El grueso de los fondos europeos llegará a sus destinatarios a partir de final de 2022

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha anticipado que el proceso de ejecución del grueso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia está todavía en «su comienzo» y el dinero irá llegando a sus destinatarios a partir de finales de 2022 en adelante.

Según ha advertido la Fundación en su último boletín de seguimiento de la crisis del coronavirus y del Plan de Recuperación, el gasto ejecutado a finales de 2021 de los fondos era «todavía modesto».

Hasta el momento, se ha comenzado a poner en marcha proyectos y programas con una dotación presupuestaria total de unos 23.000 millones de euros, casi un tercio del gasto total a comprometer en los tres años que el Plan de Recuperación permite a estos efectos.

En este sentido, y con cargo a estos fondos, la Fundación apunta que se han realizado pagos por un importe total de unos 9.000 millones de euros que, en buena parte, corresponden a transferencias en bloque a otras administraciones y entes encargados de la ejecución final de los proyectos.

Crecimiento dispar del PIB respecto al empleo

Sobre la coyuntura económica, la Fundación ha señalado que durante el último trimestre de 2021 la economía española se ha mantenido en la senda de recuperación iniciada en marzo hasta superar los niveles de empleo anteriores a la crisis, tanto en el agregado como en muchos sectores y regiones especialmente afectados por la crisis.

Otros indicadores muestran también según Fedea un comportamiento positivo en el paro, que se redujo en más de 150.000 personas, mientras la afiliación aumentó en 260.000 efectivos y el número de trabajadores en ERTE se redujo en casi un 60 %, cerrando el año en sólo unas 100.000 personas.

También muestran señales claras de recuperación los ingresos públicos, ya que tanto los ingresos tributarios como las cotizaciones sociales se sitúan ya en torno a un 4,5 % por encima de los niveles de 2019.

«La principal nota discordante sigue siendo la atonía del PIB, que parece estar creciendo en los últimos trimestres a un ritmo claramente inferior al del empleo efectivo», ha alertado la Fundación.

No obstante, ha señalado que la distancia entre ambos se ha reducido en alguna medida tras la revisión al alza del dato preliminar de PIB del tercer trimestre de 2021 por parte del Instituto Nacional de Estadística.

A esto la Fundación ha añadido la incertidumbre generada por la crisis energética y de suministros y por la nueva ola de la pandemia generada por una nueva variante del virus, particularmente contagiosa y resistente en alguna medida a las vacunas.

«Aunque la letalidad del virus ha disminuido muy significativamente, las elevadísimas tasas de incidencia están generando serios problemas sanitarios y económicos, especialmente en el sector turístico, que ve retrasarse una vez más la ansiada vuelta a la normalidad», ha apuntado.

Medidas insuficientes para el equilibrio de las pensiones

En materia de pensiones, la ley que recoge la primera fase de la reforma en curso ha sido aprobada por las Cortes en diciembre sin cambios significativos sobre las grandes líneas del anteproyecto, ya conocidas desde hace meses.

La principal novedad de la nueva ley ha sido la introducción del «Mecanismo de equidad intergeneracional» (MEI), que viene a sustituir al derogado factor de sostenibilidad (FS). Según Fedea, este mecanismo resulta claramente insuficiente para restaurar el equilibrio del sistema, no contribuye precisamente a mejorar su equidad intergeneracional y presenta serios problemas de diseño que se ven agravados por una redacción muy confusa.

En este sentido, desde el organismo han explicado que el nuevo mecanismo tiene una estructura compleja que combina dos elementos muy diferentes. Por un lado, se establece una subida transitoria de las cotizaciones sociales en 0,6 puntos porcentuales durante diez años para nutrir un fondo de reserva que podrá utilizarse para ayudar a financiar el gasto en pensiones de 2033 en adelante. Por otra parte, se apunta hacia «un vago compromiso» de abrir negociaciones con los agentes sociales para pactar medidas adicionales de gasto o ingreso si esto fuera necesario en el futuro para asegurar la viabilidad del sistema.

«El MEI es la primera medida de la reforma en curso que ayudará a mitigar los problemas de sostenibilidad del sistema público de pensiones, pero su diseño es francamente mejorable», ha señalado la Fundación.

Una contrarreforma laboral más suave de lo esperado

Sobre la reforma laboral, Fedea ha indicado que el decreto deroga algunos aspectos significativos de la reforma de 2013, pero se trata, de una contrarreforma más «suave» de lo esperado que preserva «importantes márgenes de flexibilidad».

Así, ha puesto en valor que se recupera la ultraactividad indefinida de los convenios, lo que en la práctica tiene un efecto limitado dado que dos tercios de los convenios ya incluyen cláusulas en esa línea, y se restablece la primacía del convenio de sector sobre el de empresa, pero sólo en materia salarial.

Por otra parte, ha aplaudido que se introduzcan importantes restricciones al uso de la contratación temporal junto con fuertes sanciones por su incumplimiento, pero se mantienen márgenes apreciables para el uso de estos contratos por necesidades de producción y se introducen provisiones específicas para el sector de la construcción que suavizan la eliminación de los contratos por obra o servicio de una forma que quizás convendría extender a otros sectores.

Otras dos reformas cuya tramitación se ha iniciado en estos últimos meses son las leyes que regularán la creación de nuevas empresas y los incentivos a startups consideradas innovadoras.

Critica las lagunas de la ley Crea y crece

En cuanto a la conocida como 'Ley Crea y Crece', con la que se pretende simplificar algunos de los trámites necesarios para poner en marcha una empresa, Fedea cree que presenta importantes lagunas que podrían limitar su efectividad.

Pese a esto, la Fundación considera que hay tiempo de corregirla, con el objetivo de prestar una mayor atención a los costes de arranque no societarios, los costes recurrentes de 'compliance' con diversas regulaciones de discutible necesidad y las barreras derivadas de la exigencia de autorizaciones y licencias de apertura y de la existencia de diversos umbrales regulatorios.