El plan de estabilidad que necesita España

El Gobierno ha de remitir esta semana a Bruselas la actualización del plan de estabilidad, cuya fecha límite para el envío es el treinta de abril. En él debe recoger todas las perspectivas macroeconómicas, así como la orientación de la política fiscal y las medidas que adoptará para evitar que se den desequilibrios en la economía.

Todavía no se sabe el contenido, pero a tenor de lo enviado en años anteriores por el Ejecutivo socialista, todo hace pensar que se basará en una suerte de incremento de gasto, subida de la recaudación –menos irreal en esta ocasión por el efecto de la inflación, aunque sí por la posible marcha de la economía–, con su obsesión por incrementar la presión fiscal en España, obviando, en primer lugar, el parámetro del esfuerzo fiscal, que es el que debe emplearse, y, en segundo lugar, la imposibilidad de conseguir los avances recaudatorios que suele estimar sin demoler la renta disponible de los ciudadanos.

Junto a ello, y aunque el presidente Sánchez ha anunciado que van a rebajar las previsiones económicas –se agarra a la guerra de Ucrania para hacerlo, pero, realmente, tendría que haberlas rebajado, por optimistas, en cualquier caso– es muy probable que sigan siendo más elevadas que las emitidas por algunos organismos e instituciones, como la AIReF o BBVA Research.

Probablemente, no vaya ninguna reforma estructural de calado que dinamice la economía, sino que incluso puede contener alguna medida, como algunas de las que aparecen en su «decreto anticrisis», que limiten la competencia e incrementen el intervencionismo.

Nada de ello es ni la imagen de la economía española ni lo que la misma necesita para cobrar impulso y crecer estructuralmente. España no está ante una crisis pasajera, sino ante un deterioro estructural de sus fundamentales. No es la primera ocasión en la que un Gobierno socialista afirma que no existe crisis, que solo es una desaceleración y que no hay, por tanto, nada de qué preocuparse. Eso ya lo vivimos en 2007, inaugurado con la afirmación del presidente Rodríguez Zapatero, en una entrevista en El País en agosto de dicho año, en el que afirmaba que «España está a salvo de la crisis financiera». En mayo de 2010, tras muchos meses de negación, gasto, déficit y deuda, se vio obligado a realizar duros recortes –especialmente, contra los pensionistas– por no haber querido hacer previamente reformas.

España necesita diseñar un presupuesto de base cero, en el que se cuestionen todas las partidas de gasto, precisamente para preservar los recursos para los servicios esenciales y evitar que sean dilapidados en gasto superfluo. España no puede continuar incrementando el gasto de esta manera. De hecho, deberíamos preguntarnos cómo puede ser que pese a que la recaudación está creciendo debido al efecto de la inflación, el déficit no disminuya de manera clara.

España necesita urgentemente reducir su gasto permanente, su estructura burocrática ineficiente –la AIReF ha cifrado ese gasto ineficiente en 60.000 millones de euros, equivalente al déficit estructural que tiene la economía española– porque no podemos seguir viendo cómo aumenta la deuda pública, ya en más de 1,4 billones de euros, porque eso es insostenible. Hemos de realizar esos ajustes, porque, si no, cuando el BCE· deje de comprar deuda española –en pocas semanas– y cuando se retorne al cumplimiento del objetivo de estabilidad, el ajuste que tendrá que realizar la economía española si no ha puesto remedio antes será mucho más duro, que se plasmará en recortes en lugar de reformas.

Debe no subir los impuestos y bajarlos en la medida de lo posible, acompasados al cumplimiento del objetivo de estabilidad, desde luego, pero también para promover su cumplimiento, pues una menor carga tributaria generará en el medio plazo riqueza y empleo y, por tanto, sostendrá las finanzas públicas. Es más, hay que bajar los impuestos directos de manera clara –IRPF, Sociedades y, aunque formalmente no es un impuesto, actúa como tal, las cotizaciones sociales–, pues son los tributos que más distorsionan la economía.

Hay que emprender una reforma energética profunda, que apueste por las nucleares y por el «fracking», para abaratar el recibo de la luz y generar competitividad en nuestra industria.

Hay que consensuar una reforma del sistema de pensiones que garantice su viabilidad, que no ponga en riesgo las pensiones, como sí hace la indexación a los precios. Hay que recuperar el factor de sostenibilidad y acometer reformas en el sistema que permitan mantenerlo a largo plazo, sin deuda y sin quebrantos.

Y hay que mandar un claro mensaje de seguridad jurídica, sin tentaciones nacionalizadoras ni intervencionistas, que ahuyentan inversiones y, con ello, riqueza y empleo.

O se acometen estas profundas reformas de inmediato –energética, pensiones, sector público–, se reduce el gasto –se acaba con la ineficiencia del mismo– y se bajan impuestos –al menos, para compensar el alza de la inflación, incluso más, para dinamizar la economía– o podemos dirigirnos a una situación muy preocupante para la economía española, que nos deje en una situación todavía peor en el medio plazo que la de 1996 y 2011. Mucho me temo que el Gobierno no irá por esta vía.

• José María Rotellar es profesor de la Universidad Francisco de Vitoria