La realidad que el Gobierno no quiere ver

Las cifras del paro aparecidas el jueves han generado un gran entusiasmo en el Gobierno y una enorme decepción en la oposición. Aunque fueran ciertos el descenso por debajo de los 3 millones de desempleados y el incremento sobre los veinte millones de ocupados aclamados por el Gobierno, queda mucho por hacer. España sigue teniendo el doble de paro que la media de la Unión Europea. Está claro que algo no se está haciendo bien.

La reforma de Yolanda Díaz no funciona. Como señalaba recientemente José Luis Fernández, director del gabinete de estudios de Unión Sindical Obrera (USO), dos tercios de los 730.000 contratos indefinidos de mayo son a tiempo parcial. Los datos de paro no recogen los 425.430 desempleados en formación o con disposición limitada, y además la duración de los contratos ha bajado de 60 días en abril a 40 en mayo. La nueva terminología lleva a engaño, porque los contratos temporales de antes son ahora fijos discontinuos, y con ese nombre crecen los indefinidos de manera tan sorprendente como artificial: en el acumulado del año llevaríamos 1.609.256 más que en el del año 2019; parece mucha subida, pero solo obedece a un cambio de nombre. Por otro lado, los fijos discontinuos no computan como parados cuando no están trabajando, sino como otros no ocupados. La cifra de desempleados no aumentaría, aunque de hecho en ese momento estarían sin empleo. En esta situación puede haber medio millón de personas como mínimo.

Quizá a la reforma le haga falta más tiempo, pero de momento las cifras reales de paro son más elevadas de lo que se dice, y se mantiene un problema de temporalidad importante. Aunque las cifras fueran ciertas, no serían para echar las campanas al vuelo. Están muy lejos de la media de la Unión Europea y de las que España tenía al inicio de la democracia.

Como la verdad escuece y el Gobierno no quiere verla, la solución es desacreditar a las instituciones independientes que dicen lo contrario de lo que le gustaría oír. Lo hizo Nadia Calviño con el Instituto Nacional de Estadística (INE) cuando le contrariaban sus previsiones de crecimiento o los datos del IPC, y ahora lo hacen Yolanda Díaz y José Luis Escrivá con el Banco de España cuando les disgusta lo que dice sobre el mercado de trabajo o las pensiones.

El afán de control y la convicción de que papá Estado decide sobre el dinero mejor que los individuos está haciendo al Gobierno ignorar las advertencias que se le están haciendo desde instituciones serias como el Banco de España y a través de economistas de prestigio. Entre esas advertencias y recomendaciones están que no es viable ligar la evolución de las pensiones con el IPC con una inflación tan alta porque el gasto público se dispara y la deuda también; que no deben subirse los salarios, tampoco los de empleados públicos, para que no se perpetúe la inflación; que habría que implantar la mochila austriaca para eliminar el coste de las empresas con la indemnización, facilitar la movilidad laboral y el complemento de la pensión de los trabajadores; que hay que bajar impuestos como se hace en otros países para que las familias y las empresas puedan respirar, consumir, crear empleo; que hay que reducir gasto político que sobra.

Las críticas y propuestas son constantes, pero el Gobierno no hace caso de ninguna y transmite que todo va muy bien. El optimismo es lo primero para una España que según Nadia Calviño iba a coger velocidad de crucero con los fondos europeos en este año 2022. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) desvelaba el pasado miércoles que entre enero y marzo el Gobierno solo ha hecho pagos de este capítulo por valor de 682,8 millones de euros, sobre el total de 26.900 millones previsto para este año. Ha desembolsado un 2,5 % del total. De momento el dinero que iba a transformar España no lo vemos por ninguna parte.