Bruselas se marca el objetivo de activar el gasoducto franco-español antes del invierno

España cuenta con algo con lo que el resto de los socios europeos no. La península acumula siete plantas regasificadoras, seis de ellas en territorio español. Las infraestructuras son capaces de convertir el gas importado de su estado líquido (GNL) al gaseoso, necesario para trasladar la energía de manera rápida y barata. Una ventaja desaprovechada por la falta de conexiones por tubería entre España y el resto de Europa.

Es por ello, por lo que el Ejecutivo comunitario ha puesto sus ojos sobre Madrid. La maquinaria europea se ha puesto en marcha con el objetivo de desplegar una red de gasoductos con los que convertir a España en el gran portaviones del gas de Europa. La prioridad sigue siendo la construcción de Midcat, el gasoducto proyectado entre Barcelona y Francia.

El proyecto, aparcado en 2018, será financiado parcialmente por Bruselas. La intención del Ejecutivo comunitario es agilizar su puesta en marcha y presionar a los gobiernos de España y Francia para que acuerden una hoja de ruta definitiva. Sin embargo, Madrid y Paris siguen sin poner fechas ante la desesperación del Parlamento Europeo que ya ha instado a ambos gobiernos a acelerar los plazos. La inversión necesaria supera los 3.000 millones de euros.

Midcat costará 3.000 millones de euros

La tubería, que ya cuenta con un primer tramo construido, tendrá una capacidad de 7.000 millones de metros cúbicos. Una potencia de envío limitada, según los expertos, que señalan que el gasoducto tan sólo conseguirá «relajar un poco» el nivel de dependencia de Rusia. Midcat se sumaría a conexiones de Larrau e Irún, que en abril funcionaron a pleno rendimiento enviando 5.618 GWh de gas a través de los Pirineos.

Un tercer gasoducto español es fundamental para cumplir la directriz europea que demanda a los Veintisiete tener las reservas de gas por encima del 80 % de cara al invierno. Países como Austria, Bulgaria, Países Bajos o incluso Francia cerraron 2021 con sus almacenes por debajo del 30 %.

En paralelo, España e Italia siguen estudiando la viabilidad de un cuarto gasoducto español que una Génova (norte de Italia) y Barcelona. Una tubería submarina de 700 kilómetros que demanda otros 3.000 millones de euros. Un gran esfuerzo inversor del que Bruselas no termina de hacerse cargo, a pesar de que su construcción beneficia más a los países del centro y norte de Europa, que a España e Italia.

Para desatascar ambas conexiones será necesario involucrar al sector privado. El programa europeo dispone de 225.000 millones de euros en préstamos en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.