Análisis económico
¿Para quién son realmente los fondos europeos Next Generation? Para las pymes, no
El Gobierno no lo pone sencillo, y mucho menos para los pequeños y medianos empresarios y los autónomos, que cuentan con menos recursos que las compañías del Ibex
Hace unos días publicaba uno de mis artículos preferidos sobre los fondos europeos Next Generation y su perversa utilización. Comentaba que se han publicado 300 licitaciones en los diferentes boletines oficiales, tanto del Estado como de las comunidades, y que ya había conseguido tabular 100, que sumaban en total 10.299 millones de euros.
En el anterior artículo pasábamos revista a 25 de esas licitaciones, que sumaban 4.932 millones de euros, y veíamos que Moncloa se había quedado para adjudicar el 97 % de esos fondos, mientras que para la comunidades autónomas quedaban unos ridículos 144 millones.
También sabíamos que esos 4.932 millones tenían que llegar a la economía real antes del 31 de diciembre de este año, y sacábamos como resumen que para las pymes sólo iban 50 millones. El mayor porcentaje de los fondos era para proyectos de movilidad eléctrica y sobre energía renovable.
Hoy vamos a revisar una parte de las 75 licitaciones restantes. Entre todas suman 5.367 millones de euros. De este montante, tendrán que adjudicarse 3.272 millones antes del 31 de diciembre de 2023 y 2.095 millones antes del 31 de diciembre de 2025.
¿Quiere decir que estos fondos no van a llegar a la economía real hasta el 2023 o el 2025? La respuesta no es en absoluto sencilla y voy a poner un ejemplo, para que lo podamos entender. El Bono Cultural para los Jóvenes ya está publicado en el BOE, pero no se podrá solicitar hasta el 1 de junio de 2022. A partir de esa fecha, hay un período de tiempo para pedirlo. Todo lo que no se haya solicitado antes del 31 de diciembre se pierde o se irá a otra convocatoria. La adjudicación es por orden de ser recibida, siempre que se cumplan los requisitos legales para su solicitud, y hasta la finalización de los fondos.
En el resto de partidas ocurre prácticamente lo mismo, y lo que hay que hacer es estar permanentemente revisando los documentos oficiales para saber en qué fecha entra en vigor y estar listo para aplicar a dichos fondos. Lo lógico es, que dado que el dinero está en el Banco de España y lo maneja el Tesoro, que se intente dar salida lo antes posible. La fecha de diciembre de 2023 está puesta como límite para que nuestros gobernantes estén tranquilos y seguros de que nadie les puede poner colorados por su bajo o nulo rendimiento, y más tratándose de unos fondos que se han generado para ayudar a paliar los efectos de la pandemia. Ruego leer esto último con tono irónico.
Realmente, este Gobierno no lo pone sencillo, y mucho menos para los pequeños y medianos empresarios y los autónomos que cuentan con menos recursos que las grandes empresas del IBEX.
De las 75 licitaciones que indicábamos que están siendo publicadas, 11 se las reserva el Estado central o, si prefieren ustedes, se los reserva Moncloa para repartir a quienes sean buenos, dóciles y apoyen al Dueño y Señor de los Fondos. Estos 11 pliegos suman 4.165 millones: o sea, el Estado se guarda para adjudicar a sus mejores amigos el 77,5 % de esta parte.
Del total de este monto, 3.400 millones van directamente a las empresas del IBEX y 2.000 millones en préstamos ICO para proyectos especiales. Digo que van para las grandes empresas de este país porque el monto mínimo a solicitar es de 2.000.000 de euros. Además en esta cifra se incluye el segundo Bono Kit Digital, de 500 millones de euros, y 785 millones para energías renovables. De esos millones, el propio Estado se adjudica a sí mismo 75 millones.
Entre estas cantidades hay una partida de 125 millones de euros que se ha traspasado a ENISA para ayudar a la financiación de pymes, en modo préstamo participativo. Desde aquí ya puedo decirles a todos aquellos que quieran optar que se preparen para presentar documentación y se armen de paciencia, y lo digo por experiencia.
Se han dotado también 44 millones de euros para empresas con menos de cinco años en el mercado, que podrán optar si cumplen con una serie de requisitos que se anunciarán en los próximos meses.
Por último, se ha dotado un fondo de 71 millones de euros para que la propia Administración contrate a jóvenes parados a través de sus organismos públicos. Me da mucha pena que ese dinero tenga que ir a organismos públicos que engordarán el gasto público, y que esos fondos no vayan a parar a las empresas para que sean éstas las que contraten a jóvenes parados. Pero siempre es más fácil, es más cómodo, más sencillo, y cómo no, más interesante, que el empleado sepa que ha sido Pedro Sánchez quien le ha empleado, y así, otros cuantos votos garantizados para las próximas elecciones.
Cuanto más avanzo en el análisis de estos fondos, más vergüenza me da lo que está pasando en nuestro país con la indecencia del uso de un dinero que Europa pensó que sería la manera de ayudar a los países que más habíamos sufrido la pandemia.
Nuestro PIB en estos dos años está un 6 % por debajo del de 2019. Nos hemos endeudado en 200.000 millones de euros. Estos fondos eran la oportunidad de tener un Plan Marshall para la economía española pudiendo recibir 140.000 millones de euros.
Si estos fondos se utilizasen correctamente, podrían ser la salvación de nuestro tejido empresarial, que después de una pandemia tiene que sufrir una inflación del 10 %, con un crecimiento brutal de sus costes básicos. Si este coste se termina trasladando a los salarios, las quiebras serán en cadena, y si no se trasladan, será la clase trabajadora la que pagará esta crisis con sus dificultades diarias.
Para el que quiera saber algo más de estos fondos o necesite información, puede mandarme un mensaje directo a través de Twitter a @jrriera22.