La pareja de la jueza que frenó el caso Negreira reconoce en una grabación que trabaja para el FC Barcelona

El empresario Ignasi Pietx, pareja de Silvia López Mejía, la jueza que frenó el caso Negreira durante la primera fase de la investigación, reconoce en una grabación que trabaja para el Fútbol Club Barcelona. El Debate publica hoy en exclusiva un vídeo en el que se ve y se escucha a Pietx reconociendo su vínculo económico con la entidad azulgrana. Esta afirmación choca con las declaraciones de la jueza, que afirma que no se abstuvo al considerar que no había incompatibilidad por conflicto de intereses.

«Hemos sido muchos años patrocinador oficial del Barça y les hemos hecho la cartelería y señalética del campo de entrenamiento y del Camp Nou y a parte también toda la impresión comercial que se hace internamente. Desde entradas, pases… Bueno, no, entradas no. Eso es otro tipo de tecnología», afirma Pietx frente a un grupo de empresarios. Estas palabras fueron pronunciadas por el cónyuge de la magistrada en un foro de empresarios que se realizó hace varios años en el Palau de la Música de Barcelona.

Pietx hace los trabajos para el Barça a través de su empresa Artyplan, dedicada a la reprografía. De hecho, en la página web de su compañía promociona sus servicios sobre una fotografía del Camp Nou. Entre los trabajos que realizan se encuentran la elaboración de los programas de los partidos, vallas publicitarias, banderas y pancartas y carteles alrededor del campo o en las gradas.

La conexión entre la pareja de la jueza y el Barça recae en dos documentos que ha publicado este periódico. Artyplan reconoce en un documento interno de la compañía ser el «proveedor preferente de toda la producción gráfica del club desde el año 2003». En cambio, tras las revelaciones de este periódico, el equipo ahora se desvincula de Pietx afirmando que «Artyplan SL no tiene ni ha tenido jamás la condición de proveedor preferente y mucho menos para la realización de servicios de producción gráfica de gran formato para el FC Barcelona».

Por otro lado, el Barça tiene registrada a la empresa del cónyuge de la jueza en su programa de patrocinio. El club también ofrece un descuento del 10 % a los socios que contraten los servicios profesionales de Artyplan. Para poder beneficiarse de la rebaja tan solo hay que presentar el carnet azulgrana.

A pesar del documento interno del club, el Barça ha declarado a El Debate que Artyplan «no aparece en el programa de ventajas a los socios y tampoco nos consta que haya aparecido en los últimos 10 años en dicho programa por lo que es evidente que en modo alguno se ofrece descuento alguno a los socios por contratar con esa empresa».

López Mejía pudo incurrir en una incompatibilidad al asumir el caso Negreira en su fase inicial al saber que su pareja trabajaba para el Barça. La magistrada, que guardó silencio cuando El Debate contactó con ella para conocer su versión de los hechos, afirma ahora que «de acuerdo a lo que la Ley Orgánica del Poder Judicial recoge en los artículos 219 y siguientes, no se da ningún supuesto de abstención».

Sin embargo, eludió explicar que, precisamente, uno de esos puntos prohíbe expresamente que un magistrado tenga interés directo o indirecto en el pleito o la causa. Fuentes judiciales explican que precisamente este punto es el más problemático, ya que si el Barça decide dejar de tener relación con su cónyuge los ingresos económicos de la pareja indirectamente también podrían verse afectados.

La juez también afirma que ninguna de las partes del procedimiento la recusó. La recusación es una acción por la que las partes solicitan a un juez (o a un letrado o perito, por ejemplo) que se aparten de un determinado asunto para asegurar la imparcialidad. Este hecho no podía ocurrir ya que ninguna de las partes tenía conocimiento de que su pareja mantenía relaciones económicas con el Barça. En su declaración no aclara por qué Pietx se reunió con Laporta cuando la investigación por los pagos del Barça ya se había iniciado.

El caso Negreira continúa

Al mismo tiempo, la instrucción del caso Negreira avanza. La semana pasada el juez dictó un auto en el que acordaba imputar por cohecho al presidente azulgrana, Joan Laporta al considerar que los pagos que el Barça hizo a Negreira entre los años 2008 y 2010 (momento en el que Laporta estaba al frente del club) no están prescritos. Por su parte, Laporta afirma que considera que no hay delito en su comportamiento y achaca los efectos de la investigación judicial a lo que ha denominado «madridismo sociológico».

La clave del auto es el plazo de cómputo de la prescripción. Este concepto constituye el límite temporal que ha establecido el juez para la atribución de responsabilidades penales. Al tratarse de un delito continuado de cohecho, a los presidentes del Barça se les aplica un plazo de diez años hacia atrás a contar a partir de la fecha del último pago, el hecho punible, que se llevó a cabo el 17 de julio de 2018. Una década hacia atrás nos remonta al año 2008, momento en el que Laporta era presidente del club.

El juez también razona su decisión incidiendo en la interrupción de la prescripción. Para ello explica que cuando se dirige un proceso penal contra una persona indiciariamente responsable de un delito la prescripción se interrumpe y queda sin efecto el tiempo transcurrido. Partiendo de esta premisa no se toma en consideración la fecha de marzo de 2023, cuando la Fiscalía interpuso su denuncia, sino de julio de 2018 que es cuando se llevó a cabo el último hecho punible. Y, desde ahí se cuenta hacia atrás.