Europa dejará de comprar deuda en julio y a España le pilla muy mal

A finales de la semana pasada se confirmó lo previsto: el Banco Central Europeo (BCE) anunció que en el tercer trimestre del año dejará de comprar deuda pública a los países de la eurozona. Este abril adquirirá bonos por valor de 40.000 millones de euros; en mayo rebajará la cifra a 30.000 millones y en junio a 20.000. Después, dejará de comprar.

La noticia es muy mala para países como España, a los que el BCE adquiere prácticamente toda la deuda pública. La consecuencia es todavía peor, pues implica que la deuda pasarán a adquirirla otros que querrán rentabilizar su inversión y pedirán mayores tipos de interés por la devolución del dinero que nos presten. Ante el final de la compra de deuda, disminuye la demanda de bonos, con lo que baja su precio y sube su rentabilidad, que es la que pedirán los inversores: así es el mercado. La retirada de la compra de deuda es además la antesala de la subida de tipos de interés, que encarecerá la financiación de familias y empresas.

Las sombras del crecimiento de la prima de riesgo y de los recortes asociados a un gasto superior al que podemos permitirnos se asoman ante este escenario imposible para cualquier familia: la española tiene un déficit estructural anual de más de 50.000 millones, entre otros motivos porque el Gobierno nunca habla de la posibilidad de empezar a reducir los 60.000 millones de gasto público que el Instituto de Estudios Económicos afirma que podrían evitarse.

España se enfrenta al final de la compra de deuda del BCE con una de las deudas públicas más elevadas de la UE (1,42 billones de euros, el doble que hace una década, el 118,4 % del PIB), uno de los déficits más altos (6,8 %), una de las inflaciones más disparadas (9,8 %) y la tasa de paro más elevada (12,6 %).

Primeras consecuencias de la invasión de Ucrania

España ya fue la economía desarrollada que más cayó en 2020 debido a la gestión de la pandemia, según la OCDE. Ahora empieza a notar también los efectos de la invasión de Ucrania. Entidades como BBVA Research han rebajado al 4,1 % el crecimiento previsto del PIB español para este año, aunque el Gobierno aún no ha modificado su estimación del 7 %.

La elevada incertidumbre, el deterioro de la confianza de los consumidores y el aumento de los precios son los principales canales de impacto de la invasión de Ucrania sobre la economía española, según CaixaBank Research.

BBVA Research alerta sobre el impacto de la gasolina y el gas. La gasolina ha bajado en los últimos quince días, pero eso no ha evitado que hayamos tenido el precio más alto de la historia en una Semana Santa. Entre el 5 y el 11 de abril estaba en 1,59 euros el litro, según el Boletín Petrolero de la Unión Europea.

Respecto al gas, la entidad indica que España está mejor posicionada que otros miembros de la UE para enfrentarse a las consecuencias de su escasez. Descarta cortes en su suministro o restricciones en su consumo, como podría suceder en países vecinos. Sin embargo, espera que su precio sea históricamente elevado y que afecte al gasto en electricidad y a las empresas más intensivas en su consumo, incluso si la Comisión Europea aprueba la propuesta de los Gobiernos español y portugués de limitarlo. En concreto, BBVA Research apunta a que los mayores precios del gas y del petróleo restarán 2 puntos al PIB español de 2022 y 1,7 puntos al de 2023.

Aunque ya no es la única, el coste de la energía es la principal causa del aumento de la inflación. El IPC en marzo ascendió al 9,8 %, y durante el año no bajará en exceso. El Banco de España calcula que se moverá en una media del 7,5 % en este 2022. Es una mala noticia para los ciudadanos, que sufrirán la subida de los precios de los productos, y una buena noticia para el Gobierno: como reconoció la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), ingresa algo más de 2.000 millones por cada punto adicional de subida de la inflación.

Paro, fondos europeos e impuestos

En los próximos meses habrá que seguir viendo cómo evoluciona el paro. En marzo los datos no fueron tan buenos como apuntaban algunos titulares. El sindicato USO incidía en que el número de parados registrados en los servicios públicos de empleo había disminuido en 2.921 personas, una cifra notablemente inferior a los 59.149 parados menos de marzo de 2021. En marzo teníamos 3.846.952 de desempleados totales (contando trabajadores en ERTE, personas con disponibilidad limitada, etc.) frente a los 3.833.115 de enero, según USO: casi 14.000 más. El número de contratos aumenta, pero aún está lejos de los niveles prepandemia, y sigue sin resolverse el problema de la temporalidad: solo la corta duración y el encadenamiento explican que en el mes se realizaran 1,6 millones de contratos pero el paro solo descendiera en 2.921 personas.

Sobre los fondos europeos, sigue habiendo serias dudas sobre la posibilidad de que algún día cojan la velocidad de crucero de la que hablaba Nadia Calviño para este año, aunque ojalá que se coja. El Ministerio de Industria ha tardado un año en poner en marcha el PERTE del vehículo eléctrico y conectado, por poner un ejemplo.

El panorama está para que el Gobierno se decida ya de una vez a bajar los impuestos como han hecho todos los países homologables, empiece a reducir gasto público y estudie el modo de aligerar cargas burocráticas para que fluyan los fondos europeos y las empresas puedan ayudar en la recuperación del empleo y de la economía, con o sin los fondos.