El martirio interminable de los accionistas del Banco Popular

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentenció el jueves que los accionistas del Popular no tienen derecho a reclamar por la información falsa que se les dio en el folleto de ampliación de capital del banco, que luego se disolvió. La entidad estima que prevalece garantizar la estabilidad del sistema bancario por encima de la protección de los consumidores. En su día se calculó que una sentencia negativa podía suponer entre 1.788 y 3.453 millones de euros para el Santander, que compró el Popular por un euro en el año 2017.

La sentencia supone un jarro de agua fría para quienes tenían sus esperanzas en este ámbito; por ejemplo, Carlos. Tenía invertidos 60.000 euros en acciones del Popular y ya los da por perdidos. «Esperamos no tener que pagar las costas. Habíamos ganado en primera instancia, pero el Santander recurrió y ahora estaba todo parado a la espera de la sentencia del TJUE. Se siente una frustración absoluta. Es una forma de estafar a los consumidores», nos explica. Le queda, como a los otros afectados, tratar de demostrar que hubieran cobrado una cantidad si la entidad se hubiera disuelto por el proceso de insolvencia ordinaria. Abogados expertos como Óscar Redondo lamentan que demostrarlo requeriría una prueba pericial técnica difícilmente accesible para un particular.

Redondo, no obstante, recuerda que para los accionistas permanecen abiertas la vía penal y administrativa. Desde su despacho, Cremades & Calvo Sotelo, representan a 6.000 accionistas con acciones en ambas vías. Son la mayor acusación particular.

La querella penal se dirige contra el último presidente del Banco Popular (Emilio Saracho) y las personas que pudieran estar involucradas en la posible administración desleal de la entidad. Redondo recuerda que los peritos del Banco de España dictaminaron el 1 de enero de 2017 que el banco era solvente. Sin embargo, se intervino el 6 de junio. Los accionistas vieron que se esfumaba su dinero mientras el Santander se quedaba el Popular por un euro. «Se desató el pánico en Bolsa y no se hizo nada. No se ejecutó el plan de negocio; se desechó el del presidente anterior. No se vendió ningún activo», explica Redondo. Saracho no desarrolló ningún plan de negocio creíble que pudiera hacer que el banco se recuperara y respondiera de ese modo a la inversión de los accionistas.

Cremades también mantiene una demanda por la vía administrativa frente a la inadecuada resolución sobre el Popular del Mecanismo Único de Resolución. Si se acreditara que no es conforme a derecho, se traduciría en una indemnización para los accionistas.

Redondo comenta que la instrucción del proceso penal se prevé que termine a final de junio, aunque el juez podría prolongarla, y luego se abrirá el juicio oral. Aún queda tiempo para que muchos accionistas sepan qué pasará con el dinero que invirtieron. De momento ya han pasado casi cinco años desde que se intervino el banco.