La llamada a los expatriados
El reciente documento suscrito en Santiago de Compostela por ocho presidentes regionales en torno al modelo de financiación autonómico, plantea algunas cuestiones novedosas junto a otras muy manidas. Entre las primeras está la reivindicación de un protagonismo mayor para los compatriotas de más de 85 años que, usando el término del propio documento, denotan un sobreenvejecimiento que requiere de financiación especial.
También es llamativo el acento puesto sobre la cuestión demográfica hasta el punto de aplicar a su situación el sustantivo de «emergencia». Naturalmente no es una reivindicación nueva, pero sí lo son dos aspectos de la misma. El primero es lo absurdo que resulta subrayar la gravedad del envejecimiento demográfico y la baja natalidad sin reivindicar, siquiera en una sola palabra, recursos que ayuden a aumentar el número de nacimientos. La necesidad de favorecer la natalidad está, sin duda, en la cabeza de los firmantes, pero no han sido capaces de dejarlo por escrito.
El segundo aspecto a destacar es la apuesta que se hace por apoyar el retorno de los españoles expatriados como vía para luchar contra el vaciamiento interior. Este llamamiento se amplía a los descendientes de quienes, en su momento, buscaron en el extranjero lo que no encontraban en España. Es esta una propuesta interesante y podría articularse a través del Ministerio de Asuntos Exteriores vehiculando a los residentes extranjeros información sobre los incentivos que se ofrecerían a quienes decidieran retornar. Un fondo nacional para favorecer el retorno de los españoles expatriados ayudaría a poner en práctica esta interesante medida.
El documento, sin embargo, adolece de una limitación de partida cuál es la de renunciar a abrir el melón de la reordenación de competencias, esto es, no se tiene en cuenta la necesidad, inaplazable, de tomar las lecciones aprendidas durante la pandemia para resolver problemas de estructura en la administración del Estado. Me refiero a las lecciones que han dejado claro los beneficios de la acción centralizada, tanto a nivel nacional como europeo. Por ejemplo, bastaría con que los recursos para atender las necesidades del sobreenvejecimiento procediesen de un fondo nacional para sacar la cuestión de la pugna autonómica. Se trataría de un fondo suficiente que garantizar la atención de esta parte de la población española. El mecanismo sería sencillo, rápido de diseñar y transparente en su funcionamiento.
En otros aspectos el documento del denominado «Foro Santiago» no es nada original, aunque recuerde algo siempre necesario. Me refiero al rechazo a que se permitan privilegios económicos entre regiones tal y como establece el artículo 138 de la Constitución de 1978. En una línea parecida se expresaron, hace poco, los presidentes autonómicos de Andalucía y Valencia en un documento similar aunque –en mi opinión0 de menor calidad técnica y argumental. Pero tanto en uno como en otro documento, el rechazo a los privilegios debería poner a la mayoría de sus firmantes delante del espejo, ya que sus propios partidos políticos lo contradicen una y otra vez.
Naturalmente me refiero a los privilegios de los que disfrutan los cuatro territorios forales (las tres provincias vascas y Navarra). Las comunidades forales deberían contribuir a los mecanismos de nivelación de recursos entre regiones, pero no lo hacen. A cambio, sólo pagan una cantidad (cupo o aportación) que debería cubrir la parte que les corresponde del coste de las (pocas) competencias del Estado no transferidas por los Gobiernos del PSOE y del PP. Incluso así, el cálculo de este coste está muy sesgado a la baja, tanto que deja a las regiones forales con una financiación por habitante ajustado en torno al doble de la del resto de las regiones españolas.
La mayor parte de las regiones firmantes del documento de Santiago de Compostela coincidieron también, en 2017, suscribiendo un voto particular formulado al informe del Comité de Expertos sobre financiación autonómica. El voto lo formuló el profesor Alain Cuenca, economista que ha ocupado diferentes cargos en Gobiernos socialistas. Se trató de un voto en favor de mantener la cláusula de ‘statu quo’ sea cual fuere el nuevo modelo de financiación autonómica al que se llegase. Esta cláusula implica que ninguna región perdería su puesto en el ‘ranking’ de recursos recibidos en el año de entrada en vigor del nuevo sistema.
En definitiva, en cada ronda de negociación del modelo de financiación autonómico las regiones tienen garantizado el volumen de recursos de la situación de partida. Nunca se contempla que una región necesite menos recursos porque así resulte, por ejemplo, de la aplicación del método del «coste efectivo», que se utiliza en la práctica para determinar las necesidades para financiar los servicios derivados de sus competencias. Así se estableció ya en el sistema de financiación del quinquenio 1987-1991 y así se siguió garantizando por la Ley 22/2009. Siempre es un proceso de naturaleza incrementalista si usamos el acertado término del difunto hacendista de la Universidad de Yale, Aaron Wildavsky. Cada negociador reviste sus reivindicaciones como mejor puede, pero ninguno acepta renunciar a parte del pastel en favor de los demás.
Si afrontamos una revisión del sistema de financiación regional ignorando las limitaciones que ha puesto de manifiesto la organización territorial en la gestión de la pandemia, es la peor y menos sensata de todas las opciones. También, para atender las necesidades de los más mayores, para favorecer el nacimiento de niños o para animar a regresar a casa a quien tuvieron que emigrar.
- José Manuel Cansino es Catedrático de Economía aplicada de la Universidad de Sevilla y académico de la Universidad Autónoma de Chile