El reparto de los fondos europeos no funciona y el Gobierno no reacciona

La Oficina Técnica de Apoyo para Proyectos Europeos de la CEOE lleva más de un año y medio funcionando, pero hasta ahora la experiencia no ha podido ser más frustrante. La que surgió como una organización empresarial para ayudar al Gobierno en la gestión de los fondos y en la disminución de los cuellos de botella, se está convirtiendo en un foco de desesperación cuando ha llegado el momento de empezar a repartir el dinero europeo.

Aunque la situación podía preverse y esta oficina surgió con el afán de ayudar a exprimir los fondos, la evidencia de que no se consigue no es por ello menos preocupante. Como ayer contaba José Ramón Riera en una publicación en El Debate, a cierre de 2021 solo se había licitado el 48 % de los fondos recibidos; solo se había sacado a concurso el 38 % de lo previsto en los Presupuestos Generales de 2021, y el descenso al detalle no puede ser más deprimente: la falta de previsión y profesionalidad en los plazos hace que en programas como el de Industria Conectada 4.0 se hayan ejecutado solo 9,9 de los 95 millones de euros previstos. Las empresas tenían ocho días para acudir a la convocatoria y la mayoría ni se enteraron de que existía.

Este cúmulo de despropósitos es el que lleva a concluir con diplomacia que el sistema diseñado para la gestión de los fondos es «ineficaz», según Luis Socías, director de la Oficina de la CEOE. Desde el ente que dirige está constatando la lentitud en la coordinación entre la administración nacional, regional y local, y las consecuencias sobre la llegada del dinero a las empresas: «De los 5.000 millones que había comprometidos a final de agosto, solo les habían llegado 104 millones: un 2 %».

Socías incide en que «no podemos permitirnos el lujo de no ser rápidos», y el problema es que no lo estamos siendo. El PERTE (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) del vehículo eléctrico es uno de los ejemplos más claros. La patronal de los fabricantes de automóviles (Anfac) ha aplaudido su reciente aprobación, pero se pregunta a qué se está esperando para publicar las convocatorias de ayudas.

El hiperburocrático sector público español no va a favorecer la rapidez en la gestión de las ayudas. La oficina de la CEOE da algunas recomendaciones para mejorar la agilidad y eficacia: fortalecer el equilibrio entre grandes proyectos tractores y convocatorias para pymes y autónomos; impulsar convocatorias menos atomizadas y con plazos más amplios; desbloquear la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-ley 36/2020 para agilizar y mejorar los procedimientos de ejecución existentes; reforzar las estructuras de gestión para asegurar un análisis eficiente y adecuado de la viabilidad de los proyectos; e implicar al sector financiero para ganar agilidad y asegurar la capilaridad de las ayudas. No se sabe si el Gobierno hará caso de alguna de ellas, y si lo hace, cuándo lo hará.

Falta de transparencia

Junto a la lentitud, la falta de transparencia es el principal obstáculo aducido por la oficina de la CEOE para lograr una eficaz ejecución de los fondos. El ente dirigido por Luis Socías ha publicado el primer informe de los sucesivos que publicará sobre el ritmo de ejecución de los fondos europeos. En ellos analiza las inversiones que se van proponiendo, lo que más les interesa, y las reformas, y se compara la gestión con la de Francia, Italia y Portugal. La elección de estos países se basa en que son los otros que más fondos han recibido y los que tienen más relación geográfica y comercial con nuestro país.

La comparación desvela conclusiones sangrantes. Mientras que Francia había desembolsado a finales de agosto más de 29.000 millones de euros procedentes de fondos europeos, España se quedaba en la misma fecha en 104 millones a empresas y entidades que no fueran del sector público. 

En el caso de Portugal, el importe de las convocatorias de ayudas y licitaciones de contratos ascendió a más de 3.592 millones de euros en 2021, un 28 % del total de subvenciones asignado a este país (12.900 millones de euros). En España, el importe de las ayudas y licitaciones fue de 9.300 millones de euros el año pasado, un 13 % del total de subvenciones asignado a nuestro país (69.500 millones de euros).

Como se ve, Francia y Portugal son más ágiles, y más transparentes: «Portugal muestra en una página cuánto dinero tiene autorizado y cuánto ha desembolsado. Nos gustaría tener una foto detallada y al minuto de cómo va la ejecución en España», añade Socías.

Aún hay más medidas que nos sacan los colores. El Gobierno de Francia, a través de la Inspección General de Finanzas, ha creado un comité de evaluación, con presencia de múltiples agentes, que emite un informe periódico de seguimiento con información detallada sobre ejecución real de fondos. El Gobierno italiano ha puesto en marcha un refuerzo coyuntural de las plantillas del sector público para dotar de una mayor agilidad a la tramitación de los proyectos (mientras que en España no se identifica una aplicación significativa de las disposiciones del Real Decreto-ley 36/2020 en relación al refuerzo de plantilla y a los incentivos para los empleados públicos). El ejecutivo transalpino ha incorporado a 1.000 expertos. 

¿Mejorará la situación a partir de ahora? Socías sostiene que lo intentarán a través de la mesa de diálogo con el Gobierno y la difusión de sus informes de seguimiento de ejecución de los fondos. No está claro que lo consigan, pero lo que ve evidente es que «de la velocidad de ejecución de los fondos dependerá el impacto en la transformación de nuestra economía». El tiempo dirá si se aprovecha la oportunidad, o se convierte en una oportunidad perdida.