Por qué el SMI de Yolanda Díaz perjudica fundamentalmente a las pymes y a los más débiles

En la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) admiten que no son una barbaridad los 35 euros al mes que Yolanda Díaz propone subir el salario mínimo interprofesional (SMI). «A muchas empresas no les afecta», reconoce su presidente, Miguel Garrido. Otra cosa es lo que ocurra con la mano de obra menos cualificada o con los jóvenes. Sus empleadores pueden no estar dispuestos, o no poder, subirles el sueldo.

El aumento del SMI que está proponiendo Yolanda Díaz supone situarlo en 1.000 euros. Sumando las cotizaciones, se eleva a 1.590 euros al mes. No es un sueldo que pueda pagar cualquier pyme. Menos aún si se tiene en cuenta que se trata de un salario mínimo nacional, válido para Madrid o para cualquier pueblo. Ni el nivel de ingresos ni el de gastos es igual en la capital de España que en un pueblo o en otra ciudad.

El Banco de España estima que han podido dejar de crearse hasta 180.000 empleos debido a los aumentos en el salario mínimo interprofesional. Garrido cree que es difícil calcular la cantidad exacta, pero tiene claro a quién puede afectar más: a los más vulnerables: «Si todos los empleos de jóvenes en prácticas han de estar por encima del salario mínimo, el que antes contrataba 40, quizá ahora contrate 35. Si se contrata menos, los jóvenes no vencen su primer obstáculo, que es entrar en el mercado laboral. Hay que tener en cuenta que la entrada de un joven no tiene un retorno inmediato para la empresa. Es una apuesta de futuro».

Los grandes colectivos afectados serán sectores como el campo, los servicios, la hostelería o las empleadas del hogar, que suelen pagar estos aumentos con un recorte de horas y, por tanto, de retribución. El aumento del SMI en estos sectores puede dar lugar también al incremento de la economía sumergida, que ya es muy elevada en España.

A las pymes, evidentemente, tampoco les viene bien una subida del salario mínimo en estos momentos: «Venimos de dos años de muchas dificultades. Hay muchas empresas que viven en un equilibrio del que ya veremos cómo salen. Aún estamos en periodo de carencia de los préstamos ICO, pero en breve habrá que empezar a devolverlos». También la moratoria concursal está previsto que concluya el 30 de junio de 2022.

Frente a estas dificultades, los empresarios se quejan de que la Administración no arrime el hombro del mismo modo. El ejemplo más claro es que no se aumente el importe de los contratos públicos teniendo en cuenta que se ha incrementado el SMI: «La mayoría del gasto de, por ejemplo, empresas de limpieza, es el gasto de personal. Lo lógico sería que esta subida se repercutiera en los contratos públicos», estima Garrido.

La subida del SMI se vende como un beneficio a los más débiles, pero la realidad es la contraria. Realmente quien sale ganando es el Estado, que verá aumentar sus ingresos por la subida de las bases mínimas de cotización y por el IRPF.