El Gobierno limita la subida de los alquileres al 2 %: ¿Cómo puede afectar a los arrendamientos?

La mayoría de los contratos de alquiler se ajustan al IPC (Índice de Precios al Consumo). En la situación actual -con una inflación del 7,6 %- la renta de los arrendamientos se vería incrementada anualmente en esta cifra. Sin embargo, Pedro Sánchez ha anunciado que los precios de los alquileres no podrán subir más del 2 %, una cantidad muy inferior a la que en principio han pactado las partes.

El portal inmobiliario idealista ha manifestado que esta medida «obliga a que no se cumpla la cláusula de actualización de los contratos de alquiler», y supone «un nuevo varapalo para los arrendadores, que de nuevo vuelven a ver cómo cambian las reglas a mitad de partido». Además, su portavoz, Francisco Iñareta, ha subrayado que «el Gobierno vuelve a cargar sobre los propietarios particulares lo que es responsabilidad de la Administración».

En la misma línea, la analista inmobiliaria Beatriz Toribio señala que «este Gobierno tiene una tendencia a trasladar al sector privado las eventuales soluciones al problema del alquiler, cuando nuestro mercado está compuesto en un 80% por propietarios particulares que también sufren las consecuencias de una alta inflación». Asimismo, Toribio explica que: «esta medida plantea serias dudas legales, ya que la posibilidad de actualizar los alquileres según el IPC en aquellos contratos que así lo establezcan se recoge en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU)»

¿Cómo se puede aplicar?

En todo el Derecho Civil prima la libertad de pacto, fórmula que también se recoge en la propia Ley de Arrendamientos Urbanos. Por ello, para realizar este plan el Gobierno necesitaría modificar la legislación vigente, que recoge que las rentas se actualizan anualmente «en los términos pactados por las partes».

Por su parte, Fotocasa cree que esta medida ayudará a los inquilinos a pagar sus rentas en un contexto de inflación desbocada, aunque advierte de que «la intervención en un mercado tan sensible como el del alquiler con medidas limitadoras puede llegar a tener consecuencias contrarias a las buscadas».

Así pues, esta limitación podría provocar desajustes en el mercado. El Ejecutivo de Sánchez prevé que el plan se aplique hasta el 30 de junio, lo que provocaría que un contrato de alquiler firmado a finales de junio se incremente un 2 %, mientras que uno suscrito en julio subiría hasta la cifra de la inflación de dicho mes, que puede ser muy superior.

La limitación del IGC

De hecho, la ley lleva intentando desde el 2015 que se puedan limitar los ajustes de los arrendamientos mediante la aplicación del IGC (Índice de Garantía de Competitividad) en vez del IPC: «EL IGC es el índice que la ley intenta que se pacte entre las partes (si no se elige otro, se aplica subsidiariamente), pero con poco éxito dado que el IPC está mucho más asimilado por todos», recuerda a El Debate Rosa Medina, abogada y profesora de Derecho Civil en la Universidad CEU San Pablo.

El IGC es menos inestable que el IPC, lo que produce que haya una menor variación de rentas cuando se da una situación de inflación como la actual. Asimismo, tal y como señala el INE: «Cuando la tasa de variación del Índice de Garantía de Competitividad supere el objetivo de inflación anual del Banco Central Europeo se tomará este valor como referencia». Precisamente, este año la tasa anual de inflación del BCE es del 2 %, mismo porcentaje que ha elegido el Gobierno para limitar la subida de los alquileres.