Las estafas con criptomonedas tienen remedio: por primera vez un grupo de afectados empieza a recuperar su dinero

Estafados por criptomonedas como Bitcoin han recuperado su inversión por primera vez en España tras cobrar verosimilitud la posibilidad de delito por parte de quien les ofreció los productos. Ha ocurrido en Valencia gracias a la intervención de la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas (AAIC). Esta entidad impulsada por la abogada Emilia Zaballos empezó su andadura en 2020 para defender a los implicados en este tipo de fraude. Ayer fue la primera vez en que consiguieron que los titulares de una plataforma de estafadores (P. S. M.) reconocieran su delito y se vieran forzados a devolver a los afectados antes del juicio la cantidad defraudada. La suma no es tan elevada como la de otros fraudes (el de Javier Biosca fueron 800 millones de euros) y no ha trascendido su cuantía, pero la cantidad es importante y su resarcimiento demuestra que la justicia funciona.

Tras su experiencia acumulada, Zaballos tiene claro que la única forma de conseguir algo con este tipo de fraudes es plantear querellas colectivas. Antes de constituirse su asociación, los afectados iban de manera individual con sus abogados a los juzgados, y no lograban nada. Se archivaban todas las querellas. Los juzgados no tenían medios ni conocimientos para estudiarlas. Los jueces y los magistrados no están formados, por lo general, en el mundo de las criptomonedas.

La Asociación agrupó a 200 afectados por el célebre caso de Javier Biosca con un volumen de 115 millones, y presentó la querella en la Audiencia Nacional. La estrategia funcionó: «Primero la admitió el juez Santiago Pedraz, y luego ha continuado con ella el juez Alejandro Abascal. En la actualidad representamos a 750 afectados y un volumen de inversión de 818 millones de euros», explica Zaballos.

Aunque Biosca ha propuesto retomar las negociaciones y devolver el dinero a todos los afectados, de momento no lo ha conseguido. Sí lo han logrado los defraudadores de la plataforma de Valencia, que de este modo han evitado el juicio y han devuelto el dinero en metálico a los afectados.

La legislación falla

El vacío legal en el que se hallan las criptomonedas hasta que se apruebe el reglamento europeo que las regula (denominado MiCa) es aprovechado por los defraudadores. Las propias soluciones que apunta Zaballos indican las lagunas de la legislación actual. En su opinión, MiCa debería traer para las criptomonedas un organismo regulador como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o el Banco de España, pero independiente; jueces especializados en criptomonedas; regular la publicidad engañosa; poner énfasis en la seguridad jurídica de las transacciones por encima de la recaudación que pueda traer a la Agencia Tributaria, que fue el foco en el que incidió la ley de prevención de blanqueo de capitales aprobada en julio de 2021; formación e información sobre las criptomonedas y familiarización en su uso, por ejemplo regulando los lugares desde los que se pueden realizar pequeñas transacciones (wallet, Exchange).

Mientras no se implanten estas mayores medidas de seguridad, el caldo de cultivo para el fraude es perfecto, sea cual sea el nivel cultural y profesional de los implicados. Zaballos señala que entre los 6.000 afectados a los que representan hay magistrados, inspectores de Hacienda, policías y expolicías, panaderos...

Los defraudados han caído en el engaño por incautos, al ver que otros ganaban dinero y ellos también querían, o por pensar que era una buena inversión. Ahí se han producido auténticos dramas, pues los implicados han llegado a pedir créditos para comprar criptomonedas, han puesto como garantía sus hipotecas, la indemnización por despido o los créditos ICO, que después no podían devolver porque con el fraude perdieron el dinero y su negocio tampoco se había recuperado.

La inversión parecía irresistible, porque Biosca, por ejemplo, devolvía el 10 % de rentabilidad cada semana, hasta que su sistema piramidal se cayó. Zaballos dice que los daños colaterales de estas inversiones fallidas han sido tremendos. Entre ellos ha habido pérdidas de casas y dramas mucho peores. Son las consecuencias de la libertad humana y de la imprudencia en algunos casos, pero si la seguridad jurídica es mayor, los daños probablemente también serán menores.

De momento, la devolución de la inversión producida ayer es un primer paso esperanzador. Ahora solo falta que se siga avanzando en esta línea y que la ley se vuelva más robusta.