Tensión en Correos a menos de quince días para su huelga general

El secretario federal del Sector Postal de UGT, José Sayagués, y el responsable de CCOO en Correos, Regino Martín, avisaron hace tres años al presidente de Correos de que su estrategia no estaba bien enfocada. Si no rectificaba, la compañía iba directa a la catástrofe. En opinión de UGT y CCOO, sus malos augurios se están cumpliendo. Por ese motivo, por lo que consideran una situación insostenible y por la desazón que aseguran detectar entre los empleados ante un aparente desgobierno, han convocado una huelga general para los días 1, 2 y 3 de junio.

Sayagués sostiene que Serrano ha acelerado deliberadamente el fin de la carta, que era el negocio principal de Correos; no ha sabido adaptar la compañía a los desafíos desde el sentido común y el diálogo, como han hecho empresas similares en otros países, y se ha aventurado a poner en marcha ideas de negocio caras y que no han funcionado. Exhibir recurrentemente dos aviones de transporte de carga alquilados y pintados de amarillo con el logo de Correos para hacer una línea hacia Hong Kong e Iberoamérica sin tener garantizado un flujo regular de carga resulta grotesco y una temeridad para los sindicatos.

Sobre el fin de la carta se reprocha a Serrano haber confundido deliberadamente su descenso paulatino con la aceleración de su muerte. «Se le está practicando la eutanasia», sostiene, tras la aplicación de medidas sin medir las consecuencias, como lo fue un aumento de tarifas que los comerciales postales le desaconsejaron y les han hecho perder clientes grandes. El Ayuntamiento de Madrid es un caso paradigmático.

UGT y CCOO sostienen que la diversificación puesta en marcha por Serrano ha sido un fracaso: «Ningún proyecto de los que han anunciado a bombo y platillo ha tenido éxito. No son capaces de rebatírnoslo con datos».

La versión de Serrano era que la paquetería iba a sustituir el negocio descendente de las cartas, pero los paquetes manejados por Correos han disminuido un 40 % respecto al año pasado, que ya fue malo (paradójicamente otras empresas de paquetería crecieron). Además, la red de oficinas ha dejado de ser rentable: «Hasta ahora lo había sido, pero por primera vez en este cuatrimestre Correos no recauda para hacer frente a la nómina de los empleados de la red», afirman ambos sindicatos.

Las perspectivas parecen malas, pero Serrano afirma que los resultados de su estrategia se verán en el año 2025. Los sindicatos dicen que es inaceptable dilatar expectativas como si empezara ahora su gestión. Los sindicatos estiman que en la empresa hay unos tics de «antisindicalismo inaudito», afirma que los jefes intermedios están recibiendo un «catecismo para difundir en los centros en el que se rechazan los argumentos sindicales» y se pretende que «los carteros firmen el recibí del oído y leído».

La plantilla y las cuentas de la empresa

UGT y CCOO aseguran que la plantilla se ha reducido en el periodo de Serrano de 55.000 a 45.026 empleados. Correos sostiene que durante el periodo 2018 -2021 se han convocado 13.297 plazas para personal laboral indefinido, de las cuales 7.730 personas se han incorporado a la organización, y ya está en marcha la convocatoria de los 5.377 puestos restantes.

Los sindicatos recuerdan los más de 100 millones de euros que la compañía ha perdido en el año 2021, e inciden en que estas pérdidas se han atenuado por la venta de inmuebles de la empresa.

Sayagués se pregunta cuál es el modelo postal del Gobierno de Sánchez: «En cualquier país desarrollado ha habido una reflexión sobre el modelo postal que necesitan y quieren. Aquí debería pasar lo mismo». Para UGT y CCOO la referencia es Francia, en donde el operador postal es capaz de sobrevivir en el negocio postal, garantizando su misión de servicio público y las actividades anexas (logística y paquetería). «Cohesiona el país», que es lo que estima que también debería ocurrir en España.

Junto al modelo de Francia destaca el de Estados Unidos. Allí el servicio público que USPS proporciona a clientes de diferentes clases sociales, pymes o envíos de comercio electrónico convive con el de empresas privadas como FedEx y UPS, y Sayagués lo ve como una buena referencia para pensar en un modelo postal con un Correos moderno, útil a la sociedad española, sin menoscabo de la eficiencia.

Este sindicalista está de acuerdo en que la empresa tiene que evitar ineficiencias en el modelo de negocio, pero también destaca que no son una empresa convencional, y que un equipo directivo sensato ha de reflexionar antes de tomar decisiones arriesgadas como algunas de las apuestas publicitarias realizadas, como la señalada del alquiler de aviones para hacer rutas de cárter con carga de Hong Kong a Iberoamérica o como la anunciada entrada en la privatización del servicio postal de Brasil. UGT y CCOO se preguntan ahora, «con esta situación de descalabro anunciado», quién va a pagar la deuda de estos proyectos «y todo el andamiaje de cartón piedra que se ha creado en estos años».

Problemas con los carteros rurales

El delegado en Orense del sindicato CGT, Javier González Carballo, ha dado también a conocer algunos aparentes problemas relacionados con los carteros rurales. Según indica, estos profesionales tienen un contrato de servicio cuantificado y medido por un equipo de dimensionamiento para cumplir con el Servicio Postal Universal (SPU) propio de Correos, que implica que las cartas puedan llegar a cualquier lugar. El cartero rural cobra por kilómetro y aportación de vehículos a 0,23 céntimos el kilómetro diario. No puede solicitar en los reajustes de personal ninguna plaza de ámbito urbano. Debe solicitarlo por concurso de traslados (se les considera unidades individuales). Deben realizar ventas en el ámbito rural y carecen de dinero en metálico para efectuar cambios. Deben operar con su dinero particular. «Si un cartero rural abandona su reparto para realizar labores en el ámbito urbano, incumple con lo firmado y cobra un dinero de kilómetros que no realiza. Es la empresa la que malversa dinero público y además consiente. Lo hace porque de ese modo no contrata personal, y al precio que está el combustible, hace que los compañeros acepten el chantaje encubierto, ya que la aportación de 0,23 céntimos el kilómetro esta desfasada. No ha sido modificada ni tan siquiera negociada por los que firmaron el Convenio Colectivo en los últimos 10 años», señala González.

Estima que se están malversando cientos de miles de euros anuales, y que los responsables son directores de zona y jefaturas de sector. En este contexto, ha dirigido un mensaje a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC): «(...) el motivo del presente mensaje es el incumplimiento por parte de la sociedad estatal del SPU, ya que está obligando al personal rural a dejar su zona sin repartir todos los días, y envía a los carteros del ámbito rural a repartir el correo del ámbito urbano. De este modo se incumple el plan de prestación del Servicio Postal Público acordado en el consejo de ministros el 1 de junio de 2021 y publicado en el BOE el 26 de junio de 2021».

González recuerda que Correos debería informar a la CNMC para la autorización de excepciones. Al no tener constancia de que lo haya hecho, remite este correo y aprovecha para hablarles de otras cuestiones. «Les informo que en la provincia de Orense se cierran oficinas como la de Amoeiro para no contratar personal; se obliga a los compañeros bajo amenazas a dejar su reparto en el ámbito rural para repartir en el ámbito urbano. Solamente resaltar que lo que ocurre en Ourense no es una excepción. Es un hábito común desde hace muchos años. Solicito se investigue lo aquí relatado».

Respuesta de Correos

Correos desmiente las acusaciones y garantiza la calidad del servicio. Entre otras cuestiones, asegura la continuidad en la prestación del Servicio Postal Universal; afirma que no existe ningún plan de privatización de la compañía; que no hay un trasvase de actividad de Correos a Correos Express, no está cerrando ninguna oficina ni centro de distribución, no está despidiendo, se encuentra inmersa en un proceso de transformación de su modelo de negocio sin privatización ni despidos, no se va a fragmentar, tiene la obligación de diversificarse y sigue apostando por el diálogo social.

Hablan del equipamiento tecnológico de sus carteros (les han entregado 22.000 nuevas PDA), la incorporación de servicios administrativos en sus oficinas, la colaboración con entidades financieras para hacer ingresos y retiradas de efectivo en sus oficinas, la instalación de cajeros también en localidades pequeñas, el apoyo logístico a las ventas online de pymes y productores locales...

Como se ve, apuestan por diversas vías de diversificación para tratar de aumentar el negocio. El tiempo dirá si son apuestas acertadas o, como dicen los sindicatos, erróneas.