La chapuza de Sánchez con el ingreso mínimo vital

El Gobierno anunció en 2020 que el ingreso mínimo vital (IMV) podría llegar a 2,3 millones de personas. En el debate del estado de la nación el presidente del Gobierno dijo que había alcanzado a 1,3 millones. La realidad es que los perceptores han sido casi 500.000. Así lo afirman a este periódico fuentes conocedoras del proceso.

La farragosidad de los trámites y el incumplimiento de algunos requisitos están entre las principales causas de esta desproporción entre el número de perceptores previsto y el que hasta ahora se ha alcanzado.

Las dificultades frecuentes a la hora de concluir que entre los peticionarios había una unidad de convivencia ha sido uno de los grandes frenos. Los requisitos de no ser propietario de más de un inmueble o no figurar como administrador de una sociedad mercantil se han encontrado entre los que más peticiones han invalidado, según las fuentes consultadas.

Hacienda y el Instituto Nacional de Estadística (INE) tienen todos los datos de los españoles. Para ellos es fácil detectar qué activos tiene cada uno y quién puede o no acceder a la ayuda. Tras pedir los solicitantes el ingreso mínimo vital en este enlace, un robot analiza los datos y facilita la configuración del expediente a un funcionario, que es quien decide si se da la ayuda.

El organismo que gestiona el IMV es el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Sus funcionarios son quienes saben qué es una pensión, un subsidio o una subvención, y tienen criterio para discernir quién cumple los criterios para recibirlas. Otros organismos, por ejemplo Hacienda, no quisieron hacerse cargo de este proceso.

La puesta en marcha del ingreso mínimo vital se hizo de la noche a la mañana y con un marchamo populista que estimó 2,3 millones de potenciales receptores que quedaban muy bien para el marketing. La rebaja en los perceptores efectivos sugiere una expectativa desbocada y un gran desconocimiento de las cifras reales y de los problemas de nuestra burocracia por parte del Gobierno. El proceso comenzó con muchas dificultades por la falta de funcionarios para atender las peticiones, pero se puso a trabajar en tiempo récord. Se ha caracterizado por ser muy complicado, entre otros motivos, por la falta de entendimiento entre las haciendas forales y de trabajo en la documentación por parte de otras comunidades autónomas.

Ayuda para la pobreza

Aun así, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) admite en su estudio sobre el ingreso mínimo vital que ha sido una buena ayuda para la pobreza. Sus datos son que ha llegado a 284.000 hogares (40 % de los beneficiarios potenciales) y ha cubierto el 22 % de los hogares en riesgo de pobreza. Su presidenta, Cristina Herrero, considera que el IMV aún tiene un amplio recorrido para ser un instrumento potente de lucha contra la pobreza y la exclusión social. Calculan que hay 400.000 hogares que podrían solicitarlo y no lo han hecho. Aun así, las solicitudes ya han rebasado los 1,5 millones. Fueron especialmente elevadas en los primeros meses de puesta en marcha de la ayuda. El 73 % de las peticiones fueron denegadas o inadmitidas, aunque con el tiempo el porcentaje ha disminuido hasta el 60 %. Quizá sea una señal de que puede empezar a funcionar mejor después de su inicio defectuoso.