El significado de «salvar la democracia»

Está claro que 2024 es el año en que los ciudadanos de Occidente deben salvar la democracia. No importa qué medio de comunicación abras estos días, y no importa en qué país occidental te encuentres. Es muy probable que alguien intente convencerte de que este es el momento de «salvar nuestra democracia» y que, por tanto, cualquier cosa está justificada para evitar que la democracia sea destruida de alguna manera.

En Francia, Alemania y Estados Unidos se pide a la gente que vote a los «partidos democráticos». «Partido democrático» significa ahora «cualquier partido que no sea considerado de extrema derecha». La democracia sólo puede salvarse si se impide que los llamados partidos de extrema derecha lleguen al poder. Esto justifica medidas extraordinarias, por muy antidemocráticas que puedan parecer a algunos. Las normas electorales y parlamentarias vigentes desde hace muchos años y que han demostrado su eficacia se modifican o reinterpretan ahora de forma contraria a su espíritu original, todo ello con el fin de mantener a los nuevos partidos fuera del poder. Este objetivo une a todos los demás partidos que fueron adversarios políticos en otras circunstancias.

El pasado mes de julio, para impedir que la Agrupación Nacional (RN) de Le Pen obtuviera la mayoría de escaños en el Parlamento francés, los demás partidos trabajaron juntos antes de la segunda vuelta de las elecciones, eligiendo estratégicamente en cada circunscripción qué candidato se presentaría en solitario contra el candidato de la RN y agrupando todos los votos que no eran de la RN y que normalmente se habrían distribuido entre varios partidos, permitiendo que la RN obtuviera con toda probabilidad la mayoría en el Parlamento francés. La estrategia funcionó.

En Alemania, los partidos «democráticos» colaboran ahora regularmente para impedir que se concedan a la populista AfD ciertos derechos parlamentarios que nunca se han negado a ningún partido electo desde la fundación de la República Federal de Alemania. Esto incluye negar al partido cualquier presidencia de comisión en el Bundestag y cambiar el procedimiento parlamentario en el land de Turingia para negar a la AfD, que quedó en primer lugar en las últimas elecciones, el derecho preferente habitual de proponer un candidato a la presidencia del parlamento. Ahora está sobre la mesa una propuesta de reforma de la Constitución alemana para garantizar que la AfD, si algún día llega al poder, no pueda introducir cambios estructurales en el Tribunal Constitucional alemán con mayoría simple.

En Estados Unidos, las próximas elecciones presidenciales están siendo claramente enmarcadas por el Partido Demócrata como un momento decisivo que podría marcar el «fin de la democracia» si Trump resulta elegido. En los dos últimos años, Donald Trump ha sido acusado en varias causas penales y, a principios de este año, por primera vez, un presidente estadounidense en activo o ya retirado fue condenado por un delito. Observadores independientes no dudan de que «los motivos partidistas de los fiscales y jueces demócratas» eran evidentes. Fue un intento de debilitar la campaña presidencial de Trump mediante lawfare, aunque en este caso la estrategia parece haber fracasado.

Todas estas medidas son extraordinarias y podría decirse que sientan precedentes peligrosos. Pero según la retórica, circunstancias aparentemente extraordinarias exigen remedios extraordinarios.

Pero, ¿qué es realmente tan peligroso en nuestra situación actual, y qué quieren decir realmente nuestros líderes políticos cuando afirman que la democracia está en peligro y debemos salvarla?

A menudo se dice que democracia significa «gobierno del pueblo». Nuestras democracias representativas son una forma de gobierno en la que el pueblo elige a sus representantes para que tomen decisiones «en nombre del pueblo». Es lo que el físico y comentarista cultural Eric Weinstein denomina democracia de tipo A. La esencia de esta definición de democracia es que, en última instancia, se trata de la voluntad del pueblo, por oposición al gobierno de unos pocos (oligarquía) o al gobierno de uno solo (monarquía).

En contra de lo que probablemente temen muchas personas que escuchan a diario los eslóganes sobre salvar la democracia, no creo que nuestras élites políticas crean realmente que sea probable que Donald Trump o los partidos populistas de derechas europeos vayan a abolir la democracia de tipo A. Meloni en Italia y Orbán en Hungría no parecen estar intentándolo, y Trump no lo intentó durante su primer mandato. Por supuesto, se podría especular y argumentar que si Trump no acepta los resultados de las elecciones de 2020 y sigue diciendo que ganó, es capaz de cualquier cosa. Al parecer, algunas personas realmente creen que Trump un nuevo Hitler, y después de que la AfD quedara en primer lugar en las recientes elecciones en el land alemán de Turingia, un periodista de alto nivel de la cadena pública alemana ZDF comparó el momento con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Alemania nazi atacó Polonia en 1939.

Aunque esta periodista, al igual que mucha gente, cree sinceramente que estamos al borde de una nueva era nazi, no parece ser eso lo que realmente temen los estrategas de sangre fría de nuestras élites políticas, que impulsan la campaña mundial para salvar la democracia. Están motivados por algo totalmente distinto, y la voluntad del pueblo es lo último que les interesa proteger.

Cuando le preguntaron en un programa de entrevistas por qué la AfD alemana y otros partidos populistas europeos podrían ser peligrosos para la democracia, el renombrado historiador alemán Michael Wolffsohn citó su peligrosa proximidad a la Rusia de Putin y su actitud escéptica, incluso negativa, hacia la pertenencia a la OTAN como sus dos razones principales.

Esto, por supuesto, no tiene nada que ver con la democracia de tipo A. Más bien, Wolffsohn parece definir la democracia como algo muy diferente, que podría describirse como un conjunto de instituciones y dogmas políticos de Occidente que no pueden cuestionarse. Se refiere a lo que Eric Weinstein denomina democracia de tipo B, «un conjunto de instituciones que en su día surgieron de la democracia y que deben mantenerse fuertes» como parte de nuestro orden internacional basado en normas, que incluye la OTAN, la UE, el TLCAN, etcétera. La democracia de tipo B implica también un acuerdo, a veces explícito y a menudo implícito, entre Estados Unidos y sus aliados europeos, según el cual Estados Unidos utilizará su poder militar para proteger a Europa y sus rutas comerciales mundiales y, a cambio, las naciones europeas nunca socavarán importantes intereses políticos y comerciales de Estados Unidos.

Este orden internacional ha beneficiado enormemente a las élites occidentales y a la clase dirigente profesional occidental. Pero en las últimas décadas las clases trabajadoras occidentales se han visto negativamente afectadas por este orden internacional de libre comercio y globalización. Muchos puestos de trabajo en el sector manufacturero se han trasladado a países con salarios más bajos, y la reciente inmigración masiva ha presionado a la baja los salarios en todo Occidente. La disminución de la esperanza de vida de la clase trabajadora estadounidense y la pobreza generalizada en las antiguas ciudades industriales del norte de Inglaterra sirven de ejemplo de hasta qué punto estas personas se han visto perjudicadas por lo que se suponía que era un orden económico en el que todos salían ganando.

El auge del nacionalismo populista en todo Occidente en los últimos años es una rebelión contra la democracia de tipo B. Lo que une al movimiento nacional populista no es el fascismo ni el nazismo, sino el rechazo de la primacía del universalismo como principio subyacente del orden occidental. Como sostiene Mary Harrington, el consenso internacionalista que ha prevalecido desde la victoria de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, y que es el aspecto clave de la democracia de tipo B, rechaza la idea de que deba existir un in-group (grupo de pertenencia) nacional al que tratar de forma preferente. Los tratados de libre comercio, las políticas de fronteras abiertas y los tratados de asilo de Occidente, así como su adhesión a las convenciones de derechos humanos y la celebración del multiculturalismo, pueden considerarse una consecuencia directa de ello.

Según Harrington, ésta es la cuestión subyacente de nuestro conflicto actual:

¿Es moralmente legítimo, en cualquier circunstancia, distinguir entre un grupo de pertenencia (in-group) y un grupo de no-pertenencia (out-group) a la hora de asignar recursos sociales? ¿Existen los grupos de no-pertenencia? Se trata de una cuestión ideológica fundamental; y desde que Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial, y el igualitarismo por decreto triunfó en consecuencia en el País de la Libertad en los años sesenta, la única respuesta admisible a esta pregunta ha sido «no».

Nuestras élites políticas y económicas tienen un gran interés en mantener el statu quo del libre comercio y la mano de obra barata a través de la inmigración. La democracia de tipo B les ha proporcionado un enorme poder y riqueza, a los que comprensiblemente se resisten a renunciar. Incluso pueden tener razones legítimas para defender el orden actual internacional que van más allá del propio interés. Cambiar fundamentalmente un orden existente siempre conlleva el riesgo de crear el caos, y el caos no es preferible al statu quo.

Pero en lugar de permitir un debate honesto sobre lo que está en juego en Occidente, nuestras élites demonizan a quienes cuestionan el statu quo tachándolos de ultraderechistas, fascistas y antidemocráticos. Convierten este asunto en una cuestión de personas moralmente buenas o malas, y con ello sofocan cualquier conversación real. Están aboliendo de facto la esencia de la democracia mediante el control totalitario y la propaganda.

Cualquiera que haya prestado atención a cómo los principales medios de comunicación estadounidenses han negado sistemáticamente durante los últimos cuatro años que Joe Biden ha ido sufriendo cada vez más lo que ahora es una demencia severa a lo largo de su presidencia, y solo sacaron brevemente el tema a la palestra después del debate de junio, cuando temían que Biden pudiera perder las elecciones, sabe cómo casi toda la profesión periodística se ha convertido en formar parte de un enorme aparato de propaganda y ha dejado de ser periodistas.

Desde que Kamala Harris se convirtió en la candidata presidencial, el hecho de que Biden es obviamente completamente incapaz de ser presidente hasta enero del año que viene ha vuelto a ser tabú en los medios de comunicación. Durante todos estos meses, nadie sabe quién manda realmente en el país y quién toma las decisiones sobre la guerra en Ucrania, Oriente Próximo, etcétera. Ningún periodista se atreve a hablar de ello. Todo esto es obviamente una locura y debería convertirse en un ejemplo de libro de texto de cómo funciona la propaganda en nuestro tiempo.

Normalmente, uno pensaría que un joven y ambicioso periodista del New York Times o del Washington Post trataría de averiguar cómo se toman las decisiones en la Casa Blanca, o cuál es exactamente el estado de salud del presidente, y hasta qué punto supone un riesgo para la seguridad de la nación. Pero no, los medios tradicionales no se plantean ninguna de estas preguntas. La estructura de incentivos de la clase dirigente y sus instituciones es tal que nadie se atreve a cuestionar las numerosas líneas rojas. Saben que perjudicaría sus carreras. Es más, para la mayoría de los miembros de la clase dirigente profesional el desacuerdo con los dogmas ni siquiera es un problema, porque la mayoría de la gente de estos círculos piensa de forma muy parecida. Por ejemplo, no cuestionan la idea de que mantener a Trump fuera de la Casa Blanca es más prioritario que hacer periodismo de verdad.

Pero el quid del problema es que nuestras élites políticas y nuestra clase directiva no creen realmente en la democracia de tipo A. No confían en la gente a la que gobiernan. Se sienten moralmente superiores, por lo que pueden justificarse a sí mismos que no tienen que tener en cuenta los intereses y opiniones de la gente corriente. La democracia se convierte en un recipiente vacío cuando la opinión pública está totalmente controlada por la propaganda.

Pero las élites están perdiendo cada vez más el control de los medios de comunicación debido a la creciente relevancia de los periodistas alternativos y los nuevos formatos mediáticos.

Mientras las élites aceleran la censura de las voces discrepantes en las plataformas de Internet, las rebeliones populares que actualmente se manifiestan a través del populismo nacional son posibles gracias a estos medios alternativos. Veremos cómo continúa este conflicto en los próximos meses y años.