La ley de Vivienda encalla a las pocas horas de nacer

Psoe y Podemos han logrado cerrar las bases de la futura ley de Vivienda. El acuerdo se produce tras más de un año de discusión entre ambos socios de Gobierno marcado por las líneas rojas que impusieron ambos grupos en la negociación. Una de ellas, la pintó el partido del presidente Pedro Sánchez: no regular el precio del alquiler.

Sin embargo, y a la espera de conocer todos los detalles por parte del Ejecutivo, la coalición ha cerrado las bases del texto a contrarreloj para cumplir uno de sus compromisos, aprobar los presupuestos para 2022 antes de final de año.

«No se ha tenido en cuenta la enorme cantidad de litigios que la ley va a desatar», asegura a El Debate José García Montalvo, catedrático de Economía Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra e investigador del IVIE, que recuerda que durante los primeros meses de rodaje de la ley de precios berlinesa, similar a la anunciada ayer, «se generó una lluvia de demandas en los juzgados». 

Quizá uno de los puntos más conflictivos, se encuentre en la ambigüedad del llamado 'impuesto a las casas vacías', ese incremento de hasta el 150% del IBI que plantea el texto. «¿Qué es una casa vacía?», se pregunta García Montalvo que insiste en que «una segunda residencia no es una vivienda vacía, el Gobierno debería poner en marcha una Encuesta sobre el Uso de la Vivienda, un trabajo que lleva meses haciendo el gobierno vasco». 

Todo ello, sin entrar en el marco competencial. La ley ya cuenta con rechazos más que significativos. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, a quien compete la gestión del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) ha adelantado su intención de no aplicar este artículo de la ley en la capital.

Un rechazo compartido por el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. El responsable de la Patronal calificó la norma como «injerencia sobre la propiedad privada». En su visita al South Summit, Garamendi insistió en que «esto crea inseguridad jurídica».

Otro de los puntos más polémicos, aquel que podría regular los precios a aquellos grandes tenedores de vivienda en alquiler, también genera dudas en los expertos. «Puede desincentivar la oferta», afirma Raymond Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas, quien insiste para El Debate en la enorme necesidad de ampliar el parque de vivienda destinada al alquiler social, «es una buena opción, aunque es imprescindible que no se concentre en barrios concretos».

Torres ve similitudes entre la ley trazada por Moncloa  y la norma berlinesa que congelaba los alquileres. «Es la más similar», una norma que fue declarada inconstitucional pocos meses después de su aplicación.

Berlín, último precedente

La normativa berlinesa, que vio la luz en 2020, es un peligroso precedente. La ley ha sufrido un viacrucis político y judicial desde su nacimiento. 

La norma, conocida como 'Mietendeckel' o 'de tope al alquiler', trataba de frenar el incremento de los precios, fijando un máximo de 9,80 euros por metro cuadrado. 

Las críticas no tardaron en llegar. Desde el Gobierno, el titular de las competencias de vivienda, Horst Seehofer, aseguró que durante sus primeros meses de rodaje, la ley «generó gran incertidumbre en el mercado y no creó un sólo apartamento nuevo». 

Poco después, el Tribunal Constitucional germano, tumbó la ley al considerarla contraria a la carta magna. 

Bono joven

Sánchez decidió quedarse con el anuncio del 'bono joven' durante su intervención ayer en el foro internacional en Sevilla. Esa ayuda de 250 euros durante dos años, para todos aquellos menores de 35 años con ingresos inferiores a 23.725 euros. 

Quizá sea la medida más amable, pero puede que la que menos impacto genere. «El motivo por el que los jóvenes no se emancipan no se soluciona así», cuenta el investigador del IVIE, «el problema está en la dificultad de acceso al mercado laboral», continúa. 

Las prisas no ayudan. Quizá todo fue demasiado precipitado, fruto de una reunión improvisada en el despacho de Pedro Sánchez. Sin embargo anunciar pinceladas de una ley tan relevante, implica un trabajo previo muy sólido, algo que el Ejecutivo parece que no ha hecho.