La amenaza del gasto infinito

La sostenibilidad de las cuentas públicas comienza a ser una preocupación cada vez más intensa dentro del análisis económico nacional, no sólo por el tremendo incremento de déficit de 2020 y el que se producirá también en 2021, sino porque se alcanza sobre la base de una subida desmedida del gasto, al tiempo que la economía ha descendido como nunca antes en tiempos de paz, y verá frenada su recuperación hacia los niveles anteriores a la pandemia cuanto más como perjudiciales sean las medidas adoptadas, como una peligrosa subida de impuestos y un incremento intensísimo del gasto público.

En este sentido, desde el Gobierno de la nación, Sánchez no deja de repetir que la subida de impuestos que va a imponer será una política que aplicará –él lo llama justicia fiscal– porque el gasto debe ser incrementado para garantizar la prestación de servicios públicos, todo lo contrario de lo que recomiendan todas las instituciones, empezando por el Banco de España, la Comisión Europea o la AIReF, que tras el incremento coyuntural piden volver cuanto antes a la ortodoxia, con planes estructurales que impidan que el aumento de gasto se quede de manera permanente. Ya hemos visto el plan presupuestario 2022 enviado a Bruselas, donde el Gobierno expone que pretende incrementar los impuestos en 15.000 millones de euros, en el marco de ese objetivo que se marca de elevar la presión fiscal española hasta la media de la UE, lo que supondría un aumento de ingresos tributarios en alrededor de 80.000 millones de euros, cuando se olvidan de decir que en esfuerzo fiscal, que es un indicador más completo para medir el sacrificio de los ciudadanos a la hora de pagar impuestos, España está entre los primeros países de la UE.

Todo ello, para tratar de financiar el verdadero problema que esta política económica está generando: la tentación de incremento de gasto público que tienen todas las administraciones al estar suspendido el cumplimiento de los objetivos de estabilidad. El Gobierno, con la lluvia de millones que espera recibir de los fondos europeos, anota gasto y gasto en sus presupuestos, cuando su llegada puede ir a un ritmo más lento, condicionado al cumplimiento de unos ajustes y reformas que el Gobierno se resiste a hacer.

Del mismo modo, en este 2021 ha tratado de regar a las CCAA con un fondo equivalente a 1,1 puntos porcentuales de PIB, dejándoles la posibilidad de endeudarse por otro 1,1 % más. Cada punto de PIB son 11.000 millones de euros, en números redondos, que van a engrosar la deuda española, con independencia del nivel de la administración en el que se coloque el gasto y el endeudamiento. ¿Cuántas CCAA van a renunciar a ese déficit adicional de 1,1 puntos (sin contar el equivalente a la misma cantidad que les llegará por ingresos extraordinarios desde el Gobierno central)? Me temo que muy pocas, porque la mayoría querrán anestesiar la situación con más partidas de gasto que no pueden mantener en el tiempo. Para 2022, les ha perdonado la liquidación negativa de las entregas a cuenta de 2020, de manera que no se ajustarán y aplazarán el problema. ¿También piensa el Gobierno perdonarles en 2023 las liquidaciones negativas de las entregas a cuenta de 2021, pese a que es posible que empiecen a operar ya las reglas fiscales? ¿Qué sucederá entonces, cuando haya que hacer un ajuste mayor y en menos tiempo?

De ese modo, no sólo el Gobierno de la nación va a tener la tentación de gastar más, que ya lo hace, sino que las CCAA, con unos ingresos inflados artificialmente –lo estuvieron en 2020 y lo están en 2021– que tendrían que devolver de manera millonaria en 2022 y 2023 por las liquidaciones de 2020 y 2021, respectivamente –aunque, de momento, las de 2020 se las ha condonado el Ejecutivo–, en los que, al ser años cercanos a las elecciones, podemos esperarnos lo peor, pueden también gastar más de lo que necesitan, bien porque algunos son de tendencia natural al gasto, bien porque otros, los menos, tienen miedo de que les pueda sobrar el dinero y cerrar con superávit en un tiempo azotado por la pandemia.

Los primeros, deberían dejar de criticar las bajadas de impuestos y, al mismo tiempo, acabar con el derroche de fondos del contribuyente al que nos tienen acostumbrados. Los segundos, deberían armarse de valor y, si les sobra dinero, cerrar con superávit y amortizar deuda, que no nos vendría nada mal. A estos últimos los van a criticar políticamente hagan lo que hagan, así que, por lo menos, si los critican que sea por hacer las cosas bien.

Por su parte, los ayuntamientos tampoco deberían querer tener tanto margen para poder gastar sus remanentes, porque es crear un gasto estructural donde no lo hay, que puede ser muy nocivo a futuro.

No se puede generar más gasto, y menos estructural, porque la economía española no soporta mucho más endeudamiento, pese al paraguas de la eurozona y del BCE, que, obviamente, no iban a dejar que España colapsase, pero que si España se endeudase tanto que pudiese suponer un riesgo para la estabilidad del euro, no dudarían en intervenirla e imponerle recortes muy duros, los cuales se pueden evitar si quienes gobiernan son responsables y sensatos.

España debe iniciar, a todos los niveles, un exhaustivo programa de ajustes y reformas profundas, dirigido por el diseño de una austeridad inteligente, que si la hacemos nosotros podrá permitir equilibrar las cuentas, crecer con fuerza, recuperar el empleo y salvar gastos esenciales, como las pensiones, pero que si, por no hacer las cosas bien y seguir aumentando el gasto, déficit y deuda, tiene que ser la Comisión Europea la que diga dónde ajustar, entonces sí que habrá recortes duros, por ser todavía peor la situación, en elementos muy sensibles.

No podemos gastarnos lo que no tenemos, porque, al hacerlo, estaremos comprometiendo nuestra prosperidad, nuestro futuro, nuestra fortaleza como economía. El nivel de confiscatoriedad en los impuestos es ya insoportable, pero aunque lo incrementasen más, apenas aumentaría la recaudación; más bien lo contrario: en el medio plazo caería con fuerza y dejaría al descubierto todo el gasto que no puede ser financiado, pudiendo generar un colapso importante de impagos. La responsabilidad debería imperar, máxime ahora que los políticos pueden aprovechar que no hay un calendario electoral cercano, lo que debería ahuyentar la tentación política de querer ofrecer medidas electorales de gasto a los votantes. Por su parte, la sociedad debería entender definitivamente que nada es gratis, que cada vez que un político anuncia un gasto, está anunciado, simultáneamente, mayor deuda y mayores impuestos, y que no podemos seguir viviendo por encima de nuestras posibilidades, o pasaremos, si no se corrige, a vivir mucho peor.

Sólo el gasto necesario, nada estructural adicional, eliminar trabas, no subir los impuestos de manera neta y llevar a cabo un control riguroso para que no se gaste ni un céntimo más de lo que se necesite. Eso es lo que hay que hacer si queremos mantener nuestra economía a flote en el medio y largo plazo. Frente al gasto infinito, los impuestos confiscatorios, el déficit recurrente, la deuda exponencial y el estancamiento económico y paro elevado, la opción eficiente es el rigor presupuestario, que permitirá generar el marco económico adecuado para una fuerte recuperación.

José María Rotellar es profesor de la Universidad Francisco de Vitoria