Los expertos advierten que el impuesto de Sánchez a la banca recaerá sobre los clientes

El Gobierno vuelve a poner el foco sobre la banca y las energéticas. Moncloa ultima dos proposiciones de ley que incluyen dos nuevos impuestos sobre los beneficios extraordinarios de 2022 y 2023, y con los que pretenden recaudar 7.000 millones de euros. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, pidió este martes en el debate sobre el estado de la nación responsabilidad social y corporativa a las grandes empresas a las que exige el esfuerzo. Tras el anuncio de la medida los títulos de las energéticas, pero sobre todo los de los bancos, se han desplomado en el Ibex 35.

Sin embargo, el nuevo impuesto deja varios interrogantes que no se despejarán hasta que finalice el ejercicio. Uno de ellos apunta al impacto que la tasa pueda tener sobre el cliente final. Es decir, que tanto los bancos, como las petroleras, gasistas y eléctricas, terminen por trasladar el sobrecoste sobre los usuarios en forma de comisiones, recibos o suplementos.

BBVA advierte de que caerán los préstamos y subirán los tipos

Poco después del final del discurso de Sánchez, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguraba –en una conversación informal con periodistas– que el Gobierno estará vigilante para que esto no ocurra. Sin embargo, los expertos descartan que esto vaya a ser posible. «Conseguirán trasladarlo al ciudadano», dice Antonio Aceituno, CEO de Tempos Energía que desvela que el Ejecutivo trata de emular al Gobierno italiano. El gabinete de Mario Draghi elevó en mayo el impuesto sobre los ‘beneficios caídos del cielo’ al 25 %.

«Las energéticas tienen mayor facilidad para trasladar el coste a cliente, porque no puede dejar consumir electricidad, gas o gasolina», dice Pedro Serrano, profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Carlos III. El experto también pronostica un impacto en los consumidores bancarios fruto de la baja competencia, y señala que los primeros perjudicados del anuncio de Sánchez han sido los accionistas de la banca, cuyos títulos se desplomaron este martes en bolsa española.

«Estos impuestos terminan afectando negativamente al volumen de préstamos y/o depósitos, y aumenta los tipos de interés de esos préstamos», recuerda Rafael Doménech, responsable de Análisis Económico de BBVA Research. Fuentes del sector bancario marcan grandes diferencias entre las empresas financieras y energéticas, «la situación de la banca es diferente. La banca cada vez vende menos productos financieros, a ello hay que añadir la difícil situación que va a generar la subida de tipos. Este impuesto empeorará la situación de los bancos, y por supuesto que incrementarán las comisiones que pagan los clientes», dicen.

Todo son incógnitas que es necesario despejar antes de una valoración sensataPortavoz del sector gasista

Desde el sector energético siguen tratando de recabar detalles en torno a la medida. «No sabemos nada más allá de lo anunciado por Sánchez. Todo son incógnitas que es necesario despejar antes de una valoración sensata, más cuando está sin determinar cómo se van a gravar los supuestos beneficios extraordinarios. Estamos tratando de tener más información», responde una portavoz del sector gasista a preguntas de El Debate.

Bruselas exige que no tenga efecto retroactivo

A la espera de los detalles, de las pinceladas que Sánchez dio este martes se extraen dos aspectos. Por un lado, el Gobierno cumple con una de las líneas rojas marcadas por Bruselas, que avisó a España de que el impuesto debía ser temporal. Sin embargo, el jefe del Ejecutivo podría haber incumplido otra de las barreras impuestas por la Comisión Europea.

El departamento que lidera Christine Lagarde fue muy claro al pedir que la medida no tuviera efecto retroactivo. «No debe ser retroactiva, debe ser neutral desde el punto de vista tecnológico y debe permitir que los productores de electricidad cubran sus costes», dijo la comisaria de Justicia, Vera Jourova, el pasado 6 de julio. Según se desprende de las palabras de Sánchez, el impuesto afectará a los beneficios cosechados en 2022, año ya en curso.

Las críticas van más allá de los sectores afectados. Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha solicitado al Gobierno una definición sobre el hecho imponible sobre el que va a recaer el impuesto.