Recorte de previsiones de crecimiento, impuestos más altos: a Sánchez se le atraganta la recuperación

Nuevo jarro de agua fría para el Gobierno de Pedro Sánchez. La Comisión Europea ha anunciado un drástico recorte de las previsiones del Ejecutivo. Bruselas ha rebajado su previsión del crecimiento español al 4,6 % en 2021, y al 5,5 % en 2022, 16 y ocho décimas menos, respectivamente, que las estimaciones sobre las que Sánchez ha construido sus Presupuestos.

Con los cálculos de Bruselas, España será la última de las cuatro grandes economías del euro en recuperar el nivel de PIB anterior a la crisis: no lo hará hasta el primer trimestre de 2023, mientras que Alemania, Francia e Italia lo conseguirán antes de que termine 2022.

El Gobierno de Sánchez se enfrenta a un camino de la recuperación económica plagado de piedras y baches. La euforia que el Ejecutivo trata de vender desde hace un año, se ha estrellado con la desconfianza de la Comisión Europea. Bruselas no se fía de que España sea capaz de dominar el toro de la postpandemia y ha exigido una lluvia de medidas a cambio de los ansiados fondos europeos sobre los que Sánchez ha construido su triunfalismo económico.

El Gobierno tiene varios problemas que es incapaz de solucionar. Algunos globales, como el encarecimiento del precio de la electricidad; otros circunstanciales, como la crisis del gas generada por el pulso entre Argelia y Marruecos; y otros muchos que han engordado fruto de su falta de previsión. Y es ahí donde está (y siempre ha estado) Bruselas para arrancar al Ejecutivo de su ensoñación económica, y devolverle a la pura realidad. 

En ella, España se enfrenta a un sistema de pensiones insostenible que acumula un agujero de 80.000 millones de euros, en esa realidad la gratuidad de las autovías caduca en 2024, los transportistas convocan paros de actividad la misma semana de nochebuena, los autónomos estallan después del ’enésimo esfuerzo’ exigido por el Gobierno; en esa realidad los impuestos subirán en 2022 a consecuencia de la reforma fiscal que prepara un Ejecutivo dividido e incapaz de acordar con empresarios y sindicatos una reforma del mercado laboral.

Además, Moncloa es un testigo impotente de la espiral alcista del IPC, disparado al 5,5 % en octubre, unos niveles que no se veían desde hace casi 30 años

Demasiados motivos que justifican la intervención que Bruselas ya ha puesto en marcha sobre la política económica de España. El Ejecutivo europeo utiliza esta vez el grifo de los fondos de reconstrucción Next Generation, para tomar ‘por las bravas’ decisiones que Sánchez ha sido incapaz aplicar.

Habrá que cotizar más años para cobrar menos

La principal, una reforma del sistema de las pensiones. Europa no quiere que los menores de 40 años hipotequen su futuro pagando las pensiones de la generación ‘baby boom’. Es por ello, por lo que exige un cambio de las reglas que asegure una equidad entre generaciones.

En concreto, Bruselas ha obligado a Moncloa a aumentar de 25 a 35 años el periodo de cómputo de las pensiones. Es decir, para calcular la pensión contará los últimos 35 últimos años de vida laboral, y no los últimos 25, como hasta ahora. Esta medida supondrá un recorte práctico en las pensiones medias que se percibirán en el futuro.

La medida, que ya había sido contemplada por el Ejecutivo, se suma a incremento de las cotizaciones a los trabajadores durante los próximos 10 años, que Escrivá anunció el pasado lunes y con el que pretende recaudar 25.000 millones de euros para destinarlos a ‘rellenar’ una hucha de las pensiones que, hoy en día, está completamente vacía.

A todo ello, hay que añadir la presión que el repunte la inflación tiene sobre el sistema de pensiones. Cada punto del IPC supone un abono adicional de 1.400 millones de euros, en pensiones.

Pagar por kilómetro recorrido

Otra de las exigencias europeas se presenta en un ‘impuesto’ que no discrimina entre rentas. Antes de que concluya el 2023 habrá que pagar un peaje por usar las carreteras españolas. El Ejecutivo tiene previsto enviar al departamento que dirige Ursula Von der Leyen el modelo de aplicación antes del mes de abril del próximo año.

Se prevé que sea progresivo. En una primera fase se aplicaría el peaje por viñeta, es decir, una especia de abono anual, mensual o diario que permitirá al conductor recorrer los kilómetros que quiera. Sin embargo, más adelante es previsible que se empiece a cobrar por kilómetro recorrido, tal y como ocurre en las autopistas.

De momento, no hay detalles de los costes que supondrá este sistema para el bolsillo del usuario, pero podemos echar un vistazo a otros países de la UE para hacernos una idea. En otros estados miembros se paga en torno a los nueve céntimos el kilómetro recorrido. Es decir, hacer un trayecto diario de 40 kilómetros, podría suponer un coste de más de 35 euros, siempre que el vehículo sea ligero. En el caso de los camiones, el coste podría doblarse. Es por ello por lo que los transportistas anunciaron el pasado miércoles una huelga durante los días 20 y 22 de diciembre como protesta contra las pretensiones del Gobierno.