La ruptura con Argelia pone en peligro a 129 empresas españolas con presencia en el país

La tensión diplomática entre Argelia y España amenaza a las 129 empresas españolas con presencia en el país norteafricano. Durante las últimas horas, el Gobierno ha comenzado a testear con ellas si el cambio en las relaciones entre ambos países ha supuesto un impedimento para desarrollar su actividad.

Desde la CEOE confirman a El Debate que varias empresas que exportan productos a Argelia, o que cuentan con sede o filial allí, están sufriendo problemas para operar en el país. La patronal está desarrollando una interlocución permanente entre las empresas y las instituciones públicas.

Entre ellas se encuentran grandes del sector de las infraestructuras como Abener (Abengoa), otras del transporte ferroviario como CAF o Sice, tecnológicas como Indra; empresas del turismo como Amadeus, siderúrgicas como Arcelormittal; entidades bancarias como Sabadell o CaixaBank, y compañías del sector de la alimentación como Gallina Blanca. La lista cuenta con otras con menor tamaño como Hidrosalud, dedicada al tratamiento de aguas o Carrillo Asesores, con sede en la capital del país.

Fuente del ministerio de Industria confirmaron a Efe los contactos con estas empresas, e insistieron en que, «si se verifica que persisten los obstáculos al comercio con España y, por lo tanto, al sector exterior europeo, la UE dispone de un amplio abanico de instrumentos para hacer frente a las medidas coercitivas de terceros países». Argel aprobó en abril una norma que limita las compras de productos extranjeros, entre ellos los españoles. El veto hace diana con el metal, los materiales eléctricos y el vacuno.

Inquietud por las relaciones entre energéticas

La atención se centra ahora sobre compañías estratégicas para España como Naturgy, Cepsa o Repsol. Fuentes del sector aseguran a El Debate que los contratos no corren peligro, ya que «su relación directa se desarrolla a través de Sonatrach». La empresa pública argelina está sirviendo como cortafuegos en el conflicto desatado a nivel diplomático entre Madrid y Argel.

Naturgy mantiene desde hace ocho meses una negociación por la renovación de las condiciones del contrato a través del cual España importa gas por Medgaz. Repsol cuenta con tres proyectos en marcha compartidos por la energética argelina. Uno al sureste, otro al suroeste y otro más en plena región del Sáhara. Cepsa opera un yacimiento de crudo en la frontera con Túnez.

Sin embargo, la incertidumbre es cada vez más evidente. Este lunes, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, aseguró que Argelia está «cada vez está más alineada con Rusia». Una afirmación que llega en plena escalada de las hostilidades desatadas por Vladimir Putin en Ucrania. El país presidido por Volodímir Zelenski dio este fin de semana un paso hacia su incorporación a la Unión Europea. La jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula Von der Leyen, visitó el sábado Kiev para avanzar en la integración ucraniana en la comunidad europea.

Argelia y Rusia, socios «activos»

El pasado 11 de mayo, el ministro de Exteriores del Kremlin, Serguéi Lavrov, viajó a Argelia para reforzar la «asociación» que une a ambos países. Una cooperación «activa» económica, militar y técnica que ha irrumpido en el tablero geopolítico. Varios expertos llevan meses alertando de los peligros de esta amistad. Días antes del estallido de la guerra, el catedrático de Seguridad y Cooperación de la UCM, Antonio Marquina, advertía en El Debate del papel que podría jugar el país magrebí en el conflicto.

«La situación en el Sáhara se ha vuelto mucho más inestable que hace seis meses. Si Estados Unidos y Rusia empiezan a tirar de la cuerda a través de Marruecos y Argelia, esto puede estallar afectando a la energía», decía Marquina el pasado 18 de febrero.

Las declaraciones de Calviño chocan con el empeño del Gobierno en presentar a Argelia como «un país fiable y confiable». Durante los últimos meses, la Moncloa ha tratado de despejar cualquier duda en torno a la alianza con el presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune. Ahora, pocos días después, la ministra de Asuntos Económicos fía la seguridad del suministro energético a la vigencia de un contrato.