Los países comunitarios retrasan al viernes el debate sobre veto al crudo ruso

Los países de la Unión Europea han trasladado a este viernes el debate diplomático sobre la nueva ronda de sanciones contra Rusia, el sexto paquete correctivo y el más polémico pues contempla un veto a las importaciones de petróleo ruso, aunque por fases y con prórrogas para algunos países.

Los Veintisiete tenían previsto celebrar una reunión a nivel de embajadores ante la UE para este jueves que sin embargo fue cancelada, por lo que el debate queda retrasado al encuentro ordinario previsto para mañana, informaron a Efe varias fuentes diplomáticas.

El objetivo es que las capitales aprueben las sanciones «de aquí al fin de semana», declaró, por su parte, a la emisora France Info la ministra francesa para la Transición Ecológica, Barbara Pompili, cuyo país tiene este semestre la presidencia rotatoria del Consejo de la UE.

La quinta y última ronda de sanciones comunitarias contra Moscú desde la invasión de Ucrania, aprobada el pasado 7 de abril, rompió un tabú dada la alta dependencia de la UE en los productos energéticos rusos al prohibir las importaciones de hidrocarburos de Rusia, con un embargo al carbón a partir de agosto.

Este sexto paquete que se debate ahora, en reacción a los presuntos crímenes de guerra de Bucha por parte de las tropas del Kremlin, apunta de nuevo a la energía, con el punto de mira en el petróleo ruso.

Aunque la UE le compra a Moscú el 27 % del petróleo que consume -unos 74.000 millones de euros en 2021- este normalmente se transporta por barco, al igual que el carbón, y por tanto resulta más fácil de sustituir que el gas, que mayoritariamente fluye por gasoductos.

La propuesta de la Comisión, presentada este miércoles, aspira a prohibir las importaciones de petróleo ruso en la UE seis meses después de la entrada en vigor de las sanciones, mientras que en el caso del petróleo refinado el plazo se amplía a ocho meses.

Pero las sanciones requieren unanimidad entre los Veintisiete. Y la Hungría que gobierna Víktor Orban -el líder de la UE más cercano a Vladímir Putin- y la Eslovaquia que dirige Eduard Heger -que por el contrario ha enviado sistemas de misiles antiaéreos a Ucrania- ya habían avisado de que rechazarían un embargo al petróleo ruso por el impacto que generaría en sus economías.

Por ello, en la letra pequeña de la propuesta a la que ha tenido acceso Efe, Bruselas ofrece a Budapest y Bratislava una prórroga de un año sobre los otros veinticinco Estados miembros, hasta el 31 de diciembre de 2023, para bloquear esas importaciones.

El ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, aseguró el mismo miércoles que su Gobierno no puede aprobar la propuesta ya que «hundiría» la seguridad energética del país centroeuropeo.

Budapest, que no tiene mar y depende del petróleo de Rusia tanto en suministro como en infraestructura, reclama que al menos las importaciones por tubería queden exentas.

El ministro de Economía de Eslovaquia, Richard Sulik, ha dicho que la única refinería de su país, Slovnaft, necesitaría años para reemplazar el crudo ruso, mientras que su vecina República Checa está «tratando de conseguir un aplazamiento por dos, tal vez tres años», declaró el miércoles primer ministro checo, Petr Fiala, estatus que también querría obtener Bulgaria.

Barcos petroleros

Las sanciones, según la redacción del Ejecutivo comunitario, también vetarían toda posible asistencia técnica, directa o indirecta y todo servicio de intermediación, incluida la financiera y los seguros, que estén relacionados con la prohibición al petróleo ruso.

Además, para evitar que los petroleros rusos puedan esquivar las sanciones, el texto pide prohibir el transporte de petróleo ruso en todas sus modalidades, incluidas las trasferencias de carga «de barco a barco» de naves rusas a cargueros de otro pabellón.

Ese punto es particularmente delicado para países como Grecia, Chipre, con flotas importantes dedicadas al transporte, o Malta, que ofrece jurisdicción a muchas embarcaciones.

En el frente financiero, Bruselas propone añadir a la lista de bancos rusos excluidos del sistema internacional de transacciones Swift a Sberbank, el mayor del país, así como al Banco Agrícola de Rusia, participado al cien por cien por el Estado, y al Banco de Crédito de Moscú.

Bruselas ha propuesto también sancionar a individuos, como al coronel ruso conocido como «el carnicero de Bucha» o el patriarca de la Iglesia ortodoxa rusa, y a una veintena de empresas vinculadas al Ministerio de Defensa o el Ejército ruso, así como a tres medios de comunicación.