Madrid no copiará el fracaso de Barcelona con el control de los alquileres

La progresiva vuelta a la normalidad después de la pandemia ha constatado el fracaso del control de alquileres instaurado en Barcelona en el año 2020. A pesar de este supuesto control, los precios de los alquileres en Barcelona subían en diciembre un 8,2 %, frente al descenso del 1,4 % en Madrid, que no cuenta con tal control. Fuentes del sector apuntan que los precios van a subir todavía más en enero en Barcelona.

Con este contexto no es de extrañar que Madrid no quiera seguir el control de precios del que habla la nueva Ley de Vivienda; entre otros motivos, porque en Barcelona se constata que no funciona. «Madrid y Barcelona seguían la misma línea durante la pandemia. Los precios cayeron en 2020, pero en cuanto la demanda subió (los estudiantes volvieron, la pandemia remitió...), se comprobó que no había suficiente oferta», explica María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

Como ocurre en otras empresas del sector inmobiliario, en Fotocasa piensan que sería mejor tomar otras medidas si de verdad se quieren bajar los precios de los alquileres. Entre ellas estarían promover estímulos fiscales para que a los propietarios les mereciera más la pena alquilar una vivienda que tenerla vacía, o les compensara reformarla, porque el Estado le da ayudas para hacerlo.

Como es obvio, al igual que al sector inmobiliario en pleno, a Fotocasa no le ha gustado la nueva Ley de Vivienda. Admiten que la intención es buena y que en ella hay propósitos loables como la protección de los desahuciados y el fondo social de viviendas. Lamentan que las medidas más punitivas vayan dirigidas a los propietarios grandes y pequeños, que la ley no se haya consensuado con ellos y con el sector, y avisan de que los supuestos beneficios para los inquilinos no van a tener efecto, como se está viendo en Barcelona. «La limitación de rentas no es efectiva. Si las congelas a los inquilinos por tres años como dice la ley, puedes tener más seguridad, también de que no van a bajar. Es un problema si ya son altas. Por otro lado, los considerados grandes propietarios de más de diez viviendas representan un porcentaje mínimo en el mercado del alquiler. No se va a arreglar nada con las medidas que se anuncian contra ellos», afirma Matos.

Las zonas tensionadas y la desigualdad regional

Todavía no se ha explicado cómo va a decidirse si un mercado tiene los alquileres demasiado altos (si esa zona está tensionada) y la comunidad autónoma ha de intervenir para bajarlos: «Si se fija en que el esfuerzo salarial para pagar el alquiler debe estar como tope en el 30-35 % como dice Europa, la mitad de las comunidades autónomas serán zonas tensionadas. Si intervenir o no depende de cada comunidad autónoma porque las competencias están transferidas, y Cataluña por ejemplo decide intervenir, se producirá claramente una desigualdad con otras regiones», explica Matos.

Como se puede ver, los aspectos mejorables de la ley son muchos. El Gobierno se ha comprometido con Bruselas a tramitarla antes de septiembre, pero los plazos pueden hacer que los promotores de la ley (Podemos) acaben desapareciendo del Ejecutivo. Entonces esta ley con tantas deficiencias no se aprobará, y al sector inmobiliario le parecerá muy bien.