Miguel Platón: «Durante la II República, la violencia política causaba en torno a tres muertos diarios»

Miguel Platón (Melilla, 1949) cuenta con más de cuatro décadas de veteranía en periodismo, y en la publicación de libros de historia sobre la España de la II República y la Guerra Civil. Su título más reciente es un portentoso volumen sobre la represión que el bando victorioso ejerció a partir de la primavera de 1939: La represión de la posguerra. Es un libro que relata todo el contexto necesario —la II República vivió un estado de guerra o alarma cada dos meses, además de reiteradas intentonas golpistas o revolucionarias— y que traslada, a través de incontables casos muy concretos, cómo procedían los tribunales militares que, según Miguel Platón, derivaron en una cifra de 15.000 ejecuciones, la mayor parte debida a crímenes cometidos durante la guerra dentro de la zona controlada por el Frente Popular. Stanley Payne asegura en el prólogo que este libro es una «obra de inigualado valor» que «constituye una contribución a la historiografía coetánea de máxima importancia».

–Julio de 1936. España. ¿La República Española se parece algo a lo que dice la Ley de Memoria Histórica?

–No, nada. Absolutamente nada. La Ley de Memoria Histórica es una farsa. Lo único que persiguen es obtener réditos políticos actuales mediante una manipulación de lo que pasó en España hace 80 años o más. No hay más. Es muy parcial y muy sectaria. No hay ningún historiador de prestigio que se haya sumado a esto. Mienten mucho. Presentan como fosas clandestinas lo que son fosas comunes de cementerios. Se olvidan de la mayor fosa clandestina de toda Guerra Civil, que es la de Paracuellos del Jarama, donde hay 5.000 asesinados cuyos cuerpos no se han removido desde entonces. Es una manipulación política contemporánea, primero por parte de Rodríguez Zapatero, y luego por parte de Pedro Sánchez. Nada más. Su valor histórico es nulo.

En abril del 31, ya hay muertos en las primeras semanas y, sobre todo, el 11 de mayo se produce la oleada de incendios de iglesias y conventos en Madrid

–¿Era una España con un alto clima de violencia política?

–Mucha. Aproximadamente, la violencia política causaba en torno a tres muertos diarios. Esos tres muertos diarios eran de origen muy diverso: había derechistas muertos por izquierdistas; izquierdistas muertos por derechistas; y había víctimas de la acción de las fuerzas de orden público. El mayor episodio violento que se produjo la primavera del 36 fue en Murcia, cuando la Guardia Civil reprimió a unos manifestantes que querían cultivar en una zona muy peligrosa, donde podía haber corrimiento de tierras; me parece que hubo dieciocho muertos. Era una España muy convulsa, muy violenta. No participaba todo el mundo, pero había una minoría en todas partes que generaba violencia.

Por ejemplo, en 1933 había unas treinta personas en un hotel escuchando un discurso, una conferencia de Sainz Rodríguez, que era diputado en las Cortes. Y, de repente, son atacados a traición por parte de un izquierdista, según todos los indicios, de la UGT. La persona que es atacada, con herida de bala, muere a los pocos días. Esa violencia estuvo presente desde los primeros momentos de la Segunda República; durante la sublevación de Jaca, en diciembre de 1930, el jefe de la conspiración, capitán Galán, emite un edicto que dice: «Todo el que se oponga a la República en ciernes será fusilado sin formación de causa». Cuando él coloca el cartel con ese edicto en la calle de Jaca, las fuerzas rebeldes sublevadas ya habían matado a un sargento de la Guardia Civil y a dos carabineros.

En abril del 31, ya hay muertos en las primeras semanas y, sobre todo, el 11 de mayo se produce la oleada de incendios de iglesias y conventos en Madrid, que no causó muchos muertos, pero sí una gran destrucción cultural y, principalmente, generó un clima de inseguridad. Porque a los incendiarios no se les reprime y no se les aplica ningún castigo.

–Con el estallido de la guerra, ¿cuánto aumenta la violencia?

–Se multiplica por cien. En números redondos, pasamos de tres muertos diarios a trescientos.

–¿Cuántas de esas muertes se deben a acciones bélicas? ¿Cuántas se derivan de las penurias de la guerra, como hambre y enfermedad? ¿Y qué otra parte son crimen de guerra, persecución política y religiosa?

–Hubo de todo. No tenemos cifras definitivas, aunque casi. Aproximadamente, en los frentes murieron unos 130.000 o 150.000 personas. Y luego hubo una cifra similar de represión en la retaguardia. Y aparte hubo víctimas de las penurias de la guerra. No estamos hablando de un millón de muertos en total. Esa es una cifra mítica. La cifra real está en torno a 350.000.

En muchas ocasiones durante el verano del año 36, ese comité revolucionario decidía a qué vecinos había que matar. Se llevaba a cabo una lista o una votación con bolas blancas y negras, y a continuación se detenía a esos vecinos y se les mataba

–Habla usted de unas 130.000 víctimas de represión y crímenes de guerra. ¿Se distribuyen de manera similar entre ambos bandos?

–Esa es una polémica que todavía no está resuelta. No hay un contraste de fuentes verdaderamente útil. Yo no he podido hacerlo, porque he tenido capacidad para ver 20.000 expedientes, pero no tengo capacidad para ver más de 100.000. No me explico por qué no hay un departamento de Historia en alguna facultad de la universidad española que se ocupe, mediante una docena de investigadores, a elaborar una lista completa de todos los nombres.

Otro aspecto que hay que señalar es que ninguno de los dos bandos castigaba a sus propios asesinos, por término general. En el bando republicano —gubernamental o izquierdista, revolucionario, o como lo queramos llamar—, hubo más asesinatos dispuestos por los comités revolucionarios que ejecuciones debidas a un procedimiento judicial, aunque fuera un procedimiento espurio, como eran los tribunales populares, que ya vulneraban la Constitución del año 31.

En el bando nacional la mayor parte de las víctimas fueron ejecuciones debidas a consejos de guerra, que eran manifiestamente ilegales. Yo diría que en más de un 90% de los casos las víctimas no habían efectuado ningún delito de sangre y tampoco habían tenido una actitud política relevante. En el bando izquierdista, el ayuntamiento era suplantado por un comité revolucionario, formado básicamente por UGT, CNT, PCE, Izquierda Republicana, POUM.

Un día, en muchas ocasiones durante el verano del año 36, ese comité revolucionario decidía a qué vecinos había que matar. Se llevaba a cabo una lista o una votación con bolas blancas y negras, y a continuación se detenía a esos vecinos y se les mataba. En la zona nacional, la mayor parte de las víctimas eran militantes izquierdistas, y se produjeron más de 5.000 conmutaciones de pena. A partir de comienzos de 1937, Franco conmuta en torno al 40% de las penas de muerte.

Evidentemente hubo ánimo de revancha por parte de una minoría, porque durante la guerra se produjeron, en el bando derrotado, decenas de miles de asesinatos y de torturas, y de violaciones y de robos

–En su libro se indica que, al terminar la guerra, en las cárceles españolas hay 270.000 personas, sobre todo, presos políticos. ¿Cuál era la cifra al comenzar la guerra?

–En febrero del 36, la cifra se halla en torno a los veintitantos mil. Una parte de ellos procedían de la Revolución de Octubre de 1934. Con la llegada el Frente Popular al gobierno, la cifra se redujo y, en julio del 36, podríamos estar hablando entre 15.000 y 20.000. En diciembre el 39 son 270.000: la inmensa mayoría son presos del bando republicano pendientes de ser juzgados. Esa cifra se va reduciendo progresivamente durante los años siguientes. Por lo general, estaban dentro de prisiones atestadas; si una prisión estaba concebida para 500 personas, a lo mejor había 3.000 o 4.000.

En los consejos de guerra si alguien había participado en «hechos de sangre», era ejecutado; pero era necesario probarlo, y no bastaba con una declaración de un testigo referencial

–Cuando hablamos de represión tras la guerra, ¿hay ánimo de revancha o de justicia?

–Evidentemente hubo ánimo de revancha por parte de una minoría, porque durante la guerra se produjeron, en el bando derrotado, decenas de miles de asesinatos y de torturas, y de violaciones y de robos. Naturalmente, había personas con ánimo de revancha, pero esta no fue la actitud mayoritaria por parte de los consejos de guerra, que lo que pretendían era depurar las responsabilidades de los procesados, para determinar si habían tenido participación en lo que llamaban «hechos de sangre». Si no habían participado en «hechos de sangre», se les conmutaba la pena. Si alguien había participado en «hechos de sangre», era ejecutado; pero era necesario probarlo, y no bastaba con una declaración de un testigo referencial.

Hacía falta que fuesen muy sólidas las pruebas para que alguien resultara ejecutado. Además, la condena a muerte se examinaba después por un auditor de la región militar correspondiente. Ese auditor era un jurista, y podía determinar la insuficiencia del grado de probanza y proponer una conmutación de pena. Luego se revisaba por el Capitán General de la región militar, que solía ser más benévolo. A las pocas semanas de la sentencia del consejo de guerra, los condenados a muerte ya tenían una propuesta de conmutación y luego llegaba el trámite de una comisión de tres auditores con formación jurídica del Ministerio del Ejército de la Sección de Asesoría de Justicia. Esto llevaba varios meses. Se examinaban las peticiones de indulto y se solían presentar informes muy detallados.

Después de todos estos procedimientos, era Franco quien tenía la última palabra. Yo he examinado más de 16.000 expedientes individuales, y Franco únicamente intervino para modificar la recomendación en 26 casos: en diez a favor de la ejecución y en 16 a favor de la conmutación. En varias docenas de ocasiones, una vez que Franco había decidido la ejecución de una persona, los auditores paralizaron la ejecución porque se había obtenido nueva información favorable al condenado. Esa nueva información casi siempre conducía a cambiar una recomendación desfavorable por una recomendación favorable. Y Franco rectificó en todos los casos.