropiación por un cargo político de medidas que deberían corresponder a la ciencia arqueológica parecen mero populismo, y no es extraño que en efecto esas medidas no supongan ningún progreso.

Siendo la tumba de casi 600 tripulantes, debe ser dejada intacta por respeto a ellosSantiago Mata

–¿En qué sentido no son un progreso?

–Desde el momento en que una tarea arqueológica se convierte en una meta política digamos nacional, no es extraño que se utilicen métodos contrarios a los de la conservación del patrimonio. Curiosamente, si en 2007 alarmamos por la forma como los cazatesoros habían expoliado el patrimonio subacuático español, cuando el presidente Santos se encontró en Colombia con el caso del San José, le entró prisa por «sacar el tesoro», y no se le ocurrió mejor idea que encargar la misión precisamente a los mismos cazatesoros.

–¿Y por qué no es la mejor idea?

Por la prisa y por la rentabilidad, que es lo único que buscan los cazatesoros: vender lo que saquen. Y esa idea trasnochada de que lo antiguo vale solo por el peso de su plata y su oro, implica negar el valor cultural de todo lo que encontramos en un yacimiento arqueológico subacuático, por ejemplo en el pecio de un buque hundido. Un valor que, además, en las legislaciones proteccionistas como la nuestra, hace que se prohíba su venta y por tanto sea imposible hablar de rentabilidad económica en tales operaciones. Eso al margen de que, siendo la tumba de casi 600 tripulantes, debe ser dejada intacta por respeto a ellos.

–¿Reclama España a Colombia la propiedad del tesoro o el respeto al yacimiento por esos motivos?

–En primer lugar, hay que dejar claro que la palabra tesoro es totalmente impropia, y por tanto es grave que tanto Duque como previamente Santos se refieran constantemente al tesoro del San José, como si solo la plata y el oro valieran. Para evitar un expolio indiscriminado como el que quiso hacer Santos antes de dejar la presidencia en 2018 (el pecio se localizó en 2015), España esgrimió el argumento de que el San José era, en efecto, un buque del Estado español y que por tanto no puede ser tocado sin consentimiento de España. Sin embargo, España es consciente de que los Estados hispanoamericanos son de algún modo coherederos de la España de la época de ese hundimiento, y que por tanto ese argumento no se ejerce para negar derechos a los demás: no es por tanto lo mismo que en el caso de Odyssey, cuando se presentó tras el hecho consumado de un expolio ya realizado, y para reclamar que se devolviera todo lo extraído del pecio.

–¿Podría entonces llegarse a un acuerdo para investigar –que no explotar– el pecio del San José?

–Eso sería lo deseable: en primer lugar evitar un expolio brutal que destruya el yacimiento buscando sacar de él exclusivamente aquello que puede venderse. Afortunadamente, una vez que se evitó el plan del presidente Santos, en 2019 el nuevo presidente colombiano, Iván Duque, cambió el plan, de modo que no se pueda pagar a las empresas que trabajen en él vendiendo lo extraído. Es una buena medida que, en la práctica, espantará a los cazatesoros, para quienes ya no será rentable.

Paradójicamente, algunos que invocan la historia para sacar aprisa esos materiales, terminan amenazando con destruir esas huellas del pasado

–¿Entonces quién debería llevar a cabo la extracción o la investigación?

–Hay que dejar las cosas en manos de arqueólogos y no de políticos. Por eso en efecto no hay que presuponer que haya algo que extraer, como se hace al emplear expresiones como «salvamento de la carga». En un buque histórico, como este hundido hace tres siglos, ya no hay una carga que salvar, sino una historia que contar y preservar, y en muchos casos la preservación es incompatible con la extracción, y si no hay preservación tampoco habrá historia que contar. Por eso, paradójicamente, algunos que invocan la historia para sacar aprisa esos materiales, terminan amenazando con destruir esas huellas del pasado.

–¿Por qué insisten entonces los presidentes colombianos en encargar la tarea a empresas privadas?

–Ellos sabrán quizá explicar qué lazos tienen con empresas que, a veces, ni siquiera son norteamericanas, pero que no están vinculadas al mundo académico, pudiendo acudir a expertos arqueólogos. En el caso del San José, han persistido en encargar la investigación, siempre con vistas a extraer la carga, a la empresa suiza Maritime Archaeology Consultants (MAC). No deja de ser paradójico que, quizá por el prurito de no colaborar con España, acudan a una empresa que si radica en Suiza no debe ser por las extensas costas de ese país.

La principal lección es que no puede esperarse de los políticos que protejan el patrimonio, y menos el subacuáticoSantiago Mata

–La aparición de casos como el San José lleva quizá a mirar atrás: ¿se ha aprendido algo desde el caso Odyssey?

–Algo, porque para salvar la honrilla se peleó para que se devolviera lo robado. La principal lección es que no puede esperarse de los políticos que protejan el patrimonio, y menos el subacuático, y hay que dar más voz y prestigio a las instituciones que son capaces de hacerlo, los arqueólogos, y a las personas que se han distinguido gastando esfuerzo, tiempo y dinero en esta lucha, y que en España se cuentan quizá con los dedos de una mano. Me parece que es de justicia resaltar en este punto la labor del periodista Jesús García Calero y del abogado José María Lancho. Desde luego, en el Ministerio de Cultura hay también grandes expertos, lo mismo que en el Museo Naval, en el de Arqueología Subacuática de Cartagena (ARQVA) o en la Academia de la Historia, a los que también hay que agradecer su labor a veces menos visible pero indispensable para la protección del patrimonio ya investigado en acciones concretas.