España podría rebajar su coste energético autoabasteciéndose, pero las leyes del Gobierno lo impiden

El Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG) se basa en los estudios realizados hace algún tiempo por la consultora Gessal para afirmar que nuestro país podría contar con reservas de gas para setenta años. Es un buen dato, teniendo en cuenta que nuestro país importó productos energéticos en el año 2021 por valor de 46.575 millones de euros (9.600 en gas y 36.995 en petróleo). Utilizando esas reservas ahorraríamos una buena cantidad de dinero, podríamos limitar el impacto de la posible subida del gas de Argelia o de Estados Unidos, pero no es posible. «Tal como está la legislación, que prohíbe buscar y producir, no lo veo», sostiene Manuel Regueiro, presidente del Colegio.

La Ley de Cambio Climático, aprobada en mayo de 2021 en el Congreso, prohíbe en España la exploración de hidrocarburos, el fracking (fracturación hidráulica de rocas para obtener gas) o la minería del uranio, que nutre la energía nuclear. El ICOG ya alertó en su momento de las consecuencias de paralizar los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos. «Son una materia prima imprescindible para la industria presente en numerosos sectores como medicina, textiles, automóvil o electricidad», indicaban. Pero la ley se ha quedado como estaba, y convierte en imposible el autoabastecimiento que aligeraría nuestro coste energético.

Regueiro aclara que la solución del autoabastecimiento no llegaría de un día para otro: «La estimación de setenta años de reservas de gas se basa en una investigación de hace años. Los recursos potenciales existen, pero habría que confirmarlos, y en su caso proceder a la explotación, si se viera oportuno. La explotación podría ponerse en marcha en quince años».

Se trataría de un plan a largo plazo, como posee cualquier política energética seria. No hay que olvidar que un país como Estados Unidos no era una potencia mundial en la producción de gas y petróleo y ahora es el primer productor mundial de ambos productos gracias al empleo de la fracturación hidráulica. En España se prohíbe, pero luego se compra y usa el gas procedente de esa técnica.

Los recursos existen

El ICOG sostiene que en España existen zonas de aprovechamiento de hidrocarburos convencionales (petróleo, gas) y no convencionales (shale gas, extraíble mediante fracking). Las áreas con mayor potencial de recursos extraíbles son Canarias, Golfo de Vizcaya y Golfo de Valencia para los hidrocarburos convencionales y la Cuenca Vasco-Cantábrica, Macizo Cantábrico y Cuenca Surpirenaica para los no convencionales. Una evidencia de que los recursos pueden existir es que Marruecos se ha lanzado a buscar petróleo en Canarias, en el lugar que España rechazó hacerlo en 2009 por la presión popular.

El fracking o fracturación hidráulica para obtener gas a partir de las rocas siempre ha producido temores por sus posibles efectos medioambientales. Frente a esta tesis, Regueiro argumenta que Estados Unidos tiene más de un millón de pozos para extraer gas con esta técnica y apenas ha producido daños. «Es un proceso industrial maduro, absolutamente viable, tanto técnica como económica y medioambientalmente, siempre que se respeten los principios de cautela y acción preventiva. Al final es una decisión política», indica.

El empleo de la fracturación hidráulica podría ser una oportunidad para que España redujera su dependencia energética de otros países. En el Colegio piensan que no debería haberse prohibido, sino modulado y regulado su empleo cuando medioambientalmente fuera adecuado.

Además, el Colegio estima que España debería estudiar su potencial de tierras raras en Castilla-La Mancha (óxidos con aplicaciones múltiples en la industria tecnológica o automovilística, entre otras); cobre, coltán o wolframio en Galicia o uranio en Castilla y León.

Tampoco estaría mal aprovechar las infraestructuras de gas que ya tenemos. Como explicaba el catedrático José María Martínez-Val en la entrevista que hay bajo estas líneas, España es el país con mayor número de plantas regasificadoras en Europa, pero solo se usa un tercio de su capacidad.

España podría bajar enormemente el precio del gas invirtiendo en metaneros y mejorando el funcionamiento de su mercado interno, entre otras medidas, explica este experto. El problema es que nuestro país necesita una estrategia energética coherente a largo plazo, y parece que en el Ministerio no hay conocimiento suficiente para llevarla a cabo.