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Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de FútbolEFE

La Federación se personará si los pagos del Barcelona a Enríquez Negreira llegan a juicio

La Real Federación España de Fútbol se personará «en los posibles procedimientos judiciales que se sigan» en el escándalo de los pagos del FC Barcelona a Enríquez Negreira, vicepresidente de los árbitros españoles hasta 2018.

Con un comunicado oficial, la RFEF expresa que su Departamento de Integridad inició este miércoles, día en el que saltó uno de los grandes escándalos en los últimos años en el fútbol, una información reservada dirigiendo requerimientos tanto a los responsables del Comité Técnico de Árbitros (CTA) como del FC Barcelona.

La Fiscalía de Barcelona investiga los pagos que el Barça hizo a Enríquez Negreira, vicepresidente del CTA durante 25 años, desde el 2016 a 2018, años en los que se le ingresó 1,4 millones de euros. Tanto el club como el exárbitro expresan que esos pagos se hicieron por recomendaciones del integrante del órgano de los árbitros a la entidad catalana.

La Federación, de la que depende el Comité Técnico de Árbitros, asegura que se personará en los posibles procedimientos judiciales que se sigan sobre este asunto. y añade que en «el momento en que se disponga de la información suficiente, la RFEF adoptará las medidas correspondientes dentro del marco de legalidad que debe imperar en todas estas situaciones».

Fue cesado cuando llegó Rubiales

Además, la Federación especifica que cuando el nuevo equipo llegó a mediados de 2018 –presidido por Luis Rubiales– renovó la cúpula del Comité de Árbitros, entonces presidido por Sánchez Arminio, al que cesaron igual que a Enríquez Negreira, que fue su número dos durante los 25 años anteriores. Casualmente, justo cuando dejó su cargo de vicepresidente, el exárbitro dejó de ingresar dinero del Barcelona, que alega que eligió ese momento para no pagarle más por «recortes de gasto».

En su comunicado, la RFEF exige, además de la declaración de no conflictos de intereses a todos los miembros de diversos órganos y empleados, una declaración ampliada firmada por todos los miembros de los comités disciplinarios y de designación arbitral en la que se obliga a detallar cualquier ingreso, al margen de lo percibido en la RFEF, que pudiera estar relacionado con el fútbol a los efectos de poder evaluar y verificar la efectiva y real inexistencia de conflictos de intereses. Todos los miembros han presentado y firmado dichos documentos.