La dudosa utilidad de los primeros proyectos que recibirán fondos europeos

Parte de la sociedad española tiene grandes esperanzas en los fondos europeos, pero el comienzo del reparto no está siendo alentador. En su día ya se habló del millón de euros para que autores literarios pudieran pasar hasta dos meses de estancia en el extranjero, con un importe máximo de 10.000 euros por estancia; un privilegio llamativo, pero las sorpresas no dejan de aparecer.

Una de las más destacadas de los últimos meses ha sido los 160 millones de euros destinados a la financiación de primeras experiencias profesionales de los jóvenes en las administraciones públicas. Su idea es impulsar contratos en prácticas para jóvenes de entre 16 y 29 años en el sector público; ni hablar del sector privado y el emprendimiento. Lo que importa es lo público, y que los ingresos de los ciudadanos dependan de papá Estado. 

Otra partida polémica en esta línea está siendo la inversión de 25,1 millones para financiar la creación y actividad de nuevos centros de orientación y emprendimiento. Se considera que en todas las comunidades autónomas debe existir al menos uno, y se asigna el mismo importe a todas en el reparto territorial. Hay dudas sobre su necesidad: comunidades como Madrid lo tienen externalizado y funciona perfectamente. ¿Tiene sentido crear más entidades públicas –como si no hubiera ya suficientes, muchas de ellas sin actividad–? ¿No es mejor probar si funcionan bien externalizándolas, como ha hecho Madrid? ¿Tiene lógica asesorar sobre el emprendimiento en el sector privado desde un organismo público?

También llama la atención el dinero dirigido a la corrección de tendidos eléctricos para evitar daños en avifauna (conjunto de aves del país). Cada año mueren entre 11.000 y 33.000 aves por su colisión y electrocución en líneas de alta tensión. Entre estas aves se encuentran el águila imperial ibérica, el águila perdicera y la avutarda. El propósito es muy loable: acondicionar los tendidos eléctricos para evitar las muertes (hacer los cables visibles para eludir el choque y enfundar con material aislante las zonas cercanas a los apoyos eléctricos, entre otras medidas). La pregunta es por qué han de destinarse nada menos que 60 millones de euros de los fondos a esta partida en lugar de ser abonados por los propietarios. La Ley de Responsabilidad Medioambiental dice que el generador de la actividad económica es quien debe evitar provocar un daño al medio ambiente. Los propietarios de los tendidos eléctricos son empresas y particulares. El dinero va dirigido a las comunidades autónomas, «si bien los destinatarios finales de las mismas podrán ser las entidades públicas o privadas, así como los particulares titulares de las líneas eléctricas objeto de las actuaciones», según se explica en el acuerdo de la aplicación del Real Decreto. El reparto del dinero cuenta además con diferencias considerables: mientras Castilla y León recibirá 13,7 millones y Andalucía 11,6, Madrid se quedará en algo más de 760.000 euros.

Otras de las asignaciones pueden ser también discutibles para los españoles en general. Las campañas, acciones de comunicación y material de divulgación sobre pensiones, ingreso mínimo vital, Sello Social e información sobre beneficios de la migración, por ejemplo, cuestan 3,48 millones; también son financiadas con fondos europeos y por tanto es un dinero restado a otras partidas. 

Transversalidad de género en el SEPE

El Gobierno destina 3 millones de euros a la contratación de un servicio para integrar la transversalidad de género en el diseño, desarrollo y evaluación de las políticas públicas de activación para el empleo. 

Partiendo de un diagnóstico inicial de la situación, su objetivo es «la definición e implantación de un conjunto sistematizado de objetivos y criterios de actuación que sirvan de apoyo a las administraciones públicas del Sistema Nacional de Empleo para integrar la transversalidad de género en las políticas de apoyo a la activación para el empleo, y para adoptar medidas y realizar acciones de refuerzo de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en los diferentes Ejes en que se articulan las políticas activas de empleo». El elemento de medición no es el talento o el trabajo bien hecho, sino el género.

Según el pliego de la contratación, «el alcance de este contrato comprende la elaboración de planes de igualdad que permitan a los servicios Públicos de Empleo del Sistema Nacional de Empleo integrar transversalmente la perspectiva de género en las estrategias y actuaciones de activación para el empleo que implementen en sus respectivos ámbitos de gestión, así como en realizar el seguimiento de su aplicación mediante un sistema de indicadores diseñado para su evaluación». Si midieran con igual énfasis el crecimiento real de nuestra economía, quizá nos iría mejor.

La realización del diagnóstico «tiene que proporcionar información, y permitir identificar los puntos fuertes y oportunidades de mejora para diseñar una intervención, desde un enfoque de género, adaptada a la realidad de los programas y actuaciones de los previamente auditados Servicios Públicos de Empleo. Por consiguiente, resulta fundamental que el diagnóstico se elabore de forma participada, con información documental, entrevistas y encuestas a distintos grupos de interés y con orientación instrumental, esto es, dirigido a la elaboración de los Planes para la Igualdad, tarea que también se integra en este servicio». Dinero europeo al servicio de la ideología.

El equipo, desde luego, deberá estar alineado ideológicamente con la medida. En su curriculum debe haber «experiencia laboral de más de 10 años en la transversalización de la perspectiva de género en políticas, planes y procedimientos administrativos y en organizaciones, en la realización de investigaciones o diagnósticos con perspectiva de género y en el análisis de impacto de género, así como en la realización de procesos de acompañamiento con participación de los agentes implicados para la transversalización de la perspectiva de género». También «experiencia demostrable en el diseño de, al menos, una aplicación informática de soporte para la gestión de planes de acción que tengan en cuenta la dimensión de género», «formación especializada en materia de perspectiva de género y políticas de igualdad de oportunidades, de como mínimo de 350 horas, acreditada mediante máster universitario o título correspondiente certificado por un organismo público de igualdad» y «autoría de publicaciones relacionadas con la transversalización de la perspectiva de género». Estos son los proyectos en los que se están empleando los fondos europeos para financiar la recuperación económica después de la crisis del Covid.

Adif saca partido

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de Transportes, también está aprovechando los fondos europeos. La empresa pública libera así sus cuentas de una serie de trabajos que en principio debería asumir con sus recursos, y que no son especialmente revolucionarios. Entre ellos están la renovación integral de la infraestructura y vía del tramo Calañas-Peguerillas (3,7 millones de euros), la renovación de parte de la vía Torralba-Soria (3,4 millones de euros), el suministro y transporte de carril para el acceso a la nueva terminal del aeropuerto de Barcelona (1,78 millones de euros), el suministro de traviesas para la adaptación de la estación de Can Tunis (1,6 millones de euros), el suministro y transporte de traviesas para la puesta en servicio del acceso a la nueva terminal del aeropuerto de Barcelona (1,06 millones de euros) y el suministro y transporte de carril para la renovación integral de infraestructura y vía del tramo Peguerillas-Huelva (860.467,75 euros). Se trata de un buen alivio: más de 12 millones de inversiones que los beneficiados tendrán que agradecer a Europa.