La guerra por el lenguaje inclusivo en Argentina llega a los juzgados

La restricción del lenguaje inclusivo derivó en su momento en una polémica que traspasó las fronteras argentinas. Pero dentro de los límites de propio país, el enfrentamiento continúa: un tribunal de la ciudad de Buenos Aires ha realizado la primera audiencia para estudiar los amparos que organizaciones políticas y sociales presentaron para frenar la decisión del Gobierno de la capital de prohibir que los docentes usen palabras como 'todes', 'tod@s' y 'todxs' en las escuelas.

En junio, el Gobierno local bonaerense presentó una resolución con la que buscaba «ordenar la utilización de la e, x, @, etc. por parte de los docentes» tanto dentro de las aulas como en las comunicaciones dirigidas a las familias. El alcalde, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró entonces que con ello se trataba de simplificar la manera en que aprenden los estudiantes, y la ministra de Educación capitalina, Soledad Acuña, aclaró que no se prohíbe el lenguaje inclusivo, sino que se busca fomentar otras formas de usarlo sin distorsionar la lengua española.

Esa medida generó una fuerte polémica y llevó a varias voces del lobby LGBT y de grupos políticos a presentar varios recursos de amparo para frenarla, que son los que ahora estudia la Justicia. Lo que se cuestiona de la nueva normativa es «la invisibilización que plantean quienes sienten que el masculino genérico excluye a las mujeres», además de que ven en la norma una ambición por censurar y prohibir, razón por la que la Unión de Trabajadores de la Educación sostiene que la medida es contraria «la inclusión y el respeto a todas las identidades» de género y ha advertido de que el personal docente continuará «construyendo una escuela pública e igualitaria para todes».

«Vamos a defender el uso del lenguaje incluso frente a la prohibición autoritaria y reaccionaria de Larreta y Acuña. Exigimos la suspensión inmediata de ese decreto aberrante», ha escrito en su cuenta de Twitter Manuela Castañeira, de la agrupación Nuevo Movimiento al Socialismo, una de las asistentes a la audiencia en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario 1 de Buenos Aires.

Por su parte, Cele Fierro, del Frente de Izquierda, otra de las asistentes, manifestó antes de acudir a la sesión –a la que fueron convocados, entre otros, la ministra Acuña y quienes presentaron los amparos– que «la presión de los recursos presentados y el rechazo de la comunidad educativa a la prohibición» fueron los responsables de que se pusiera en marcha este camino judicial.

«Ataque a la identidad de género»

«Esperamos que luego de escuchar a todas las partes quede en claro que el retroceso en la comprensión de textos no es culpa del lenguaje inclusivo, sino del deterioro social y de las políticas de ajuste que aplica el gobierno porteño. La resolución de Acuña, que se cree comisaria del lenguaje, ataca derechos humanos básicos: a la libertad de expresión ya la identidad de género. Por eso reclamamos su anulación», agregó.

Mientras que los sectores que apoyan el lenguaje inclusivo desean crear normas en el lenguaje, la posición de la RAE es que no es potestad ni de esa institución ni de nadie realizar esa tarea. El Gobierno del presidente de Argentina, Alberto Fernández, también se ha pronunciado a través del ministro de Educación, que si bien afirma su desacuerdo, ha expresado su deseo de «respetar su fondo», al igual que la autonomía de la ciudad de Buenos Aires para efectuar la prohibición.

En Argentina, la expansión del lenguaje inclusivo ha sido rápida y extensa. Existe incluso un departamento dentro del Gobierno de «Lenguaje inclusivo», que incluye «guías y y recomendaciones para una comunicación con perspectiva de género». Por ello, la resolución de los juzgados marcará un precedente que podrá extenderse no solo al resto de Argentina, sino al resto de países de habla hispana.