El cáncer de la inflación

Los precios se desbocan; no es que no dejen de crecer, sino que aumentan de manera muy importante, como muestra el IPC de febrero, cuya tasa interanual aumenta 1,5 puntos respecto a la de enero y se sitúa en el 7,6 % –con impacto importante en ella de los precios de la energía–, con una inflación subyacente –que excluye los alimentos no elaborados y el componente energético– que se incrementa 6 décimas, hasta el 3 %, que nos permite ver, un mes más y de manera, cada vez, más clara, que la subida de precios ya se está trasladando a toda la economía. La tasa mensual del índice general de precios sube también de manera importante, nada menos que 1,2 puntos, del -0,4 % al 0,8 %. Así, desde noviembre del año pasado se está produciendo una escalada de la tasa anual de inflación, subiendo desde el -0,8 % interanual de noviembre de 2020 hasta el 7,6 % de este mes de diciembre, con un pequeño respiro que reflejó el índice en el pasado mes de febrero, donde se aplanó ese mes para crecer, al mes siguiente, 1,3 puntos, para continuar incrementándose en los meses restantes, pese a que en enero se contuvo y descendió mínimamente. Es, así, la tasa más alta desde diciembre de 1986, es decir, desde hace más de treinta y cinco años. Mes tras mes se están rompiendo unos registros tan preocupantes.

El incremento de los precios de la energía, derivado de una demanda creciente y de una disminución de la oferta por haber arrinconado diversas fuentes energéticas antes de tener un plan alternativo viable y por no apostar, de manera absurda, por la energía nuclear como energía limpia y abundante, está infligiendo un impacto muy alcista en los precios, al que se unen los provocados por los costes de transporte y la escasez de oferta de determinados componentes, que presionan también al alza los precios. Impacto que será mayor ahora con la guerra originada por la invasión rusa de Ucrania, al restringirse el suministro, encarecerse su precio y afectar al conjunto de la oferta de otros bienes.

Todo este impacto ya se deja sentir, como he venido diciendo durante los últimos meses, a lo largo de toda la cadena de valor. Los precios industriales están pulverizando sus registros, con incrementos de más del 30 % interanual, que incrementa los costes de las industrias, algunas de las cuales están parando o limitando su producción, que provocará una reducción adicional de oferta y precios más caros. Por otra parte, quienes no limiten su producción van a terminar por trasladar esos mayores costes al consumidor en todos sus productos, con lo que subirán los precios de manera generalizada y mermará la renta disponible de los agentes económicos, cosa que ya está sucediendo.

En este sentido, el problema del encarecimiento del combustible y la energía, puede provocar un choque muy negativo en el conjunto de la economía, pues supone para muchas actividades su principal coste, que les deja sin margen para poder ni siquiera equilibrar sus cuentas, impulsándolos al cierre y poniendo en riesgo el abastecimiento y la producción industrial, cuyos precios se ven, por su componente energético, disparados, siendo los más altos registrados nunca, como hemos señalado anteriormente.

No debemos obviar lo peligrosa, por perniciosa para toda la actividad económica, que es la inflación, pues introduce un elemento que no aporta nada positivo, sino que encarece toda la actividad económica, la hace menos competitiva y puede crear un círculo vicioso que lastre el desarrollo económico durante tiempo. Mientras que la Reserva Federal, con el anuncio de tres subidas de un cuarto de punto para 2022, y el Banco de Inglaterra, que ya ha subido dos veces los tipos veinticinco puntos básicos, el Banco Central Europeo (BCE), insiste en que este repunte de la inflación parece que será pasajero, solo con impacto importante en el corto plazo, de manera que, aunque lo vigilen, no están tomando decisiones firmes conducentes a aplicar una política monetaria más restrictiva (la finalización de las compras extraordinarias por coronavirus parece que serán reemplazadas incrementando el programa ordinario), que embride el alza de precios que estamos viviendo, aunque ya admiten que es más duradera de lo que preveían, especialmente ahora, con la guerra de Ucrania. No se puede tomar a la ligera y obviar el problema, porque si se da la espalda al mismo y no se contempla en toda su extensión, puede transmitirse la presión inflacionista al medio y largo plazo, cosa que cada vez empieza a cobrar una mayor probabilidad.

Adicionalmente, introducirá también presión extra en la negociación colectiva por vía salarial (especialmente ahora que la reforma laboral del Gobierno recupera en materia salarial la prevalencia de los convenios sectoriales frente a los de empresa), que puede llegar a crear una espiral peligrosa precios-salarios, que disminuiría la productividad y la competitividad de nuestras empresas, con pérdida de penetración en mercados exteriores y descenso de exportaciones y, por tanto, menor actividad e inferior generación –cuando no, destrucción– de puestos de trabajo.

Como último ejemplo de los muchos negativos que puede provocar la inflación, me referiré al coste adicional de las pensiones, especialmente tras aprobar el Gobierno el abandono del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización, que atenuaban el deterioro del sistema, y que ahora empeora al indexar, nuevamente, la revalorización de las pensiones a la evolución de los precios. Con esta inflación creciente, la factura de las pensiones aumentará, y mucho, solo por este efecto. Ya este año, el incremento ha sido de un 2,51 % (la media interanual de diciembre de 2020 a noviembre de 2021) y supondrá un mayor coste para la Seguridad Social de alrededor de 5.000 millones de euros al año, que muestra la grave irresponsabilidad del Gobierno al olvidarse del factor de sostenibilidad y poner en riesgo, así, las pensiones.

Son tres ejemplos que pueden causar un impacto muy negativo en la actividad económica y en el empleo, aunque el aumento inflacionista fuese solo temporal en el corto plazo, pero que, con el impacto concatenado en los temas comentados y la merma de oferta por encarecimiento de componentes tecnológicos y de transporte, más las consecuencias económicas de la guerra, puede convertirse en estructural o, por lo menos, ese plazo temporal es cada vez más largo. El propio Banco de España decía recientemente que un 60 % de las empresas subirán precios en 2022, cosa que ahora, con la guerra, parece más cercana.

Se hace imprescindible seguir de cerca la inflación, no olvidarnos de que es el objetivo único del BCE, y combatirla, evitando que el alza del corto plazo pueda consolidarse en el medio y largo plazo, porque, de volverse estructural, nos encontraremos entonces con un problema adicional a la ya incierta situación económica que vivimos. Cuanto más tarde se actúe, más restrictiva puede que tenga que ser entonces la política monetaria, con el consiguiente impacto negativo para los deudores financiados a tipo variable. Por eso, conviene tomar la decisión cuanto antes: el Banco Central Europeo no puede aplazar su decisión más tiempo y debe afrontar, de manera más decidida, el combate contra la subida de precios en el conjunto de la eurozona.

La inflación puede perjudicar al valor real de los activos; perjudica al poder adquisitivo; fomenta un mayor endeudamiento –por valer, en términos reales, menos, las deudas–; por otra parte, perjudica a los presupuestos públicos que refinancian la deuda de manera constante, camino, en la práctica, de deuda perpetua, al poder sufrir incremento en el coste de dicha refinanciación si suben los tipos de interés para poder controlar esa subida de precios; y supone una mayor presión tributaria para los agentes económicos, ya que, al subir los precios, la base sobre la que se aplican los impuestos es mayor, con mayor perjuicio para quienes tienen menos renta. Todo ello, además, puede terminar en la comentada espiral precios-salarios peligrosísima para la economía, en el marco, además, del estancamiento económico que se puede producir en este contexto de guerra en el que nos encontramos, que podría introducirnos en el indeseable camino de la estanflación.

José María Rotellar es profesor de la Universidad Francisco de Vitoria