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La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y la portavoz del Gobierno, Isabel RodríguezEFE

Consejo de Ministros extraordinario

El Gobierno aprueba el tope al gas sin el aval final de Bruselas que tardará hasta «dos semanas»

La medida no será efectiva hasta que la Comisión Europea no envíe la autorización definitiva. Podría tardar «una semana, diez días o dos semanas», dice Ribera

El Gobierno aprueba el real decreto que recoge el límite al precio del gas. La medida será publicada en el BOE este sábado, pero no será efectiva hasta que la Comisión Europea no autorice formalmente la norma. «Podría llevarles una semana, diez días, o dos semanas», ha asegurado la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

El Ejecutivo se vio obligado a convocar una reunión extraordinaria, después de retrasar hasta en dos ocasiones la aprobación del documento. El envío tardío del paquete técnico por parte de Moncloa -el viernes pasado- impidió que la Comisión Europea contara con el tiempo suficiente como para estudiar la letra pequeña del texto. El pasado lunes, el primer ministro luso, Antonio Costa, anunció que España y Portugal contaban con el aval del ejecutivo comunitario. Una información que la Comisión Europea desmintió minutos después.

Aquellos que se vayan beneficiando irán contribuyendo

Una vez en marcha, todos los consumidores de electricidad pagarán el coste que supone limitar el precio del gas. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha desvelado así una de las incógnitas que durante los últimos días ha rodeado la medida, aprobada este viernes en Consejo de Ministros extraordinario. De esta manera, el desajuste producido entre el tope y el precio real recaerá sobre los hombros del conjunto de clientes, tanto aquellos acogidos a la tarifa regulada, como los suscritos -al mercado libre.

«El beneficio de la medida llegará a todos los consumidores, también para aquellos con contratos fijos inferiores a un año. Terminado su contrato, la mayoría de ellos se verán beneficiados y aquellos que se van beneficiando irán contribuyendo», ha dicho Ribera.

Estos últimos -casi 20 millones de hogares- no se verán beneficiados inicialmente, ya que sus contratos les garantizan un precio fijo anual que las energéticas ya han comenzado a encarecer.

En contra, serán los consumidores acogidos a la tarifa regulada los grandes favorecidos. A cierre de 2021, más de diez millones de hogares españoles pagaban la luz que marcaba el mercado diario. Son ellos, los que durante estos últimos meses han soportado el encarecimiento histórico de los precios. En concreto, se trata del 37 % de los consumidores domésticos españoles y el 80 % de la industria.

El recibo caerá a los 85 euros mensuales

El Real Decreto aprobado fija el precio de referencia del gas. Durante los primeros seis meses en los 40 euros/MWh, un tope que comenzará a subir a los 48 euros/MWh a lo largo del resto de meses hasta completar el año entero en el que estará en vigor. La OCU estima que el recibo mensual caiga entorno a los 85 euros, lejos de los 143 euros alcanzados de media el pasado mes de marzo.

El precio del mercado mayorista caerá -según los calculos de la ministra- hasta los 130 euros/MWh.

Con la puesta en marcha de la norma, España y Portugal buscan evitar que la parte de electricidad producida a partir de gas contamine al resto del mix energético. Limitando el precio, Madrid y Lisboa impiden que el precio real marque el total del ‘pool’ diario.

La medida rebajará el IPC

Ribera ha destacado el impacto que la medida tendrá sobre la inflación. El INE toma como referencia el precio del mercado mayorista que solo afecta a los usuarios acogidos a la tarifa regulada, y saca de sus cálculos a los 17 millones de clientes del mercado libre. Una fórmula que ha elevado el dato de inflación española por encima de la del resto de países de Europa. El mercado mayorista rozó en marzo los 300 euros/MWh, con el límite a los precios del gas, ese precio podría caer a más de la mitad.

La previsible caída de los futuros datos del IPC relajará el gasto público en pensiones -ligadas al avance del índice de precios- que en abril alcanzó los 10.798 millones de euros. También afectará a otros factores como el alquiler. Los inquilinos que hayan visto revisados sus contratos a lo largo de los últimos meses han sufrido grandes subidas de la renta mensual.