Unai Sordo: «No es realista pedir un aumento del 10 % en los salarios para combatir la inflación»

Unai Sordo (Bilbao, 1972) es secretario general de Comisiones Obreras desde el año 2017. Nació en una familia humilde originaria de Valladolid y se diplomó como graduado social en la Universidad del País Vasco. Trabajó en la industria maderera antes de incorporarse profesionalmente a Comisiones Obreras. Como líder del principal sindicato del país, le preguntamos por las principales batallas del llamado diálogo social.

–Desde que comenzó a subir la inflación, los sindicatos dijeron que los salarios deberían subir para no perder poder adquisitivo. La CEOE no está por la labor. ¿Prevén un septiembre caliente?

–El incremento de los precios de los consumos básicos de las familias está en unos niveles altísimos que no habíamos conocido en cuatro décadas. Si se acompaña de una congelación de los salarios porque se bloquean los convenios colectivos, estoy convencido de que la ecuación se resuelve con una movilización creciente. Está ocurriendo ya en algunos sectores, como el del metal en Cantabria, A Coruña o Álava. Creo que es necesaria esa movilización para que los salarios no vuelvan a ser los paganos de esta crisis, aunque la voluntad del sindicato sería llegar a un acuerdo con la CEOE.

–La CEOE no está nada dispuesta.

–Las negociaciones se bloquearon. La causa fundamental tuvo que ver con la cláusula de revisión salarial. Los sindicatos somos conscientes de que no es realista pensar que los salarios vayan a subir un 10 %, como lo hace la inflación. Por eso hemos planteado un acuerdo para los años 2022, 23 y 24 en el que pactemos unas subidas razonables de los salarios y añadamos una cláusula de revisión salarial a final de cada año, de modo que al final de ese ciclo, en enero de 2025, se garantice el mantenimiento del poder de compra de los salarios.

–Los economistas dicen que subir los salarios ahora podría perpetuar la inflación y derivar en un proceso de estanflación: bajo crecimiento económico y alto paro.

–Me parece que en algunas visiones hay un cierto cinismo. Si la evolución de los salarios no se está acercando ni remotamente a la inflación y sin embargo estamos en una inflación subyacente del 6,1 %, quiere decir que las empresas ya están repercutiendo buena parte del incremento de los costes (energético, etc.) en la cesta de la compra. No me parece muy defendible decir que no se pueden subir los salarios cuando las empresas ya están subiendo los precios para salvaguardar sus márgenes. Podría tener su lógica si estuviéramos pidiendo que los salarios subieran ahora un 10 %, pero estamos planteando aumentos en torno al 3,5-4 %. Salvo que la invasión de Ucrania se vaya definitivamente de madre, la inflación se va a contener de manera importante en 2023-2024, y con esa subida habrá margen para recuperar el poder adquisitivo perdido en los tres últimos años.

Creo que la destrucción o no creación de empleos por tener un SMI de 1.000 euros es marginal

–El Banco de España dice que pueden haberse perdido 100.000 empleos por la subida del salario mínimo interprofesional. ¿Qué opina al respecto?

–En los últimos años se han roto muchos mantras neoliberales. En el momento de mayor subida del salario mínimo interprofesional, con una pandemia y una invasión encima, se ha multiplicado por cinco la contratación indefinida y hemos superado los veinte millones de cotizantes. Se ha destruido menos empleo y se ha creado más rápidamente. En mi opinión, la subida del salario mínimo interprofesional no ha destruido empleo. Lo ha creado, porque ha mejorado la renta disponible de al menos 1,7 millones de personas, y eso es un incentivo para la demanda interna. Creo que la destrucción o no creación de empleos por tener un SMI de 1.000 euros es marginal. No hay muchos puestos que se dejen de crear por tener que pagar 14.000 euros anuales.

–Entonces piensa que el Banco de España se equivoca.

–Ahí están los datos.

Me preocupa el incremento de la contratación a tiempo parcial

–Desde que se modificó la legislación laboral en diciembre, cada mes ha habido menos contratos que en el mes anterior, los contratos indefinidos en junio han sido a tiempo parcial en un 60,2 % de los casos y los fijos discontinuos, considerados los nuevos temporales, son los que más están creciendo: un 1.650,8 % desde diciembre a junio, frente al 320,3 % de la contratación indefinida general. ¿Está siendo un fracaso la reforma, teniendo en cuenta que se buscaba reducir la temporalidad?

–En términos de contratación, la reforma es un éxito sin precedentes en España desde finales de los años 80. Con esta reforma se está creando empleo; ahora menos, por la guerra y la inflación, pero en los primeros meses de este año se estaba creando empleo a un ritmo superior al de la salida de otras crisis. Que se hagan más o menos contratos no es necesariamente bueno ni malo. Prefiero que a un trabajador le hagan un contrato de un año a 24 contratos que le duren 15 días. Parte de la perversión del modelo laboral español tenía que ver con la utilización de contratos consecutivos en fraude de ley y de carácter temporal. Por otro lado, los fijos discontinuos no son la nueva contratación temporal en España. No podemos obviar que hay actividades estacionales. La cuestión es qué respuesta le damos: ¿contratos temporales de usar y tirar, de despido, de finiquito, o una modalidad que se llama fijo discontinuo, con derechos adquiridos, y donde el trabajador tiene un derecho de llamada el próximo año cuando se reanude la actividad? Creo que pasar de un contrato sistemáticamente temporal al fijo discontinuo es un paso importante en la estabilidad del empleo. A partir de ahí, el problema es que España tiene una dependencia excesiva de actividades estacionales. Habría que conseguir desarrollar una actividad industrial y productiva que genere puestos de trabajo todo el año. Me preocupa el incremento de la contratación a tiempo parcial, y creo que debemos vigilarla. El contrato a tiempo parcial es tan bueno o malo como cualquier otro si se desea para compatibilizar vida profesional y personal, pero no puede ser un subterfugio para trabajar en B o una excusa para el alargamiento de jornadas de forma ilegal. Me consta que está ocurriendo en algunos sectores.

–Los sueldos en España son muy bajos, y suben muy lentamente. El salario medio en España en el año 2000 estaba en 17.319 euros. Hoy está en 26.832 euros. En Irlanda estaba en 28.924 euros en 2000 y ahora en 50.636. Ellos casi lo han doblado. Hace veinte años nos ganaban por 11.000, y ahora lo hacen por 24.000. ¿No tendríamos salarios mejores con un sistema como el irlandés, con impuestos bajos y atrayendo inversión?

–Cualquier comparación con Irlanda es tramposa. Es un paraíso fiscal. Las estadísticas son medias. Allí están instaladas artificialmente muchas empresas que generan una sensación de riqueza que es aparente y que los irlandeses no ven ni de lejos. No tiene sentido acomodar allí empresas para pagar menos impuesto de sociedades sin ninguna repercusión real en el empleo y en las condiciones de vida de las personas que viven allí. Europa no puede permitir paraísos fiscales como Irlanda dentro de la Unión. Con ese modelo no son sostenibles mínimamente los servicios públicos, la sanidad universal, las pensiones ni nada que se le parezca.

–Pero allí pagan sus impuestos, y los ingresos del país crecen. La otra opción es un mercado más rígido e intervencionista, como ocurre aquí.

-Los salarios en España se fijan con la negociación colectiva. El Gobierno solo interviene en el SMI, los salarios públicos y generando la legislación laboral. En España sigue habiendo una retribución excesivamente baja de los sueldos comparada con los beneficios de las empresas y lo destinado a los accionistas. También habría que mejorar la productividad, pero no por la vía de los sueldos bajos, sino por la digitalización, la mejora en los sistemas de trabajo y cuestiones como evitar el presentismo, que muchas veces deteriora la productividad de las empresas.

–Hablando en concreto de los sindicatos, una de las noticias más destacadas de los últimos meses ha sido el anuncio de la retirada de las subvenciones por parte de la Junta de Castilla y León. ¿Qué opina al respecto?

–No plantean retirar subvenciones a los sindicatos: plantean retirar servicios a los ciudadanos de Castilla y León; particularmente, a los ciudadanos con más dificultades, porque para eso eran los recursos que gestionaban los sindicatos: asesoramiento a mujeres maltratadas, migrantes o personas que han perdido su empleo con más de 50 años y tienen dificultades para encontrar otro. Los sindicatos y la patronal ya no podrán hacerlo salvo que financien esa actividad con las cuotas de sus afiliados. Esto es lo que se ha cargado el Gobierno de Castilla y León, que está promovido por una gente ultra ideologizada, absolutamente reaccionaria y con un odio visceral a la organización de los trabajadores. La pregunta es si esta poda democrática y de servicios públicos que promueve el Gobierno de Castilla y León la comparte Núñez Feijóo.

Espero que bajo ningún concepto surja un Gobierno de Partido Popular y Vox. Sería una amenaza sin precedentes

-Seguramente piensan que hay otros que pueden desempeñar su labor.

-Mi impresión es que ni lo han pensado.

–¿Cómo reaccionaría si Feijóo ganara las elecciones y les retirara las subvenciones a nivel nacional?

–Tendrán que explicarlo a quienes representamos, pero para nosotros las subvenciones no suponen ni el 10 % de nuestro presupuesto. Nos nutrimos de las cuotas de nuestros afiliados, que ascendemos a 970.000 y pagamos una media de 11 euros al mes. No pondría en cuestión nuestra solvencia financiera.

–Parece que el PP puede ganar las próximas elecciones. ¿Qué espera del próximo Gobierno?

–Espero que bajo ningún concepto sea un Gobierno de Partido Popular y Vox. Sería una amenaza sin precedentes en cuatro décadas a las libertades democráticas y sociales en España. El PP ya ha gobernado en otros momentos históricos de nuestro país. Si los ciudadanos quieren, no pasa nada. El problema es el sesgo de cierta colonización cultural con que la extrema derecha ha sometido en España al Partido Popular. Hay líderes del Partido Popular que hablan del cambio climático, la violencia de género o los pobres en términos exactamente iguales a la extrema derecha. Y el discurso de extrema derecha en Madrid no lo hace Rocío Monasterio, de la que nadie se acuerda, sino Isabel Díaz Ayuso, que podría ser tan de Vox como Ortega Smith.

–Ustedes claramente viven mejor con este Gobierno. Muchos piensan que su actitud en la actual crisis habría sido otra si el PP hubiera estado gobernando.

–Hemos gestionado la pandemia mediante acuerdos de diálogo social, se han salvado tres millones de puestos de trabajo, se ha llegado a un acuerdo para revalorizar las pensiones de acuerdo con el IPC, se ha subido un 34 % el SMI, se ha impulsado una reforma laboral que ha multiplicado por cinco los contratos indefinidos… Lógicamente, con esos hechos, los sindicatos no vamos a plantear un escenario de confrontación con el Gobierno en clave de huelga general: sería absurdo; no nos entendería nadie. A partir de ahí, ahora tenemos una crisis nueva, con una inflación que machaca a los más vulnerables pero que no es española: es mundial. Se puede hacer una huelga o siete al Gobierno, pero entrarías con la misma cara con la que sales, porque no es un problema de huelga general; el problema es global, geopolítico. En ese contexto, ¿qué haces? Hemos hecho propuestas. Si nos hacen caso, mejor; si no lo hacen, iremos a un in crescendo de movilización. Hemos demandado que limiten los precios energéticos y lo han hecho relativamente bien. Hemos pedido que se limiten los precios, y de momento el Gobierno no está ahí. Hemos pedido que tomen medidas fiscales y nos han hecho caso un poco a medias con los impuestos a la banca y a las empresas energéticas. No vamos a convocar una movilización masiva para mejorar el impuesto de sociedades si los mismos que la piden nos a poner a parir. A mí no me motiva que un Gobierno sea de un color u otro a la hora de convocar movilizaciones. Dicen que le convocamos dos huelgas generales al PP en 2012. Hubo una reforma laboral, una reducción en los sueldos públicos que también había hecho el PSOE, reducción en los servicios públicos, en las pensiones, reforma en la prestación de desempleo… Eran políticas diametralmente distintas a las nuestras.

–Hablando de política, UGT mantiene una relación muy estrecha con el PSOE. Usted es muy cercano a Yolanda Díaz. ¿Apoyará CCOO la plataforma de la ministra de Trabajo?

-Comisiones Obreras no es neutral en los terrenos sociopolíticos, pero el sindicato no está ni va a estar vinculado a ningún partido. No estamos implicados en el proyecto de Yolanda Díaz ni nada por el estilo, pero como digo, no somos neutrales. No es lo mismo resolver la crisis como hace diez años que hacerlo como se ha hecho ahora. Apostamos por hacer las cosas como se han hecho en esta última fase. Dicho esto, desde un punto de vista progresista y de izquierdas, creo que es muy importante que el proyecto de Yolanda Díaz salga bien.

–En el pasado fue usted muy crítico con la corrupción de los representantes de CCOO en Bankia. En mayo se procesó a un ex secretario general de su sindicato por el caso ERE. ¿Qué espera de la evolución de este caso en relación con su sindicato y cómo actuará?

–Queda por delante un proceso judicial largo. Hay mucha confusión con este tema. Se está queriendo hacer pasar por el mayor caso de corrupción de España cuando nadie duda de que un porcentaje altísimo del dinero de los ERE llegó a donde tenía que llegar: a los trabajadores afectados por empresas que cerraban y que gracias a esos fondos pudieron suscribir pólizas para asegurarse una renta con la que llegar a la jubilación o prejubilación. Aquí no se ha enriquecido nadie. A partir de ahí, hay dos cuestiones más: parece que su procedimiento no garantizaba la libre concurrencia. Con esos criterios, no sé si habría habido algún proceso de reindustrialización alguna vez en España o en el mundo. Me parece un argumento cogido con pinzas. En cualquier caso, los sindicatos y empresas nos hemos movido ahí con la regulación vigente en aquel momento y con la única pretensión de salvaguardar las rentas de personas que perdían el empleo. Estamos tranquilos. Otra cosa es que se esté cuestionando el sistema, y eso ahora está en sede judicial. La otra cuestión es si determinados comportamientos han sido ilícitos. Si alguien se ha apropiado de dinero o se han introducido los llamados intrusos, gente que entraba en los ERE sin estar trabajando en esas empresas, se tiene que identificar, individualizar, y ya habrá sentencias que digan lo que tengan que decir.

–Se ha criticado mucho la falta de transparencia de los sindicatos: la cuantía de las subvenciones, de dónde provienen, los sueldos de los altos cargos… ¿Va a tomar alguna medida en este sentido?

–Estamos rehaciendo nuestra página de transparencia para tenerla mucho más clara a la vuelta del verano. Las subvenciones son absolutamente transparentes porque están recogidas en el Boletín Oficial del Estado, de la comunidad autónoma, ayuntamiento o donde corresponda, pero es verdad que conviene darle orden y exponerlo de manera que cualquier ciudadano pueda verlo de manera sencilla. Por otro lado, no somos una entidad pública. La Ley de Transparencia no nos afecta de igual modo que a un partido o un ministerio. En cualquier caso, vamos a facilitar información que va mucho más allá de lo que nos exige la Ley de Transparencia.

Creo que los conflictos políticos se resuelven a palos o negociando

–También se les ha criticado mucho por su papel en torno a los falsos autónomos.

-Hemos conseguido regularizar a más de 30.000, una Ley Rider que es pionera en Europa… Podríamos haber hecho más, y también menos. Regularizar a 30.000 personas no es ninguna tontería, pero es verdad que tenemos una dificultad objetiva: el sindicato representa al trabajador asalariado. Tenemos capacidad para negociar el convenio colectivo, que afecta al asalariado, pero no al autónomo.

–Se les ha echado en cara su cercanía con los nacionalistas e independentistas.

–Soy vasco. Podría haber tenido una vida mucho más fácil afiliándome a un sindicato nacionalista en Euskadi, pero nunca lo hice. Estas cosas me dejan perplejo: allí me acusan de antinacionalista y aquí de lo contrario. Comisiones Obreras no es un sindicato independentista ni separatista; lo que pasa es que en Cataluña hemos hecho una lectura propia de lo que está ocurriendo. En todo momento hemos dicho que aquel Procés disparatado en términos políticos, que no iba a ninguna parte y que provocaba una quiebra muy importante en la sociedad catalana, no era el camino, pero había un conflicto político que había que tratar de reconducir por la vía de la negociación y del diálogo. Cualquiera con dos dedos de frente veía que era el único modo de recomponer la situación en Cataluña, y creo que se ha recompuesto bastante. Por eso nos catalogaban de pro independentistas, pero yo nunca he sido independentista: soy internacionalista. Creo que las fronteras están absolutamente superadas por la historia. El proyecto de integración de España en Europa es clave, y debería ser irreversible. Lo que pasa es que hay muchos nacionalistas que no hacen más que ver a otros nacionalistas. Si para oponerse al nacionalismo o independentismo catalán hay que abrazar un neonacionalismo español rancio, no van a encontrarme. Creo que los conflictos políticos se resuelven a palos o negociando. Hace mucho tiempo que aposté por el diálogo, y eso es lo que hemos hecho en Cataluña. Si eso es ser independentista, que baje Dios y lo vea.