Así se equivoca el Gobierno dando subvenciones para todos

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha elaborado recientemente un concienzudo informe en el que desvela la peligrosa espiral a la que nos están llevando la inflación y la invasión de Ucrania, y que el Gobierno parece que no está consiguiendo enfocar bien.

Como bien explica en el informe, el canal más importante de transmisión de los efectos económicos de la invasión de Ucrania hacia otros países ha sido hasta el momento el fuerte incremento de los precios en los mercados internacionales de energía y otras materias primas esenciales. «Los precios energéticos comenzaron a girar al alza en la segunda mitad de 2020, una vez pasado lo peor de la pandemia, y se dispararon en la segunda mitad de 2021 y los primeros meses del año en curso, especialmente en el caso del gas y la electricidad. Su precio actual (en marzo) multiplica por entre 5 y 6 su valor promedio en 2017 y por más de 15 su nivel de hace dos años», indican.

Como España y la gran mayoría de los países europeos son grandes importadores netos de energía y materias primas, la subida de sus precios tiene en ellos un efecto macroeconómico importante. «Siguiendo muy de cerca los precios energéticos, el deflactor de las importaciones (promedio de los precios) se disparó al alza en el segundo trimestre de 2021 y ha alcanzado tasas interanuales de variación cercanas al 25 % con el comienzo de la guerra. El incremento acumulado de los precios de las importaciones supone una pérdida importante de renta real que, en ausencia de ajustes, podría llegar a los siete puntos de PIB contando desde comienzos de 2021», señalan.

Estamos, por tanto, ante un fuerte shock negativo de oferta, que según Fedea reduce la renta neta del país y pone presión al alza sobre sus precios: «Puesto que la subida de precios se concentra en primera instancia en la energía, que es un insumo importante para la producción de casi todos los bienes y servicios, se produce un aumento generalizado de los costes de producción que desplaza las curvas de oferta sectoriales hacia arriba, empujando al alza los precios y a la baja la producción, el empleo y los márgenes empresariales. El nuevo shock, por tanto, vendrá a dificultar la recuperación del anterior, reduciendo la tasa de crecimiento esperada de nuestra economía, como ya empiezan a recoger las previsiones de los organismos internacionales y los analistas privados y, en alguna medida, los últimos datos de PIB y empleo».

Donde con más claridad se aprecian los efectos del shock es en la evolución de los precios al consumo, que están repuntando con fuerza desde hace meses en España y en el resto de la UE. El componente energético del IPC es el que más rápidamente ha aumentado durante el último año, con una variación interanual que en marzo se situaba por encima del 40 % en la UE y la Zona Euro y del 60 % en España. Pero no es el único: «El componente alimentario del índice también muestra una clara tendencia al alza desde mediados del año pasado, pero mucho menos intensa que el energético, situándose en marzo con tasas de variación interanuales en torno al 8 %. Si eliminamos estos dos componentes, la inflación subyacente se situaría en la actualidad en torno al 4 %, por debajo de la mitad de la variación del índice general, pero con una clara y fuerte tendencia al alza desde el verano pasado que indica que las subidas de precios energéticos están comenzando a extenderse a otros sectores».

El Gobierno español ha respondido a la crisis causada por la invasión de Ucrania con una serie de medidas que busca fundamentalmente suavizar la subida de los precios de la energía y otras materias primas y proteger a los hogares y empresas de sus consecuencias, con especial atención a los sectores más afectados y a los colectivos más vulnerables. «Muchas de estas medidas son, acertadamente, ayudas específicas de carácter transitorio destinadas a los sectores productivos más afectados por el súbito encarecimiento de la energía y otras materias primas y a los hogares con menos recursos. Más discutible es que las acciones paliativas deban extenderse al conjunto de las empresas y familias, como se está intentando hacer a través de la introducción de bonificaciones generalizadas al precio de los combustibles y la reducción o suspensión de los impuestos que recaen sobre la electricidad. La generalización de las ayudas aumenta mucho su coste presupuestario, desperdicia recursos al dirigirlos hacia grupos poco afectados por el shock y estimula la demanda de energía, contribuyendo a empujar sus precios al alza y a engordar los ingresos de Rusia por su exportación. Una alternativa preferible sería destinar los incrementos de recaudación por IVA e impuestos especiales generados por la subida de precios energéticos a compensar a los grupos más perjudicados por tal subida. Otra posibilidad que se podría considerar sería la introducción de aranceles sobre las importaciones de combustibles fósiles rusos. Estas tasas generarían ingresos adicionales para compensar a los perdedores de la crisis a costa de su causante y desincentivarían el consumo de energía de origen ruso». Como se ve, hay alternativas a las medidas que está tomando el Gobierno que parece que serían más efectivas y supondrían un menor coste.