Huelga de transportistas  Los transportistas dan diez días al Gobierno para atajar el encarecimiento de los carburantes

El Gobierno cuenta con diez días para apagar una nueva huelga de transportistas. La patronal del sector dio el viernes dos semanas al Ejecutivo para aprobar un paquete de ayudas que reduzcan el impacto del encarecimiento de los carburantes, «en caso de no obtener una respuesta adecuada», dice el Comité Nacional del Transporte (CNTC), «se tomarán las medidas oportunas».

El ultimátum se produce en plena escalada de la tensión entre transportistas y Moncloa. Con el recuerdo vivo de los paros celebrados en marzo, la Plataforma Nacional de Transporte acordó este domingo –por la mínima– no reanudar la huelga durante el próximo mes de julio. La asociación –ajena a la patronal– convocó las protestas que mantuvieron en vilo a la actividad económica hasta el 2 de abril, cuando el Gobierno consiguió desactivar los paros, gracias a la bonificación de 20 céntimos al litro de combustible.

Tres meses después, la medida ha quedado diluida por el repunte del precio del Brent, de referencia en Europa. La escalada del petróleo ha situado el litro de gasolina y gasoil en los 2,131 euros y 2,104 euros, respectivamente, muy lejos del precio que los carburantes marcaron al inicio de la aplicación de la medida.

Desde el Comité critican el papel de Competencia, a quien acusan de «inacción» en el control de los precios. Algo, que, según la patronal, «ha dejado sin efectos la bonificación» de los 20 céntimos. Por ello, la organización ha propuesto una bonificación de otros 20 céntimos para el transporte profesional, además de otras nuevas ayudas directas por vehículo.

Los transportistas piden 20 céntimos extra por litro de carburante

Al margen de las medidas exigidas para reducir el coste de la crisis de los carburantes, el Comité del Transporte por Carretera ha arrancado al Ministerio dirigido por Raquel Sánchez, una ley por la que se impida trabajar por debajo de coste. Se trata de una norma similar a la Ley de la Cadena Alimentaria, aprobada en diciembre de 2021 y espoleada por las protestas del sector ganadero que denunció a finales de año que los costes de producción eran muy superiores a los beneficios obtenidos.

«Se espera que antes del 31 de julio, el texto definitivo esté terminado», afirman desde Comité que confiando en que la ley «acabe de una vez por todas con los abusos que se cometen con frecuencia, dando fin a los servicios por debajo de costes».

A pesar de los plazos, el camino será largo. Desde el Comité son conscientes de que los plazos parlamentarios demandarán la paciencia del sector. Una espera amenazada por la constante subida de los carburantes, que ha hecho que un 41 % de los transportistas consultados por la Plataforma Nacional en Defesa del Transporte haya votado a favor de ir a una huelga inminente. Desde la patronal reclaman a empresas y autónomos «no caer en las prisas y los atajos y confiar en el diálogo».