España necesita bajar impuestos

La economía española cuenta con un gran problema estructural en su seno: una ausencia importante de productividad total de los factores y, a partir de ésta, de competitividad, ya que somos menos eficientes, los costes son más elevados y logramos un menor valor de producción en relación al coste de los factores empleados. Lo mismo sucede si hablamos de la productividad del factor trabajo, donde el producto por hora de trabajo no es tan elevado como en la mayoría del resto de países.

Así, si analizamos la productividad por puesto de trabajo equivalente a tiempo completo, vemos cómo no ha dejado de disminuir desde el primer trimestre de 2021, encadenando ocho trimestres consecutivos de caída, es decir, ha descendido durante todo 2020 y 2021.

Paralelamente, el coste laboral unitario crece con fuerza en el mismo período, con la excepción del descenso en el IITR de 2021. Es decir, ya crecían los costes laborales unitarios de manera muy importante antes de que se diese la subida del coste energético y el incremento de inflación actual, lo que muestra que esas subidas de costes laborales presionan artificialmente a la demanda, impulsando la inflación al alza al ser financiada por una política monetaria tremendamente expansiva.

La inflación no deja de crecer en tendencia, recrudecida ahora con el impacto de la guerra, pero con un mal estructural en su seno, derivado de una política energética fracasada en el seno de la UE, especialmente en España, que ha eliminado fuentes de energía antes de encontrar otras fuentes eficientes, baratas y abundantes, negándose el Gobierno, absurdamente, a apostar por la energía nuclear, pese a la propuesta de la UE de considerarla energía verde.

De esa manera, el precio del gas se dispara y con él lo hace todo el precio de la energía, derivado de la fijación marginalista de precios, que no es el verdadero problema, sino la escasez de otras energías, que hacen recurrir al gas, con incremento de la demanda y de su precio, y por el incremento del coste de los derechos contaminantes.

La guerra de Ucrania, además, ha aumentado el precio del petróleo, aunque se haya suavizado algo en los últimos días, de manera que el precio del combustible se ha elevado muchísimo, con algunas gasolinas situadas en dos euros por litro, con un incremento desorbitado.

Todo ello, se está trasladando ya a la cesta de la compra. Basta con acudir a un supermercado para ver que todo ha subido, absolutamente todo, con la merma de poder adquisitivo de los ciudadanos.

De esta manera, las industrias están empezando a parar, los transportistas no pueden realizar su trabajo por su elevado coste y las familias incrementan su dificultad para llegar a fin de mes, que se recrudecerá en cuanto se produzca la subida de sus cuotas hipotecarias, puesto que el BCE va a tener que subir tipos para controlar la inflación y para no perder financiación respecto a Estados Unidos, que sí que los está subiendo.

Por ello, el Gobierno debe dejar de gastar en lo innecesario y elaborar un presupuesto de base cero, replanteándose absolutamente todos los gastos, pues con ese exceso de gasto presiona al alza los cuellos de botella y, con ello, los precios, y provocará que la reacción del BCE tenga que ser más intensa, con el encarecimiento de toda la financiación.

El Gobierno no puede seguir por la vía del gasto; en lugar de subvencionar la gasolina, que baje impuestos. La forma de compensación que ha elegido, vía gasto, está generando un caos en las gasolineras –muchas de ellas han cerrado temporalmente– y asfixiará su tesorería, porque tienen que anticipar a los consumidores esa compensación, al tiempo que no frena el gasto público, sino que lo aviva, con lo que intensifica lo cuellos de botella.

El Ejecutivo debe llevar a cabo una política fiscal expansiva pero por el lado de los impuestos, bajándolos. Debe plantear a la UE la bajada del IVA de los carburantes al tipo reducido; debe reducir al máximo permitido por la UE el impuesto sobre hidrocarburos e incluso pedir la suspensión temporal de dicho impuesto, y debe hacer lo propio con los impuestos sobre la energía.

Es más, puede también bajar el tipo general del IVA para todos los productos y servicios de dicho grupo sin tener que pedir autorización: tiene de margen desde el 21 % hasta el 15 %. De esa manera, compensará el exceso que está recaudando por la inflación, mientras ciudadanos y empresas se están empobreciendo por ello. Por eso, también tiene que deflactar la tarifa del IRPF, para acabar con la progresividad en frío.

O baja impuestos para que la economía española pueda ser competitiva o el daño será mucho más profundo y las consecuencias peores que las que ahora se vislumbran, siendo ya éstas muy malas. Por eso, el Gobierno debe abandonar su dogma y ha de acometer una ambiciosa reforma fiscal, pero para bajar impuestos, que dé oxígeno a la economía, reduciendo el gasto y buscando retornar a la senda de estabilidad presupuestaria. No parece que Sánchez vaya a hacerlo, con lo que llevará a la economía española a un terreno inestable y peligroso, donde puede imponerse la estanflación y, de nuevo, un gran número de desempleados.

José María Rotellar es profesor de la Universidad Francisco de Vitoria