La Comisión Europea pide a Sánchez que empiece a reducir gasto público

La Comisión Europea receta a España prudencia fiscal y contención del gasto público corriente en 2023 debido al escenario de elevada deuda de las administraciones, que a cierre del pasado año era cercana al 120 % del PIB, y seguir confiando las inversiones a los fondos europeos del plan de recuperación.

Es la primera de las recomendaciones que el Ejecutivo comunitario enumera en su informe de recomendaciones a España, un ejercicio que las autoridades europeas publican todos los años en primavera, pero que por tercer año consecutivo está marcado por la suspensión de las reglas que limitan el déficit y la deuda públicas.

Bruselas propuso precisamente este lunes congelar el llamado Pacto de Estabilidad y Crecimiento un año más, y no activarlo de nuevo hasta 2024, pero aun así sigue emitiendo recomendaciones en materia presupuestaria para todos los Estados miembros.

En este contexto, la Comisión Europea insta a España a «garantizar una política fiscal prudente» limitando el crecimiento del gasto público corriente por debajo del crecimiento económico potencial a medio plazo, pero, eso sí, teniendo también en cuenta las ayudas «temporales y específicas» a hogares y empresas para aliviar los precios energéticos y el apoyo que requieren los desplazados de Ucrania por la guerra.

La deuda pública española duplica el límite exigido por Bruselas

«Nuestra recomendación para España es la misma que para los países muy endeudados. Es decir, limitar el gasto corriente financiado de manera nacional y mantenerlo por debajo del crecimiento potencial del PIB», expresó en una comparecencia de prensa le vicepresidente económico del Ejecutivo comunitario, Valdis Dombrovskis.

Además, la Comisión Europea insta a España a «estar preparada para ajustar el gasto corriente a la situación cambiante» y a expandir las inversiones públicas para las transiciones verde y digital, así como para la seguridad energética, influyendo para ellas los fondos de recuperación, el plan comunitario para acelerar la independencia de los combustibles rusos (Repower EU) y otros programas europeos.

Más allá de 2023, el informe sobre España reitera la necesidad de mantener una política fiscal que tenga el objetivo de lograr «posiciones prudentes a medio plazo» y garantizar una «reducción creíble y gradual» de la deuda y sostenibilidad fiscal en el medio plazo a través de una consolidación presupuestaria progresiva acompañada de inversiones y reformas.

El déficit público roza el 7 %

Según los datos de Eurostat, el déficit de las administraciones públicas españolas cayó desde el 10,3 % de 2020 al 6,9 % el pasado año, mientras que la deuda al cierre del pasado ejercicio se situó en el 118,4 % del PIB.

Este sentido, Bruselas señala que el escenario macroeconómico que contempla el Programa de Estabilidad del 2022 es «realista», a pesar de que prevé un crecimiento del PIB del 4,3 % este año y del 3,5 % en 2023 y las proyecciones de Bruselas limitan dichas expansiones al 4 % y el 3,4 %, respectivamente.

Más allá de las recomendaciones fiscales, la Comisión Europea insta a España a seguir avanzando en el despliegue de su plan de recuperación (cuyo segundo desembolso, de 12.000 millones, ha solicitado ya a la UE) y, sobre todo, a enviar la documentación necesaria para empezar a recibir los fondos estructurales para el periodo 2021-2027.

La segunda sugerencia que Bruselas traslada a las autoridades españolas es que aumenten las tasas de reciclaje para cumplir con los objetivos de la UE en este ámbito y promocionar la economía circular mediante una mejora de la coordinación «entre todos los niveles de gobierno».

En este punto también recomienda acometer inversiones adicionales para cumplir con las obligaciones de separación de residuos y de reciclaje, así como para impulsar la reutilización de aguas, un asunto por el que Bruselas ya ha llevado a España ante el Tribunal de Justicia de la UE (TUE).

El cuarto y último punto de recomendaciones del informe insta a España a reducir la dependencia de combustibles fósiles acelerando para ello el despliegue de energías renovables, invirtiendo en infraestructuras de redes y almacenamiento, mejorando la electrificación de edificios y transporte; y aumentando sus interconexiones con el resto de continente, especialmente con proyectos que en el futuro sean compatibles con el hidrógeno verde.

Este último punto deriva de la guerra en Ucrania y del plan que Bruselas presentó la pasada semana para acelerar la independencia del bloque en los combustibles fósiles de Rusia, en el que instó a los Estados miembros a modificar sus planes nacionales de recuperación para incluir proyectos y reformas energéticas.