Una de las pinturas rupestres dañadas en la Sierra Sur de Jaén
La Guardia Civil investiga a un hombre que destrozó unas pinturas rupestres en Jaén para una foto en Facebook
El investigado arrojó agua a las pinturas rupestres, lo que podría dañarlas de forma irreversible
Al autor de uno de los peores destrozos contra el patrimonio arqueológico español poco parecía importarle que las pinturas rupestres de la Sierra Sur de Jaén ubicadas en los abrigos del Alto Guadalquivir tuvieran 6.000 años de antigüedad.
El individuo, vecino de Los Villares (Jaén), de 39 años, no dudó en arrojar agua a las pinturas para realzar los colores y hacer una foto más vistosa para colgar en su perfil de Facebook.
El problema, explica la agencia Efe, es que al aplicar agua sobre las pinturas las sales de la roca caliza (solubles en agua) se disuelven.
Al evaporarse, las sales se precipitan sobre la superficie, cubriendo las pinturas con una costra blanquecina, ocultándolas o destruyéndolas cuando la disolución afecta también al pigmento, causando un daño irreparable.
Agentes del Equipo de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil detectaron el atentado rastreando internet, donde encontraron las fotografías colgadas en Facebook.
A partir de ese primer indicio, la Guardia Civil inició la investigación. Se trasladaron al yacimiento para comprobar sobre el terreno el daño causado y localizaron al responsable gracias a la información dejada en internet.
El responsable, ya identificado, habría causado daños similares en otros yacimientos arqueológicos de la zona.
En todos los yacimientos afectados hay identificadas y catalogadas pinturas rupestres protegidas como Bien de Interés Cultural y cuyo estado se está tratando de valorar.
El caso ha levantado una nueva polémica sobre la protección que la administración da al patrimonio arqueológico de la Sierra Sur de Jaén, cuyas características geográficas, y naturaleza de los yacimientos, dificulta enormemente la protección y vigilancia.
Los alcaldes de la zona denuncian la desidia de las administraciones competentes (Junta de Andalucía, Gobierno de España) y lamentan la falta de fondos necesarios para proteger el patrimonio arqueológico de la provincia.