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El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, en el CongresoEFE/ Fernando Alvarado

A Escrivá le estalla la reforma de las pensiones

El acuerdo firmado con Bruselas para recibir los fondos europeos implica continuar con las modificaciones que inició el Gobierno del PP

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, venía precedido de un gran prestigio tras su paso por la Airef o BBVA, pero su buena imagen parece estar desapareciendo para muchos economistas; por ejemplo, para Javier Santacruz: «Había publicado y defendido ideas que ha cambiado radicalmente porque la política le ha obligado a cambiar. Ahora está buscando alternativas que teóricamente respalden los resultados que obtenía hace años. Los economistas manejamos muchos modelos, pero a menudo no tenemos la capacidad de llevarlos a buen término porque son perjudiciales para las familias, las empresas o el conjunto de la economía, y lo que no es perjudicial, puede no ser aceptable políticamente. Es un dilema del que no podrá salir en lo que queda de legislatura».

Escrivá decidió meterse en este embrollo, y la reforma de las pensiones, la gran tarea para la que vino, puede estar estallándole. El primer gran correctivo se lo ha aplicado la Comisión Europea. La publicación del acuerdo con Bruselas para recibir los fondos europeos remarca la exigencia al Gobierno de que no se desvíe de las reformas de pensiones de los años 2011 y 2013 implantadas por el PP: «Respalda la reforma de 2011; le da una vuelta de tuerca con el requisito de añadir el aumento del cómputo de años al retraso en la edad de jubilación, y refuerza la de 2013. Introduce elementos de sostenibilidad del sistema y remarca la necesidad de cuadrar las cuentas futuras de la Seguridad Social. Implica que se generarán pensiones más bajas en relación con el salario medio y que el gasto en pensiones se vaya moderando. El contrato firmado con Bruselas refleja que no se pueden desviar ni hacer nada distinto a lo realizado en las reformas de 2011 y 2013», explica Javier Santacruz, que también es vicepresidente de la Asociación de Educadores y Planificadores Financieros (AEPF).

A la vista del contrato, este economista estima que el Gobierno puede «ir olvidando» llevar a cabo una reforma completamente distinta a la de 2013, el discurso de derogar de facto el factor de sostenibilidad y otras cuestiones: «El requisito de equilibrar las cuentas de la Seguridad Social presente en el acuerdo lleva implícito que no tiene sentido aumentar las cotizaciones (como el ministro ha anunciado que quiere hacer). Incidiría en los ingresos, donde no hay un problema, y no lo haría en los gastos, donde sí lo hay. Es como si operas a alguien del riñón bueno cuando tienes que actuar sobre el malo. El acuerdo señala que no se puede desandar el camino de 2011 y 2013; se puede rehacer algo en torno al IPC y las pensiones, pero el resto de la reforma no se toca».

Hacia los 35 años de cotización y la rebaja de un 3 % en la pensión media

La Comisión Europea no marca la cifra exacta que requiere para el aumento de años de cómputo de la cotización para calcular la pensión ni la edad a la que hay que jubilarse: «Creo que primero iremos a los 35 años de cotización, y más adelante, a toda la vida laboral. Aún es pronto para imponer la cotización de toda la vida laboral. Los ciudadanos no están preparados. La cifra de 35 años se maneja desde hace tiempo. Ya estaba en los borradores del Pacto de Toledo», explica Santacruz. ¿Por qué 35 años? «El promedio de cotización de las carreras profesionales está entre los 35 y los 37 años, especialmente en los que empiezan ahora a ser pensionistas y los que comenzarán en los próximos años. Los cinco-ocho primeros años no suelen computarse y se empieza a contar desde los 30, cuando ya el sueldo es mayor, hasta los 65», indica.

El salto a cotizar por toda la vida laboral supondrá una caída aún más importante para las nuevas pensiones. Por eso ahora los políticos no quieren ni que se plantee: «Los cambios ahora afectarán sobre todo a los babyboomers (nacidos entre los años 1960 y 1975, 7,7 millones de trabajadores), que son la principal fuerza electoral, a las clases medias. No solo supondría un coste económico y social elevado; también político. Es para pensárselo dos veces».

El cambio en el cómputo afectará lógicamente a las pensiones nuevas. Las que ya existen no se tocan. La rebaja para la pensión media será de un 3 %, según Santacruz, y el ritmo de la caída será mayor o menor según la rapidez con la que se implante el cambio en el cómputo de años. Si la implantación es gradual, el impacto será menor.

Ahorro y poder adquisitivo

Las personas que actualmente tienen entre 50 y 60 años buscan cómo resguardarse de la más que probable caída de la pensión media. Los porcentajes actuales de penalización por la prejubilación implican que aún compense jubilarse uno o dos años antes de la edad prevista para tener una pensión mejor.

Otra opción para ellos sería apostar por un plan de pensión individual, pero el Gobierno también está atacando esta posibilidad con medidas como la reducción de 2.000 a 1.500 euros de las cantidades deducibles: «Quita capacidad de planificación a largo plazo a la persona que está cerca de la jubilación y quiere diversificar su ahorro ante la posible bajada de la pensión media», lamenta Santacruz.

La ventaja de la apuesta del Gobierno por los planes de pensiones de empleo (instrumentos de ahorro previsión promovidos por empresas e instituciones para sus trabajadores) tampoco se ve clara: «No está claro el beneficio de imponer una cotización más alta a la Seguridad Social cuando ese incremento podría destinarse al fondo público que quiere crearse pensando en destinar las cotizaciones sociales o a un fondo privado de empleo», estima Santacruz.

A los españoles no se les ayuda a ahorrar, y su poder adquisitivo tampoco está garantizado. El equilibrio de las pensiones en relación con el IPC no parece que vaya a ser duradero, según Santacruz: «Es insostenible. Durará hasta que se recuperen los requisitos de déficit y deuda del Plan de Estabilidad y Crecimiento de la UE que ahora están suspendidos, o hasta que se provoque una crisis de deuda soberana. Entonces volveremos al índice de revalorización que se implantó en la reforma de 2013 y será una vuelta más dolorosa: para cuadrar las cuentas habrá que bajar la pensión media no solo de los que entran en el sistema, sino de todos», concluye Santacruz.