La plusvalía: ¿Recursos de los municipios o de los ciudadanos?
Se ha convencido a la gente de que el aparato estatal y los ciudadanos son lo mismo, cuando no es así
El Tribunal Constitucional declaró que el método por el cual se obligaba a liquidar la llamada «plusvalía municipal» no se ajustaba al texto de la carta magna. Rápidamente surgieron voces preocupadas por la «pérdida de recursos para los municipios» (unos 2.500 millones de euros anuales). Como es habitual en estos casos, añadían el latiguillo de que se ponía en riesgo «la financiación de servicios públicos esenciales».
Está tan extendida en España la mentalidad socializante que prácticamente pasa inadvertido el primer problema fundamental de la «plusvalía», que no se puede corregir con ninguna innovación en su método de cálculo: es un caso flagrante de doble imposición. Se cobra un impuesto sobre una renta que, de existir (porque también puede haber pérdidas), está alcanzada por el IRPF. Lo lógico, por lo tanto, sería la supresión lisa y llana de la «plusvalía».
En ese punto, surge otro gran equívoco fruto de la mentalidad socializante: hay un convencimiento generalizado acerca de que la reducción de los recursos tributarios de los municipios es un problema para la ciudadanía. Se ha convencido a la gente de que el aparato estatal y los ciudadanos son lo mismo, cuando no es así.
El caso de la «plusvalía» lo hace evidente: los recursos que no perciban los ayuntamientos quedarán en el bolsillo de sus dueños, que gozarán de más oportunidades (de gasto, de ahorro, de inversión). Más oportunidades para los individuos significa una mayor libertad. Por lo tanto, la reducción de los recursos tributarios de los ayuntamientos no es necesariamente un problema para la gente, sino más bien lo contrario.
Entonces se alega la necesidad impostergable de financiar «servicios sociales». Pregunto: ¿tenemos evidencia de una gestión austera por parte de los municipios? ¿Hay en el ámbito municipal una gestión lo suficientemente cuidadosa del dinero de los contribuyentes como para que estén moralmente habilitados para pedir más recursos? En absoluto.
De lo que tenemos evidencia, en especial en los municipios más grandes, es de una descarada extralimitación de funciones y de subsidios de todo tipo. De lo que tenemos evidencia es de una estructura municipal totalmente obsoleta, con más de 8.100 municipios, cuando un país 17 veces más grande que España (Brasil) tiene 5.000. Si todos los municipios españoles tuvieran la misma superficie que la ciudad de Buenos Aires (200 kms²), habría en España 2.530 municipios; si midieran como Toronto (630 kms²), habría 803. Incluso, si los municipios tuvieran de media una población como la de Teruel (con 36.240 personas, es la capital de provincia menos poblada), bastarían en España 1.310 ayuntamientos. Pero hay más de 8.100, con 67.500 concejales (1 de cada 700 personas).
Las 50 capitales de provincia tienen 15,2 millones de habitantes. Eso da un promedio de 303.500 personas por municipio. En los 8.050 restantes ayuntamientos hay 32,3 millones de personas, con una media de apenas 4.000 habitantes. En lugar de fusionar miles de ayuntamientos y dotarlos de un tamaño suficiente para cumplir con sus tareas, se duplica la estructura con las Diputaciones. Todo eso tiene un coste inútil (para el hombre de a pie, pero funcional para el político), que pagan los ciudadanos. Esa excesiva estructura municipal hace que se paguen más impuestos de los que serían necesarios con una administración racional.
El caso de la plusvalía pone todo esto al desnudo. No faltan recursos para financiar servicios municipales; sobran políticos acostumbrados a sablear a los ciudadanos. No faltan recursos para financiar servicios municipales; hay derroche promovido por una estructura obsoleta. No faltan recursos para financiar servicios municipales; faltan ganas de gestionar con eficacia. ¿Se entendió?
Diego Barceló Larran, director de Barceló & asociados
